LA FINANCIACIÓN de la campaña de cara a las elecciones regionales de octubre se convirtió en tema de discusión, tras las alertas lanzadas por la organización Transparencia Colombia, las cuales fueron relacionadas a la alta dependencia de recursos privados, el escaso apoyo del sector público, obstáculos a las mujeres para acceder a los fondos de campaña, riesgo en la opacidad en información de ingresos y egresos, y gasto excesivo en propaganda electoral.
Pero lo que más preocupa a las instituciones es la posibilidad de que entre dinero ilegal, proveniente de grupos al margen de la ley, para favorecer candidaturas específicas o para lavar dinero. Así lo informó en conversación con EL NUEVO SIGLO la directora de la Misión de Observatorio Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
“Vamos a un proceso electoral local en algunos territorios cruzados por economías ilegales, por necesidad de hacer lavados de activos, y los partidos políticos no pueden desatender esto”, manifestó a este medio de comunicación, al que también informó sobre la importancia de los partidos políticos en el control y vigilancia de los recursos utilizados por sus candidatos para hacer campaña.
Barrios aseguró que existe la necesidad de blindar los mecanismos de control y gestión de los recursos para las próximas elecciones. “El Consejo Nacional Electoral debe tener la capacidad técnica de monitoreo y seguimiento, una capacidad muy fuerte de las organizaciones políticas y sus campañas frente al uso de recursos por fuera de los topes aceptados o los que están por fuera de la ley cuando no se les permite financiación”, manifestó.
La procuradora general, Margarita Cabello, también manifestó una nueva preocupación en torno al financiamiento en campaña electoral, relacionada directamente con los grupos significativos de ciudadanos, quienes en su mayoría no han cargado en el aplicativo “Cuentas Claras” la información de ingresos y gastos.
Al respecto, la titular del Ministerio Público se manifestó sorprendida por la cantidad de personas que se inscribieron para participar en los comicios regionales de octubre, que supera por mucho a los registrados en el mismo proceso en 2019. De hecho, destacó que, de los 1624 grupos inscritos, solo 54, que representan el 3.2 %, han cargado en sistema el informe correspondiente.
Manifestó que de los grupos significativos de ciudadanos en el país, un total de 281 corresponden a Antioquia. De estos, cuatro pertenecen a la asamblea, diez están en gobernación, 195 a alcaldía, nueve en juntas sdministradoras locales y 63 en concejos.
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La procuradora Cabello Blanco también explicó que “los municipios de Medellín y El Bagre presentan criticidad extraordinaria y, en consecuencia, se encuentran en un nivel prioritario frente al riesgo de orden público". Agregó que "los municipios de Angostura, Anorí, Apartadó, Cáceres, Caucasia, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia, Yarumal y Zaragoza presentan criticidad alta y, por tanto, están en nivel de atención”.
La Ley de Garantías Electorales
Ante las alertas lanzadas por los organismos, en virtud de los posibles riesgos sobre financiación de campaña, el uso de influencias para favorecer a candidaturas específicas o disposición de recursos públicos para facilitar el proselitismo, entrará en vigor la Ley de Garantías Electorales el 29 de junio.
La normativa buscar garantizar la igualdad de condiciones para aquellos aspirantes que reúnan los requisitos de ley para participar en el proceso, además de reglamentar la intervención de los servidores públicos en medio de la campaña.
En su artículo 38, la Ley impone ciertas restricciones a alcaldes, tanto municipales como distritales; gobernadores, directores, secretarios y gerentes, quienes a partir de la fecha mencionada no podrán inaugurar obras públicas o desarrollar programas sociales en reuniones o eventos vinculados a los candidatos.
La ley prohíbe celebrar convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos público; además de participar, promover o destinar inversiones de las entidades a su cargo, o de las entidades en donde participen como miembros de sus juntas directivas, a reuniones de carácter proselitista.
Adicionalmente, no podrán autorizar el uso de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. Mucho menos, facilitar el alojamiento o el transporte de candidatos a cargos de elección popular o sus voceros.