LA DECLARATORIA de estado de cosas inconstitucional quedó planteado ayer por la creciente crisis de la salud, después de que la Procuraduría le pidió a la Corte estudiar esta medida a propósito del incremento del 5,36% que hizo el ministerio para este año de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El Ministerio Público indicó que la actualización de este valor no correspondió a una decisión técnica sino política.
Distintos actores del sector como Acemi, el gremio que agrupa a las del régimen subsidiado; la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO); Pacientes Colombia; la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entre otras, rechazaron el aumento del 5,36% de la UPC para este año, pues lo consideran insuficiente y que va a agravar el desfinanciamiento del sistema. Por ello pidieron al Gobierno establecer una mesa para revisar este valor.
La Procuraduría indicó a la Corte en un documento de seguimiento de la Sentencia T 760 de 2008 (por la cual el Alto Tribunal impartió entonces una serie de órdenes por la crisis de acceso a la salud) varias observaciones al acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud fijó el valor de la UPC para la vigencia 2025.
“Se establece en este documento, cómo el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el acto administrativo con presunta indebida y falsa motivación, con base en fuentes de información parciales”, señala la Procuraduría en el documento.
El Ministerio Público dijo que “la decisión de incremento del valor de la UPC para 2025 no corresponde a una decisión técnica, sino política, y en tal sentido en representación de la sociedad solicita a la honorable Corte Constitucional adoptar las medidas orientadas a restablecer el orden constitucional y los derechos de los colombianos”.
Por ello, la Procuraduría solicitó a la Corte “se estudie la viabilidad de declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional solicitado por este despacho el primero de agosto de 2024, con el fin de restaurar el orden constitucional en salud y evitar el desastre anunciado por muchos actores”.
Por otro lado, la Procuraduría requirió nuevamente al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, información acerca del procedimiento técnico para la estimación de la UPC para el 2025.
También, el ente de control exhortó nuevamente a los funcionarios del ministerio a que la decisión sea producto de un proceso técnico y participativo, en el que se incorporen elementos ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, tener en cuenta las cifras de inflación y frecuencia, así como los datos suficientes y representativos de las Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficios en Salud (EPS).
La intervención de la entidad se origina en el llamado de asociaciones de usuarios y pacientes, de representantes de hospitales y clínicas públicas y privadas y de expertos que se han pronunciado oficialmente y emitido estudios técnicos que concluyen la insuficiencia acumulada de la UPC.
Finalmente, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social pidió al directivo si se han previsto modificaciones en la metodología aplicada para dicha vigencia y si se contemplan nuevos ajustes por condiciones de salud.
Ministro justifica la cifra
El ministro de Salud dio una rueda de prensa ayer en la que defendió la actualización del UPC para este año, pues dijo se hizo con base en la inflación después de que según él la información que entregaron las EPS sobre costos presentaba inconsistencias.
“Los datos que tienen en realidad las EPS, cuáles son los que presentan ante la Dian, los que presentan ante la Superintendencia o los que nos presentaban nosotros, que como pudimos demostrar son muy diferentes, hasta casi el 12% de diferencia entre lo que le presentan a la Superintendencia, a lo que nos presentaba a nosotros y cuál es verdaderamente la realidad de los gastos que están haciendo las EPS y a dónde están llegando esos recursos”.
Jaramillo no se comprometió a modificar el valor de la UPC para este año, aunque dijo que se puede revisar y “si no es suficiente, entonces miremos de dónde sacar los recursos”. En ese sentido, insistió en su propuesta de revivir los aportes patronales.