VARIAS POSIBLES acciones salieron de la reunión la semana pasada del presidente Petro con la bancada de senadores del Caribe, la cual exige soluciones por la ‘bomba de tiempo’ en que se habría convertido el problema allí por años por las altas tarifas de energía, muy superiores a las de otras regiones del país. Más allá de los buenos propósitos expresados, EL NUEVO SIGLO consultó con expertos qué tanto puede hacer el Gobierno en el corto y mediano plazo y cuál es el verdadero margen de acción.

Precisamente esta problemática es el motivo de un debate de control político hoy en la plenaria del Senado, para el cual fueron citados, entre otros, el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho; de Hacienda, Ricardo Bonilla; el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga; el director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Omar Fredy Prías. Así como fueron invitados diferentes gremios del sector.

En este debate de control político la bancada de esa región, sin distingos partidistas, exigirá al Gobierno que active sin demora un plan de contingencia, pues la situación no da esperas debido a que crece la inconformidad en los siete departamentos del Caribe por parte de gobernadores, alcaldes y principalmente la población. Muchos dicen que tienen que escoger todos los meses cuando llega la factura entre pagarla o comer. Se anuncian marchas y protestas.

Las acciones

El presidente Petro dijo al concluir la reunión con los senadores de la costa norte que “toda la bancada costeña se ha unido para lograr la reducción de tarifas en el Caribe y el país. Proponemos tres grandes acciones: 1. Cambio de la fórmula tarifaria en la CREG. La tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio; 2. Conferencia de alcaldes, gobernadores del Caribe, y fuerzas sociales para intensificar el plan de comunidades energéticas de energía limpia en el Caribe; 3. Cambiar aspectos de la Ley”.

En tanto que los senadores propusieron al Presidente para impactar las tarifas de energía a la baja, al menos en un 20%, una restructuración de modelo de cobro a los usuarios, que se le desagregue las pérdidas por razones técnicas y no técnicas, estas últimas producto del robo del servicio.

Además, expedir una resolución transitoria para que las dos empresas públicas generadoras en el Caribe les venden energía disponible no contratada a las dos distribuidoras con precios mínimos.

Igualmente, asignar subsidios a los habitantes de las zonas de mayores temperaturas, debido a que tienen que utilizar ventiladores y aire acondicionado.

Aterrizando las propuestas

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dijo que, aunque el Gobierno planteó tres propuestas, “a la hora de la verdad se reducen a una sola y es que va a modificar la fórmula de fijación de las tarifas, incluso planteó que lo van a hacer a través de la CREG”.

Pero ahí es donde viene el mayor inconveniente, explicó Acosta, “y es que hoy en día la CREG está en una situación de interinidad, no tiene quórum para tomar decisiones. Ahí está el primer escollo porque la competencia para que se modifique la fórmula tarifaria es de la CREG, y el Gobierno no tiene disculpa porque hoy en día todos los miembros de la CREG son del Gobierno porque ahí está el ministro de Hacienda, el ministro de Minas y Energía, el director de Planeación; y están seis expertos comisionados, de los cuales en este momento hay cuatro, solo uno de ellos en propiedad, y los otros que estaban en calidad de encargados se les venció el tiempo”.

Explicó que por “esa razón hoy no hay quórum para tomar ninguna decisión. Luego teniendo la competencia la CREG para modificar la estructura tarifaria, no hay manera de que se pueda hacer”.

En cuanto a la reforma que plantea el jefe de Estado a la Ley de Servicios Públicos, Acosta explicó que “la carga de profundidad que tiene es que se propone otorgarle al presidente de la República las funciones y competencias en materia de regulación que hoy tiene la CREG, y que fue lo que intentó el presidente en febrero del año pasado, cuando expidió un decreto mediante el cual quiso asumir las funciones de la CREG, y el Consejo de Estado le dijo que no podía porque es que las funciones de la CREG no son delegadas por el presidente, son funciones propias otorgadas por la ley”.

Agregó que “ahora lo que están proponiendo es que como ley mata ley, es que mediante la reforma de la Ley de Servicios Públicos se la pasen ahora al presidente y que el presidente opcionalmente podría delegarlas en las comisiones de regulación”.

Añadió que reformar la Ley de Servicios “dilataría una solución porque se demora hacer esa reforma con la congestión que tiene en este momento el Congreso, donde la prioridad está en pensiones, en salud, en el código laboral. Las prioridades del Congreso en este momento son otras. Entonces tener que esperar a que se modifique la Ley de Servicios Públicos no creo que sea el camino más indicado”.

Consideró también Acosta que “esa ley va a ser muy controvertida porque propone darle un vuelco total al sistema de la prestación de los servicios públicos y genera, además, un ruido que va a ahuyentar la inversión de los inversionistas por falta de seguridad jurídica. Porque si hay algo que le da tranquilidad a los agentes de la cadena del sistema eléctrico es que hay una comisión de regulación independiente, autónoma y profesional. Si pasa a la Presidencia ya el criterio que va a prevalecer no es técnico sino eminentemente político”.

Mientras que el exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, dijo que “toda reducción en las tarifas implica un costo fiscal, la gran pregunta es ¿está el Gobierno y el fisco nacional en condiciones de asumir ese nuevo costo? Por ejemplo, hoy en día las pérdidas que son muy grandes en la costa Atlántica van a dar en la fórmula en el precio a los usuarios. Se podría decir que las pérdidas no afecten a los usuarios, pero entonces quién asume el costo de esas pérdidas. Si es el fisco nacional podría descargarse de las cuentas el cargo de las pérdidas, pero eso tiene un costo fiscal muy grande”.

En cuanto a la reforma a la Ley de Servicios Públicos, dijo que “de ese proyecto se viene hablando hace un año, no se conoce el proyecto de ley, se conocen algunos fragmentos que se han filtrado, el principal de ellos es que la función regulatoria que hoy ejerce la CREG, como lo ratificó el Consejo de Estado, pasaría a ser asumida directamente por la Presidencia de la República”.

Entonces, se preguntó Restrepo, ¿está la Presidencia en condiciones técnicas de hacer una regulación cuidadosa de todos los servicios públicos, incluidos los eléctricos, o no?”.

Indicó que desde la Constitución del 91 se ha querido que toda la función regulatoria la hagan cuerpos técnicos e independientes. “De manera que el punto es si esa tal ley al pasarle al presidente para que él lo ejerza, cómo va a ejercer eso la Presidencia. Si lo va a ejercer con cuidado lo va a aplastar el papeleo que eso implica y los documentos que va a tener que estudiar, y no le va a quedar tiempo para nada diferente al presidente de la República”.

Puntualizó que “si lo va a ejercer sin cuidado, con una óptica meramente populista, pues entonces puede decretar una baja de las tarifas, pero cómo va a considerar la condición de quienes generan esas tarifas. Porque, así como es deseable que bajen las tarifas, no es menos deseable que se guarde la sostenibilidad financiera de las empresas, porque si simplemente se empiezan a fijar por decreto con ánimo taquillero las bajas de tarifas, pues eso a poco tiempo va a llevar es a la quiebra de las empresas”.