Se espera que este mes salga a la luz pública el informe de la Casa Blanca de Estados Unidos, específicamente de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (Ondcp), sobre cultivos ilícitos en Colombia. También está pendiente de salir el estudio de Naciones Unidas. Los dos organismos registraron el año anterior cifras por encima de las 200 mil hectáreas de coca, con corte al año 2021.
Algunos consideran que en las nuevas estadísticas que entreguen estos organismos el país podría acercarse a las 300 mil hectáreas, debido a que en la política del actual Gobierno la erradicación forzada no ha sido la prioridad.
El informe que produzca el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unpdc) se espera que sea dado a conocer en octubre próximo.
El año anterior, el Simci reportó un incremento del 43% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 143 mil hectáreas en 2020 a 204 mil en 2021. La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014.
Desglosó también dicho informe que los cultivos de coca se siguen localizando en los mismos territorios con condiciones de vulnerabilidad. El 62% se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
Según el Simci, de los 1.122 municipios que tiene Colombia, 181 presentan afectación por coca y en tan solo 12 se concentra la mitad de los cultivos. Tibú ocupa el primer lugar con cerca de 22 mil hectáreas.
El incremento del área sembrada con coca incluye lotes nuevos que aún no han alcanzado su edad más productiva, lo que explica en parte la diferencia entre las magnitudes de incremento. En las nuevas áreas el incremento ocurrió de forma acelerada, lo que facilita la conformación de nuevos enclaves productivos en zonas como el norte del Chocó y Cauca, detalló el organismo de Naciones Unidas.
En julio del año anterior la Casa Blanca en su informe reportó una disminución de 4,7% en los cultivos ilícitos en Colombia, pasando de 245 mil hectáreas en 2020 a 234 mil hectáreas en 2021.
El informe también reconoce una reducción de 2,3% en el potencial de producción de clorhidrato de cocaína en el país, pasando de 994 toneladas métricas en 2020 a 972 toneladas en 2021.
Preocupación de Estados Unidos
Desde los años 90 la fumigación aérea con glifosato, con la colaboración por parte de Estados Unidos en cuanto a los medios, en el marco del Plan Colombia, así como la erradicación forzada, habían sido las principales estrategias de los distintos gobiernos contra los cultivos ilícitos en regiones problemáticas en ese sentido, como el Catatumbo, el Pacífico, Putumayo y el Cauca.
Sin embargo, en el año 2015 la administración de Juan Manuel Santos detuvo las aspersiones aéreas con glifosato atendiendo alertas de organismos adscritos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señalaron sobre el peligro de este herbicida en la salud humana, especialmente por cáncer.
Luego la Corte Constitucional, en una sentencia del año 2017, dejó abierta la puerta a utilizar la fumigación aérea con glifosato en los cultivos ilícitos, aunque puso seis condiciones al gobierno que quisiera acudir a esta herramienta, con el fin de prevenir eventuales afectaciones a la salud de las personas.
El gobierno de Iván Duque trabajó en unos protocolos para activar las fumigaciones aéreas contra los cocales, pero no logró tenerlos listos para su aprobación.
Con la llegada de la administración Petro quedó descartado el uso de glifosato de manera aérea en los cultivos ilícitos, pues el presidente es contrario a esta práctica por las afectaciones que puede tener en la salud de las personas, los cultivos lícitos y el medio ambiente; y además porque no cuadra dentro de su política antidrogas.
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El actual Gobierno hizo un cambio drástico en la estrategia que se traía hasta la administración Duque contra los cultivos ilícitos, pues en su política la erradicación se enfocará en realizarla de manera voluntaria, es decir, acordada con los campesinos, a través de la sustitución. Mientras que la erradicación forzada será en los grandes cultivos.
“Colombia tiene la intención de reducir los cultivos de coca, pero no con énfasis en lo militar, sino en la generación de condiciones para que los campesinos encuentren alternativas rentables a la coca”, ha dicho el presidente Petro.
Estos cambios han causado preocupación en Estados Unidos, que contra su querer es el principal mercado de la coca colombiana, por lo cual esa potencia ha acompañado históricamente a Colombia en la lucha contra el narcotráfico con cooperación en inteligencia, recursos económicos y logísticos.
La preocupación creció al conocerse que en enero pasado no se erradicó una sola hectárea de coca en el país. El entonces director de la Policía, el general Henry Sanabria, dijo que "en el mes de enero de este año no hubo erradicación, erradicamos en febrero y ya llevamos 413 hectáreas”. Explicó que esta situación se dio por falta de asignación de recursos. "No tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores", señaló.
En junio pasado el zar antidrogas de Estados Unidos, Ragul Gupta, dijo que "Colombia se ha descuidado en el tema de materia de seguridad, que es una parte muy importante, y por ello se ha generado un incremento récord en los territorios sembrados con coca".
Así lo indicó el funcionario en un conversatorio del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), en el que enfatizó que esos niveles altos de Colombia son una amenaza no solo para su país, sino para otras naciones.
"Con Colombia tenemos una relación de cooperación que es histórica. Al mismo tiempo, estamos revisando todo el espectro de la cooperación, que incluye erradicación, interdicción y desarrollo alternativo, pues todas son herramientas que se requieren. Es importante, por ejemplo, dar poder a la gente en el país con programas como los de titulación de tierra y desarrollo alternativo para que se alejen de los cultivos", sostuvo Gupta.
El pasado 20 de diciembre, un portavoz del Departamento de Estado norteamericano señaló que “advertimos a la administración de Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos”.
El pronunciamiento se dio después de que el jefe de Estado, en una visita a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, manifestó la posibilidad de que los campesinos mantuvieran los cultivos ilícitos mientras ven que los productos lícitos que siembren les dan para sobrevivir con sus familias.
Señaló también el Departamento de Estado en esa oportunidad que “sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado, antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos”.
En el más reciente informe que entregó el Ministerio de Defensa sobre seguridad y resultados operacionales, hay una apreciable reducción en erradicación de cultivos ilícitos.
Entre enero y mayo de 2022, cuando estaba el gobierno de Iván Duque, se erradicaron 33.454 hectáreas de coca, mientras que en igual periodo del presente año, ya en la administración de Gustavo Petro, se erradicaron 4.511. Es decir, que se produjo una disminución del 87%.
Como se dijo, en enero pasado no hubo erradicación de cultivos ilícitos en el país, por falta de recursos, se explicó en ese momento. Sin embargo, de ahí en adelante, cuando ya se contaba con los dineros para llevar a cabo esta tarea, no hay un crecimiento significativo y antes por el contrario, en mayo se produjo una caída.
En febrero pasado se erradicaron 733 hectáreas en todo el país, en marzo se creció a 2.033 hectáreas, en abril bajó a 1.199 hectáreas y en mayo cayó bruscamente a 546 hectáreas.
En ese sentido hay que anotar que la meta del Gobierno nacional de erradicación de coca este año es de 20 mil hectáreas, mientras que el año anterior la pasada administración la tenía en 50 mil hectáreas.