La Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizará una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que determina nuevas estrategias integrales para contrarrestar la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres del territorio nacional.

La representante conservadora Adriana Matiz, ponente de la proposición, señaló que esta iniciativa promueve el fortalecimiento de políticas de transformación cultural, prevención, atención, protección y acceso a la justicia por parte del Estado colombiano.

“El proyecto de ley ha sido elaborado con la finalidad de tomar medidas legislativas que permitan al Estado colombiano avanzar en la implementación de acciones frente a las violencias contra las mujeres, las niñas y los niños, con especial énfasis en la violencia sexual y específicamente la trata de personas y la explotación sexual”, explicó la congresista.

Matiz enfatizó que, aunque en la legislación colombiana existan normativas que ataquen esta problemática, la actualidad muestra que se siguen presentando hechos de esta índole, dejando un vacío jurídico para contrarrestar este fenómeno.

“De acuerdo con las dinámicas que se han evidenciado en los últimos años, y que se exacerbaron con la pandemia por covid-19, las acciones del Estado resultan insuficientes y han permitido evidenciar vacíos legislativos y de política pública, que finalmente terminan por afectar a las mujeres, niñas y niños que se encuentran en riesgo, dadas las diferentes vulnerabilidades presentadas que se normalizan y justifican la violencia y comercialización de las personas”, expresó.

Situación actual en Colombia

De acuerdo con un informe del Ministerio del Interior, la violencia sexual, en especial los casos de trata de persona en Colombia, han venido aumentando con el transcurso de los años. Desde el 2013, cuando ocurrieron 62 casos, pasaron a 124 en el 2019, una situación que genera bastante preocupación para la ponente.

Asimismo, la cartera indicó que la mayor parte de las víctimas provienen de zonas como el extranjero con 12 casos, seguido de otras regiones como Antioquia con 11, Bogotá con ocho, Valle del Cauca con siete, Norte de Santander con seis, entre otros.

El ministerio apunta a que factores como el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la inequidad, la pobreza, el desempleo y la exclusión social son algunas de las causales por las que persiste este delito en el país, al igual que el fenómeno de la migración y la utilización de las redes sociales u otros medios de comunicación digital.

Implementación de Política Pública

Con el fin de poder responder a esta grave situación, Matiz propone la implementación de una Política Pública que atienda a las recomendaciones dadas por organismos internacionales como el Cedaw y el Comité de la Convención sobre los derechos de la niñez.

“Las acciones de Política Pública incluyen una serie de medidas encaminadas a generar el cambio cultural y social, en el que se involucre a los hombres, para modificar estereotipos e imaginarios y relaciones de poder fundados en el sexo y el género, y en las que se involucre a diferentes sectores que tienen un papel preponderante en la generación del cambio cultural, como es el caso del sector educativo y de las comunicaciones”, afirmó.

Le puede interesar: Aprueban en Cámara proyecto que regula llamadas de bancos

También explicó que en esta política se incluirán aspectos como la detección de las violencias en los diferentes sectores, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de base comunitaria, la generación de oportunidades a la población y la creación de un programa de búsqueda activa, rescate y asistencia para las víctimas de explotación sexual y trata de personas.

De otro lado, la representante se refirió al tipo de condenas que ejercen aquellos que accionan este delito contra la integridad de la ciudadanía. En cuanto a la explotación sexual, la ley establece una pena entre uno a cuatro años de cárcel, con una multa de 100 a 200 salarios mínimos mensuales. En caso de que esta conducta se ejerza con una persona menor de 18 años, la pena iría entre 12 a 25 años de prisión.

Finalmente, la congresista Adriana Matiz señaló que, con las proposiciones que darán los dirigentes políticos, funcionarios, voceros de organizaciones y demás, la propuesta estará mejor consensuada para su discusión en las ocho sesiones del Congreso que tendrá este proyecto, donde espera que sea sancionado como ley de la República.