Si bien es cierto parece que el Gobierno va a lograr sacar de la plenaria de la Cámara el proyecto de reforma a la salud, pese a ser cuestionado por múltiples sectores, la posibilidad de que esa iniciativa sea aprobada definitivamente todavía está muy lejos.

Como se sabe, en el Senado el panorama es muy distinto al de la Cámara, pues desde el punto de vista del debate el nivel es más alto, porque los senadores tienen mayor recorrido político y conocimiento del país y su realidad, ya que son elegidos por circunscripción nacional.

En ese sentido, para un representante, por ejemplo, de un departamento de la región de la Orinoquia, implementar los CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud) puede ser positivo porque la infraestructura en esos territorios es escasa y deficiente.

Mientras que un senador, además de considerar el eventual impacto positivo que tendrían los CAPS en territorios periféricos con deficiente infraestructura de centros de salud y hospitales, también tendría en cuenta cómo operarían, por ejemplo, en las grandes ciudades, en donde por la alta demanda la oferta de servicios es alta, y como la reforma establece que son la única entrada que tiene el ciudadano al sistema, suprime la libertad de la cual hoy goza para elegir quién lo atiende.

Entonces, sobre el papel ,en el Senado el Gobierno nacional tendría menor margen de acción para poder atraer algunos votos a favor de la reforma de los partidos independientes Conservador y la U. Incluso del Partido Liberal, colectividad que a pesar de que hace parte de la coalición oficialista, están divididos sus senadores, la mayoría de los 14 con que cuenta quieren ir a la independencia, concordando con la propuesta que hizo el jefe de esta formación política, el expresidente César Gaviria.  

La reforma de la salud está a punto de superar su tránsito en la Cámara. Hasta el momento, en segundo debate se han aprobado 123 artículos y quedan nueve por discutir el próximo lunes, para cuando fue citada la plenaria a partir de las 9 de la mañana, donde se da por descontado que serán aprobados porque no son disposiciones esenciales.

Luego de la Cámara de Representantes el proyecto que reforma la salud llegará al Senado, comenzando en la Comisión Séptima a partir del próximo 16 de febrero, cuando vuelva el Congreso a sesiones.

La senadora Ana Paola Agudelo García, de la coalición MIRA-Colombia Justa Libres, integra la Comisión Séptima. Consultada por EL NUEVO SIGLO sobre qué corregiría a este proyecto, contestó que “tiene que haber auditorías completas en todos los niveles de atención para evitar un mal manejo de los recursos y evitar situaciones como las que hoy se presentan con el SOAT. Esa es la propuesta que hemos hecho desde el Partido desde el día uno, las proposiciones que hemos presentado, que nos han negado, Tiene que haber auditorías en todos los niveles y servicios”.

Por su parte, la senadora Berenice Bedoya Pérez, del partido ASI, colectividad que hace pocos días se salió de la coalición de gobierno para ir a la independencia, dijo a este diario sobre la reforma de salud: “Estamos esperando, porque está en plenaria de Cámara. Cuando pase a Séptima de Senado miraremos qué se le puede cambiar o qué podemos mejorar, o qué podemos excluir”.

Qué se ha aprobado 

Esta semana se destrabó la votación de la reforma de la salud después de que en las dos anteriores prácticamente no se avanzó, debido a que los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático acudieron a la táctica de salirse del Salón Elíptico a la hora de votar, para evitar el avance del proyecto.

El artículo 9 es uno de los claves de la reforma, pues les da vida a los CAPS, unidad polifuncional de carácter público, privado o mixto y puerta de entrada de la población al sistema.

Quienes se oponen al proyecto señalan que no es posible que en dos años de transición de la reforma se logre conformar el número de CAPS, aproximadamente 3 mil, por territorios de 20.000 habitantes. 

La iniciativa establece que “todas las personas, sus familias y hogares deberán estar adscritos a un CAPS de su preferencia en función de su lugar de residencia. Para la adscripción se deberán cumplir criterios de contigüidad, cercanía y accesibilidad geográfica que serán reglamentados por el Ministerio de Salud”.

También la plenaria de la Cámara aprobó que la estatal Adres (Administradora de Recursos para la Salud) asuma el manejo de los recursos para pagar directamente a los prestadores, función que en las últimas tres décadas han tenido las EPS, las cuales desaparecen como tales.

En el marco de las nuevas funciones que contempla la reforma a la Adres y con el propósito de que se paguen sin demoras a los hospitales y otros operadores los servicios prestados, se aprobó también el artículo 70, por el cual esta entidad pagará el 80 % de las facturas en máximo 30 días.

Sin embargo, este artículo generó gran polémica, porque los desembolsos se harán con mínimos controles antes de pagar la facturación.

El artículo 70 fija que “las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas presentarán las cuentas de servicios solicitados y prestados a la instancia de la Administradora de Recursos para la Salud (Adres) que corresponda, según su forma desconcentrada de operación, la cual pagará el 80 % de su valor dentro de los 30 días siguientes a su presentación y el pago del 20 % restante estará sujeto a la revisión y auditoría de las cuentas”.

La representante Jénnifer Pedraza, de la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza, dijo que “acaban de aprobar una proposición que a mi parecer es un ‘orangután’ que permite que se apruebe mínimo el 85 % que abre la puerta a que se audite de manera aleatoria solo un porcentaje de la plata. Es decir, si quieren auditar solo el 4 % de los recursos, lo pueden hacer. Pensaba que era imposible que empeoraran el artículo 70, que realmente es malo, pero lo acaban de hacer”.

También se aprobó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran operando continuarán haciéndolo hasta por dos años, así como contempla que se puedan convertir en gestoras de salud y vida. 

Este es uno de los cambios que más polémica han generado desde febrero pasado, cuando la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció el contenido del proyecto, pues varios sectores han alertado que la desaparición de las EPS pondría en peligro el sistema y el servicio, porque ninguna entidad está preparada hoy, ni lo podrá estar en los dos años de transición que concede la reforma, para asumir el aseguramiento en salud y del riesgo financiero que estas empresas han tenido a su cargo durante más de tres décadas. 

Actores del sistema lanzan voces de alerta

. Acemi

La presidenta de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), Ana María Vesga, manifestó su esperanza de que en el Senado se dé un debate más a fondo de la reforma a la salud de lo que sucedió en Cámara.

“Pasamos el escenario de la Cámara de Representantes, continuamos la conversación en el Senado y esperamos que en ese espacio realmente tengamos un debate a profundidad”, dijo Vesga.

La presidenta del gremio de las EPS también ha manifestado inquietud sobre la reforma, porque “lo que tendremos es un sistema roto en administración del recurso, con fuerte acento en atención primaria, que está bien, pero con menos énfasis en mediana y alta complejidad. Sin responsables, y con una entidad única pagadora, el riesgo de que recursos se acaben es altísimo”. 

Ha dicho también que “cualquier sistema necesita roles y responsables claros. Esta reforma está planteando dos rupturas: quién se hace cargo del paciente y quién se hace cargo de los recursos del sistema”.

. Exministros

Varios exministros manifestaron en una carta su preocupación por lo aprobado en la Cámara. Está suscrita por Mauricio Santamaría, Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Diego Palacio, Beatriz Londoño y Fernando Ruiz.

Indican que la reforma “incumple mínimos constitucionales” porque no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. Adicionalmente “dificulta el acceso a los servicios de salud y no atiende la calidad”.

Señalan también que “elimina la libre elección” del usuario sobre dónde será atendido. “Desaparece el aseguramiento” por la eliminación de las EPS y divide cuatro de sus funciones entre hospitales públicos, secretarías de salud, Adres,  Ministerio de Salud y los CAPS.

Agregan que “se arriesga la gestión financiera” porque se concentra la ejecución del gasto en la Adres. También dicen que “los trabajadores de la salud quedan en riesgo” porque no hay “un solo artículo dirigido a financiar el costo adicional de la formalización laboral del sector”.

. Pacto Por la Salud

Mientras que el Pacto Por Una Mejor Salud, conformado por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y más de 80 organizaciones y exministros como Juan Camilo Restrepo (Hacienda), indicó en un comunicado que “ante lo sucedido ayer en la Cámara de Representantes, donde se han aprobado artículos en bloque, es apremiante ratificar nuestra preocupación por el contenido de la reforma de salud que cursa actualmente en el Congreso de la República. La forma como se ha llevado a cabo la votación desvirtúa el debate democrático”.

Señala, entre otros, que “Adres asume la gestión financiera de la salud. Los giros a hospitales, centros de salud, equipos médicos y servicios de mediana y alta complejidad quedan bajo su control. Esto sin tener las capacidades técnicas, el personal, ni el gobierno corporativo para desempeñar su labor, y sin tener en cuenta objetivos de equidad, acceso y calidad”.

. Alejandro Gaviria

El exministro de Salud Alejandro Gaviria señaló que “la reforma a la salud va a quebrar el sistema: elimina los incentivos al control de costos, estimula la facturación por evento, debilita las auditorías, desvía los recursos del aseguramiento hacia subsidios de oferta”,

Añadió que el sistema tendrá que ajustarse a la fuerza: “¿Cómo? Excluyendo a los pacientes más pobres de medicamentos y procedimientos”. Previno que “estamos ante un debate de naturaleza ética, no fiscal. La reforma va a aumentar la desigualdad en el acceso a tratamientos y generará más exclusión y segregación social”.

Dijo también que “supongamos que se aprueba la reforma a la salud en el primer semestre del año entrante, comienza a implementarse en el 2025, pero de aquí a allá no vamos a tener sistema de salud si no se toman las decisiones que se tienen que tomar (…) muchos quienes hemos trabajado por muchos años en el sistema de salud tenemos esa preocupación”.

. Defienden sistema

 En un seminario organizado por el centro de estudios económicos ANIF y Acemi se analizaron las razones de la crisis financiera actual del sistema de salud y se propusieron posibles soluciones. 

Uno de los puntos en que coincidieron los expertos que participaron es que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud de América Latina y es además un patrimonio de los colombianos que se debe proteger. 

Para todos es claro que las limitaciones financieras no son únicas de Colombia, pues la salud es un reto global. “Todos los países del mundo tienen dificultades para financiar su sistema de salud. Es un gasto que crece por encima de lo que crecen los salarios y de lo que crece el PIB”, dijo Marcela Brun, asesora en políticas públicas.

Por su parte, Anwar Rodríguez, presidente (e) de ANIF, añadió que “independientemente del modelo de salud que tengan, todos los países deben atender presiones derivadas de incrementos de los costos, de asuntos epidemiológicos y de cambios demográficos, entre otros. Los sistemas de salud en general van a tener que destinar más recursos para atender esas presiones”.

Mapa político 

La Comisión Séptima del Senado, a donde tendrá que llegar la reforma de salud en su tercer debate, está integrada por 14 parlamentarios, de los cuales por la coalición de gobierno hay tres del Pacto Histórico: Martha Peralta Epieyu, Piedad Córdoba Ruiz y Wilson Arias Castillo, y uno de la Alianza Verde, Fabián Díaz Plata.

Eventualmente también podría votar a favor de la reforma Berenice Bedoya Pérez, integrante del partido ASI. Igualmente habría que contar un voto favorable del senador de Comunes, Ómar de Jesús Restrepo, colectividad que ha acompañado todas las propuestas del Gobierno.

Entonces la reforma a la salud tendría seis votos a favor en la Comisión Séptima del Senado.

Mientras que en esta célula legislativa votarían en contra del proyecto los dos senadores del Partido Conservador, colectividad declarada en independencia y que rechaza la iniciativa: Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín Lozano. También ahí hay que contar el voto en sentido negativo de los legisladores del Centro Democrático, partido de oposición: Honorio Henríquez Pineda y Alirio Barrera Rodríguez.

Igualmente es previsible que el senador liberal Miguel Ángel Pinto vote en contra. Si bien esta colectividad hace parte de la coalición de gobierno, el parlamentario santandereano ha manifestado sus reservas con este proyecto, así como concuerda con la intención dicha esta semana por el expresidente César Gaviria, jefe del partido, de que vayan a la independencia.

Así mismo votarían en contra del proyecto las dos senadoras del partido MIRA, colectividad independiente: Beatriz Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo; así como Norma Hurtado Sánchez, de la  U, partido independiente que ha manifestado su oposición a la reforma de la salud.

Entonces los votos en contra de la reforma en la Comisión Séptima del Senado de la República podrían llegar a 8, según estas cuentas.

Si el citado proyecto logra superar el ‘retén’ de la Comisión Séptima, pinta aún más complicado el escenario en la plenaria del Senado, porque la coalición de gobierno perdió las mayorías después del retiro del Partido Conservador y la U, los cuales transitaron al sector de los independientes.

La coalición del oficialismo tiene 49 congresistas, distribuidos entre el Pacto Histórico, el Partido Liberal, la Alianza Verde y algunas fuerzas minoritarias. Mientras que la oposición y los independientes suman 57 parlamentarios.

La única oportunidad que tendría el Gobierno para sacar adelante la reforma es concertar los cambios que piden los opositores o deslizar votos a favor de la misma desde la U y los conservadores, que no parece fácil porque estas colectividades rechazan el proyecto en los términos en que lo presentó la administración Petro y que en líneas generales se han mantenido en su paso por la Cámara.