UNA VEZ más desde el Gobierno nacional se ha deslizado la idea para la creación de una subdirección ministerial, en este caso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Luis Gilberto Murillo. El jefe diplomático de Colombia, en su balance final de este año, propuso la idea de una nueva oficina que sea la dedicada a la solución de problemas para los colombianos en el exterior, medida que ya acapara críticas ante la ambigüedad del discurso frente a estas iniciativas y los problemas fiscales que atraviesa el país.

Murillo, a quien muchos apuntan podría dejar su cargo a principios de 2025, aseguró inicialmente que “Colombia requiere transformar su institucionalidad de política y de gestión exterior. Eso es muy importante, es central, lo que incluye reformar el sector de relaciones exteriores, que tiene varios componentes”.

“El primero, la estructura y el fortalecimiento de Migración Colombia. Y ahí hemos avanzado. Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en vincular más de 700 personas, nuevos empleados, a este ente”, hecho que celebró, y que pidió mayor enfoque para aumentar su capacidad de atención a los casos tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, este agregó a su propuesta que “el proceso también requiere del fortalecimiento de la Cancillería. Eso incluye la creación de un nuevo viceministerio que se encargue de todos los asuntos que tienen que ver con la diáspora en términos de políticas públicas. Pero, además, un instituto específico que se encargue de los servicios que requieren los colombianos y colombianas en el exterior para que atienda a esa Colombia extendida”.

No obstante, la medida no fue bien aceptada ante interrogantes claves expuestos por actores políticos y sociales en el país. En primera instancia está el aspecto económico sumado a la creación de puestos burocráticos. Y es que según el propio canciller reconoció, “esto tiene implicaciones para la planta de personal, que tendrá, obviamente, que revisarse”. A la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con 70 embajadas en el mundo, y otros 111 consulados, lo que representa una carga fiscal importante para el país cercana a los 500.000 millones de pesos anualmente.

El segundo interrogante que surge es la necesidad del viceministerio y los roles que tendría, ya que estos se asemejan a los que cumplen los entes mencionados. Si bien, este ayudaría a la atención de los casi 5 millones de colombianos en el exterior, siendo los residentes en México, España y Estados Unidos los de mayores problemas, “la apertura de estos cargos, que según expresaron en las comisiones de relaciones internacionales, son necesarios por cargas laborales, vemos con preocupación cómo el déficit fiscal crece en temas de gastos de funcionamiento”, dijo la representante a la Cámara Luz Ayda Pastrana a EL NUEVO SIGLO.

La congresista apuntó que “es entendible la necesidad de atención para los connacionales en el exterior, sin embargo, estamos preocupados por las acciones del Gobierno nacional por el aumento constante de los gastos de funcionamiento”. Y es que para el funcionamiento de los diversos acuerdos diplomáticos acordados en la Administración Petro, se han generado más de 1.000 cargos, tanto a nivel nacional como internacional, que cuestan al país de manera anual más de 200.000 millones de pesos.

Del mismo modo, colombianos en el exterior también se siembran las dudas sobre la efectividad de este nuevo viceministerio reflejando los problemas que se viven en regiones estratégicas para el país y con alto flujo de colombianos. Por ejemplo, en México no cesan las denuncias de abuso por parte de autoridades migratorias, mismo problema que se refleja en España, Estados Unidos, adicionados a los nuevos requerimientos para ingresos al Reino Unido y Alemania, y en donde los esfuerzos de Cancillería y Presidencia no han sido suficientes para mejorar las condiciones, trato y atención en estos países.

En adición a lo anterior, no hay una garantía para que cesen este tipo de casos o las deportaciones que, por ejemplo, desde Estados Unidos reportaron 14.268 casos, hasta el cierre de año fiscal en ese país al 30 de septiembre o los miles de ciudadanos a los que se les negó el ingreso a países en donde Colombia, según los entes políticos, tienen fuertes lazos bilaterales.