VINO A Bogotá una delegación bipartidista de nueve congresistas de Estados Unidos para reunirse con el Gobierno y hablar sobre paz, seguridad y lucha antidrogas. El encuentro es clave porque en los próximos días el presidente Biden presentará al Congreso el presupuesto de gasto para el 2025, que incluye recursos de cooperación a Colombia. La pregunta que surge es si los argumentos que presentó nuestro país serán suficientes, cuando los resultados no ayudan, como la erradicación que cayó cerca del 70% el año pasado.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por Vern Buchanan, representante republicano por el estado de Florida y presidente de la House Democracy Partnership, una comisión de la Cámara de Representantes que trabaja con países alrededor del mundo para compartir mejores prácticas que fortalezcan las instituciones democráticas.

El encuentro tuvo lugar en la Cancillería con la participación del viceministro de Relaciones Exteriores y Encargado de las funciones del Despacho del canciller, Francisco Coy; los ministros de Justicia, Néstor Osuna y de Defensa, Iván Velázquez; el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño; y la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Tatiana Roa.

La Cancillería destacó que las delegaciones resaltaron la estratégica relación bilateral que han mantenido las dos naciones por más de doscientos años y el deseo de continuar fortaleciéndola.

También abordaron “las políticas de transformación territorial y productiva hacia economías legales y ambientalmente sostenibles, en el marco de la Reforma Agraria del Gobierno del Cambio, y la Política Nacional de Drogas 2023-2033 «Sembrando vida, desterramos el narcotráfico»”, detalló la Cancillería.

Los nueve legisladores norteamericanos, republicanos y demócratas, presentarán un documento al Congreso de su país sobre la reunión con el gobierno Petro. Específicamente en el tema de la lucha antidrogas, darán cuenta de la información y explicaciones que presentaron los ministros de Defensa y Justicia sobre resultados en la erradicación de cultivos de coca y sustitución; interdicción de cargamentos; y persecución y judicialización de las principales organizaciones que participan en este ilícito.

Estas cifras serán claves, como se dijo, en la discusión de los recursos que aprobará el Congreso norteamericano para Colombia en el presupuesto de gasto para el 2025 de ese país.

Para el presente año la Administración Biden entregó a Colombia 487 millones de dólares, en donde el Congreso en la aprobación tuvo en cuenta los resultados antidrogas del año 2022, en su mayoría de la administración de Iván Duque, que estuvo entre enero y principios de agosto.

Sin embargo, para los recursos que recibirá Colombia en 2025, el Congreso estadounidense se fijará en los resultados antidrogas en 2023, que son responsabilidad de la Administración Petro.

Vale señalar que en el Congreso estadounidense cada vez son más las voces, especialmente de republicanos, que piden al gobierno de Biden ser más exigente con el Gobierno colombiano sobre resultados en la lucha antidrogas.

La política del presidente Petro contra las drogas ilícitas marca un punto de quiebre frente a lo que anteriores gobiernos hicieron, pues desestimuló la erradicación forzada con el argumento que puede lograrse mejores resultados con la sustitución de cultivos ilícitos, ayudando a los campesinos con financiación y acompañamiento para que cambien la siembra de coca por cacao, arroz, caña y otros productos.

En tanto que la parte dura de la lucha antinarcóticos se enfoca en la interdicción de cargamentos y la persecución a las organizaciones criminales.

Sin embargo, lo que ha ocurrido en la práctica es que si bien en interdicción las incautaciones de cocaína han crecido de manera importante frente a lo que se hizo en la Administración Duque; el programa de sustitución de cultivos aún no arranca en 18 meses de este Gobierno. Además, quieren hacer un cambio frente a lo que inició la Administración Santos, pues se van a financiar proyectos colectivos y no individuales.

A finales de diciembre pasado, el Gobierno anunció que se inicia el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) con un programa de 5.830 beneficiarios en Tumaco, Nariño.

Entonces, los temores que hay es que, con una baja erradicación de cultivos ilícitos y un programa de sustitución en ciernes, la extensión de cultivos ilícitos se disparará muy arriba de las 230.000 hectáreas de coca que reportó el año pasado con corte a 2022 el sistema Simci de Naciones Unidas.

Cabe destacar que el senador republicano Marco Rubio es uno de los más críticos del manejo y resultados del gobierno Petro en la lucha antidrogas.

Rubio ha dicho que “el apaciguamiento en la lucha contra las drogas del gobierno Petro es una amenaza tanto para Colombia como para los Estados Unidos, un país que ha invertido entre 2000 y 2020 más de 10.000 millones de dólares para acabar con narcotraficantes y terroristas y al mismo tiempo en la reducción de los cultivos ilícitos”.

El Senador también ha planteado que “Estados Unidos debe condicionar la ayuda exterior a Colombia con la reanudación por parte del gobierno Petro de la eliminación de la coca, incluyendo la aspersión aérea”.

El Ministerio de Defensa reportó que en el año 2023 se incautaron 739,6 toneladas de cocaína; en 2022, 659,1 toneladas y en 2021, 669,3 toneladas.

En materia de erradicación de cultivos ilícitos, el año pasado la Administración Petro hizo 20.323 hectáreas; en 2022, con la Administración de Duque entre enero y agosto, fueron 68.893 hectáreas; y en 2021, el gobierno Duque logró 103.257 hectáreas.

Alertas de Estados Unidos

A principios de este mes nuevamente Estados Unidos manifestó su preocupación por la gran extensión de cultivos ilícitos en Colombia, esta vez por cuenta del embajador Francisco Palmieri, quien dijo que es una amenaza para el país y la comunidad internacional. Por ello dijo que hay que buscar la forma de avanzar en el programa de sustitución.

“Tenemos que reconocer que hubo 250.000 hectáreas de coca bajo cultivo, representa una amenaza, no solamente a la comunidad internacional, sino también internamente al país”, dijo el embajador norteamericano. Añadió que “es preocupante la cantidad de hectáreas y tenemos que buscar la manera de arrancar ese esfuerzo porque es mucho en el país en este momento”, dijo Palmieri.

Agregó el diplomático que “tenemos que buscar la manera de avanzar con programas de sustitución”. Señaló que “se puede realizar el tipo de sustitución y dar otros beneficios a esa gente en las zonas más rurales del país para que dejen la coca”.

Por su parte, el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, Kevin Thomas Murakami, dijo a EL NUEVO SIGLO, al principio de este mes, que “la erradicación es una de las muchas herramientas en la lucha contra el narcotráfico y creemos que toda la estrategia contra ese flagelo debe tener varios aspectos, no solo la erradicación, sino la interdicción, la seguridad, el desarrollo rural y la lucha contra los crímenes del medioambiente. Sin embargo, la erradicación sigue siendo una herramienta muy importante, especialmente, considerando que el Gobierno de Colombia tiene el objetivo de reducir los cultivos de coca en un 40% antes del 2026. Mi embajador ha hablado sobre esta decisión y creemos que el Gobierno de Colombia debería aumentar el objetivo de erradicación de los cultivos de coca”.

Indicó que “le hemos dicho al Gobierno de Colombia que debe hacer erradicación forzosa en los parques nacionales naturales, porque ninguna persona debe estar sembrando estos cultivos ilegales en estas zonas protegidas”.

Murakami dijo también que “hay una narrativa de que el fentanilo está reemplazando la cocaína. No es cierto, al punto que el año pasado 30.000 norteamericanos perdieron la vida por este alcaloide”.