AL CONGRESO de la República regresa uno de los proyectos más polémicos que existe al interior de la política nacional, se trata de proyecto de cabildeo que se empieza a discutir en la Comisión Primera de Senado y que busca la regularización de este mecanismo que busca la socialización de iniciativas parlamentarias a vista del congreso en general.
Uno de los autores del proyecto de ley, es el senador del Partido de La U, Alfredo Deluque le explicó a EL NUEVO SIGLO, cuál es el contenido del proyecto de ley, y cómo se puede regularizar el cabildeo para evitar actos de corrupción. Inicialmente, el parlamentario señaló en relación con la dificultad para legalizar este procedimiento.
“Principalmente se debe a la falta de consenso al interior del Congreso. Desde 1995, se han presentado en el Congreso más de veinte iniciativas de diferentes partidos políticos para reglamentar el cabildeo, pero ninguno ha prosperado, por lo que su regulación es un tema neurálgico al interior del legislativo y de las diferentes instituciones del Ejecutivo; no solo de Colombia, sino de la región e inclusive mundialmente”.
Uno de los aspectos más importantes sobre los cuales, el senador Deluque hizo hincapié fue en el hecho de hacer legislación. El congresista advirtió que “actualmente en Colombia el Lobby se hace sin un proceso de seguimiento de los conflictos de interés e incidencia ante las decisiones de autoridades públicas, lo cual genera desconfianza en la actividad legislativa, un aumento del riesgo de derivar en actos de corrupción y en muchas ocasiones la prevalencia de intereses particulares sobre el interés general”.
Cabildeo a reglamentación
Del mismo modo, el congresista agregó que “si bien ha faltado para regular el cabildeo, creo que actualmente existe de parte de un sector importante del Congreso, un interés en blindar de transparencia los procesos de cabildeo en la labor parlamentaria. De hecho, los antecedentes de proyectos de ley de iniciativa congresional para regular el cabildeo demuestran el interés que siempre han tenido los parlamentarios en regular esta actividad”.
Posteriormente añadió que “en este momento estamos defendiendo en coautoría con el senador Ariel Ávila el Proyecto de Ley No. 038 de 2024 para regular el cabildeo y la primera premisa sobre la cual fundamos este proyecto es que existe un interés legítimo, legal, válido de cualquier persona de aportar, nutrir los proyectos de ley y defender los intereses que consideren le afectan o benefician, dentro de los trámites legislativos o administrativos a los cuales las autoridades públicas tienen lugar”.
“Esto es importante aclararlo porque la gestión de intereses privados no es un delito, es un derecho que además está establecido en la constitución. Precisamente lo que queremos lograr con el proyecto que estamos defendiendo actualmente en el Congreso es dotar de transparencia, claridad y normatividad al ejercicio del Lobby. Este proyecto además está construido con base en posturas y recomendaciones de otros congresistas, gobierno, recomendaciones de organizaciones u organismos internacionales y la sociedad civil”, enfatizó.
Como parte de la discusión el Congreso deberá establecer la normatividad para este tipo de procedimientos, en ese sentido, Alfredo Deluque explicó que “los funcionarios públicos están sujetos a un régimen disciplinario estricto (contenido en la Ley 1952 de 2019). En materia de conflictos de intereses, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha desarrollado instrumentos y manuales generales sobre la identificación y gestión de conflictos de interés y varias entidades han desarrollado sus propios documentos que profundizan sobre ellos. Estas normas ya aplican a los altos funcionarios aun sin la existencia de una ley que regule el cabildeo”.
Así mismo, el senador del partido de La U, afirmó que “no obstante, sí es necesario hacer un llamado a la rama ejecutiva para que sus entidades fortalezcan sus reglamentos internos en materia de funciones de cada cargo y de transparencia en la gestión de intereses de la entidad para que exista un mayor control frente a la actividad e injerencia de los altos funcionarios, sus asesores y enlaces legislativos en el Congreso, ya que recientemente se ha evidenciado que ese relacionamiento y gestión de intereses entre el ejecutivo y el legislativo ha sido propicio para actos de corrupción”.