EL DEBATE para la determinación de competencias de la Jurisdicción agraria propuesta por el Gobierno nacional ha avanzado en las comisiones primeras conjuntas con la aprobación de más de 55 artículos en diversos bloques. Las sesiones han contado con un avance significativo en esta norma, que, entre otras, busca continuar con el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz con las Farc firmados en La Habana, Cuba.

Sin embargo, el documento propuesto por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; Justicia y Derecho e Interior, despierta incógnitas y diversas polémicas en sectores que han señalado problemas dentro de sus articulados que podrían constituir un retroceso en las garantías procesales, que representaría a su vez una inseguridad jurídica en materia de tierras.

Según un informe publicado por el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga, son por lo menos 6 principales problemas que presentaría la Jurisdicción Agraria en su documento inicial, enfatizando especialmente en las competencias que se le asignaría a la Agencia Nacional de Tierras en diversos procesos y pleitos por terrenos.

El primero de estos problemas latentes radica en los principios, que, tanto por parte de partidos como el Centro Democrático, como del observatorio, se señalan como un foco para la ambigüedad de normativas y la poca clarificación de las mismas, lo que derivaría en decisiones judiciales basadas en interpretaciones de la norma por sobre aplicación y seguimiento de la misma.

En segunda línea se presenta la controversia por la adición de funciones a la Agencia Nacional de Tierras, ente al que se le restituirían las competencias como clarificación de la propiedad, el deslinde de tierras o la extinción de dominio. Además, el Instituto agrega que desde 2017 que a la ANT se le otorgaron las gestiones de conflictos en tenencia de tierras y recuperación de terrenos baldíos, tarea en la que ha sido “ineficiente”, según este informe.

El mismo señalamiento fue hecho por Hernán Cadavid a EL NUEVO SIGLO, quien puntualizó que “la Agencia Nacional de Tierras tiene un gran inconveniente de ejecución y quiere eliminar por completo la fase judicial que es una garantía en las discusiones para el acceso a tierra. Por eso las alertas no solamente de ellos, sino de muchos otros sectores y por eso estamos tratando de corregirlos a como dé lugar en este texto”.

No obstante, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Pedro José Suárez, quitó valor a la advertencia y la señaló como infundada, afirmando que “van a cumplir unas funciones muy específicas que no van a interferir en nada en las decisiones judiciales de los jueces y tribunales, sobre todo en la medida que no sería la única autoridad administrativa que tiene funciones jurisdicentes”.

Finalmente, el senador Germán Blanco del Partido Conservador señaló a EL NUEVO SIGLO que “no creemos que haya que extender funciones a la ANT. Basta con que la función judicial realice su tarea y lo demás, así tan raro como nos suena, solicitamos que se suprimiera el parágrafo del artículo”.

Falta de recursos

La Jurisdicción propone, además, la creación de nuevas magistraturas y jueces dentro del marco agrario y/o rural, que dictarían sentencia en estos problemas de propiedad, ocupación, posesión y asignación de tierras. No obstante, el Instituto señala que esta propuesta excedería las posibilidades del derecho civil y lo extendería también a litigios derivados de actividades productivas agrícolas, como la agricultura, la silvicultura, la pesca, y la comercialización de productos agropecuarios.

Ante esto, se apunta desde este observatorio que la expansión de funciones “no tiene justificación adecuada y sobrecarga innecesariamente una jurisdicción especializada que debe enfocarse exclusivamente en los problemas agrarios”.

Ante esta situación, el representante Cadavid agregó que “unas recomendaciones que ha hecho muy respetuosamente la Corte Suprema de Justicia Sala Civil es que respeten las competencias, que no invadan esferas del derecho civil de la Corte Suprema de Justicia, que son otras decisiones de otra naturaleza que deben ser preservadas”.

En cambio, el representante Álvaro Rueda del Partido Liberal señaló en este Diario que “la creación de la Jurisdicción agraria pretende alivianar la carga judicial y darle celeridad a los procesos agrarios y relacionados con la tierra que requieren de una intervención para acabar con la constante de la disputa de la tierra”.

En cambio, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, especificó que, a pesar de la creación de nuevos cargos para los jueces en esta jurisdicción agraria, “va a costar un montón de plata y en la situación fiscal que está el país, si hay una pregunta en torno de dónde va a salir justamente”. Esta postura fue respaldada por Cadavid, quien añadió que “hasta la fecha no hay plata para financiar”.

Garantizar interés agrario

Finalmente, otra de las emergencias emitidas por el ICP es la extensión de competencias de la Jurisdicción a temas contractuales y que incluso podrían tocar aspectos medioambientales o económicos. Ante esto, Rueda dijo a EL NUEVO SIGLO que la norma “debe acentuarse en salvaguardar el interés agrario. Entendemos que no todos los temas rurales son agrarios y eso no hace parte de la jurisdicción”.

Por su parte, el representante Pedro Suárez aseveró que al respecto “hay unas líneas rojas acá y la preservación del medio ambiente debe estar por encima de cualquier otra consideración. Lo importante es que el Estado también llegue a unos acuerdos”.

Asimismo, puntualizó que en casos donde haya un conflicto correspondiente a materia agraria y medioambiental, “debería intervenir en nuestro criterio la Agencia Nacional de Tierras para que las personas que ya llevan mucho tiempo residiendo en lugares donde son de reserva natural. Por ejemplo, pueda llegarse a algunos acuerdos para poderles garantizar condiciones dignas de vida en un lugar distinto”.

Ahora bien, para la senadora Valencia esta propuesta de Suárez Vacca resulta clave en la definición de determinados litigios, enfocados especialmente en los procesos de adjudicación. “Pues está hablando de la acción de un Gobierno que puede decidir perseguir personas determinadas por filiaciones políticas”.

En cambio, para el senador Blanco, esto no representaría un problema, puesto que “la ley tiene que ser muy clara. Las competencias son específicas. Es normal cuando hay una creación que quien venía cumpliendo someramente la función sienta que le está siendo negado el ejercicio, pero eso es normal. El tiempo se encarga de normalizar las situaciones”.

La jurisdicción pasará a su tercera sesión en las comisiones primeras conjuntas en la que por bloques han aprobado más de 50 articulados, pero en los que aún faltan los aspectos de mayor fricción como propiamente el Artículo 12 y las funciones agregadas a la ANT, o el alcance de las determinaciones judiciales de esta propuesta.