La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, les solicitó a los entes de control que, en el marco de sus competencias, realicen investigaciones y auditorías especiales al Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Esta solicitud se hizo tras un análisis preliminar del estado en el que se encuentra la Unidad. Según indicó Tobón, esta nueva administración identificó posibles actos irregulares que afectan la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado.

“Es importante iniciar las acciones pertinentes para que no sigan ocurriendo este tipo de actos. Las víctimas del conflicto armado han sufrido múltiples hechos lamentables y no es posible que los recursos con los que esperan ser indemnizados estén afectados por posibles hechos de corrupción”, afirmó.

Una de las situaciones identificadas fue el valor excesivamente bajo de algunos de los cánones de arrendamiento de los bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas: el equipo de trabajo reportó 43 bienes inmuebles con cánones de arrendamiento cuyo valor oscila entre los $4.437 y $103 mil. Entre ellos se encuentran fincas, lotes y parcelas, en su mayoría rurales.

Otro aspecto que llamó la atención fue que de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal, que es la monetización. Actualmente, la Unidad indaga el estado en el que estos bienes fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación al Fondo.

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Por otro lado, se encontró que existe un alto porcentaje de bienes con arrendatarios morosos en los que el Fondo no adelantó acciones administrativas para recuperar el bien, ni tampoco acciones judiciales efectivas para recuperar la cartera. Además, se identificó que varios de los bienes fueron arrendados a una misma persona sin analizar los perfiles y antecedentes tanto del arrendatario como del codeudor.

La directora también informó que, al interior de la Unidad para las Víctimas, se ha dilatado la entrega de información solicitada para verificar el estado en el que se encuentra la entidad.

Tobón también se refirió a las brechas, anotaciones y rezagos con los que encontró la entidad en su objetivo de reparar a las víctimas del conflicto armado. Según reveló, durante la vigencia de la Ley de Víctimas únicamente se ha reparado a un poco más de un millón de las nueve millones de víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas.

Además indicó que, por ejemplo, en el caso de la reparación individual, durante el funcionamiento de la entidad únicamente se ha indemnizado a 1’318.634 víctimas del conflicto armado con una ejecución de $9,86 billones. Añadió que esto presenta un rezago por indemnizar de 6’071.978 víctimas que, de continuarse con el mismo ritmo de ejecución, solo se podrían indemnizar hasta el 2082.

En materia de reparación colectiva, mencionó que existen 857 Sujetos de Reparación Colectiva en el Registro Único de Víctimas, de los cuales tan solo se han reparado un poco más de 56, lo cual implica un rezago que solo podría ser reparado hasta el año 2046.