Algunos juristas consideran que abrir una nueva ventana de negociación política por parte del Gobierno con quienes incumplieron, el caso de ‘Iván Márquez’, podría tener riesgos, teniendo en cuenta que el Acuerdo de Paz está constitucionalizado, y allí se establece que la justicia ordinaria se debe ocupar de quienes retornaron a la actividad criminal.

De acuerdo con la sentencia C-080 de 2018, en la cual la Corte Constitucional declaró exequible la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el incumplimiento del régimen de condicionalidad puede impedir que un compareciente, en este caso los desmovilizados de las Farc que se acogieron al Acuerdo, acceda a beneficios (tratamientos especiales de justicia) o que los pierda luego de haberle sido otorgados, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.  

Asimismo, señala dicha sentencia que se ha establecido que la JEP evaluará si la comisión de un nuevo delito implica un incumplimiento de las condiciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, que amerite no aplicarle las sanciones alternativas, por lo cual el proceso se remitirá a la justicia ordinaria.

En septiembre de 2019, la JEP expulsó a Iván Luciano Márquez (alias ‘Iván Márquez’), José Manuel Sierra Sabogal (alias ‘Zarco Aldinever’) y Henry Castellanos Garzón (alias ‘Romaña’), luego de determinar que “incumplieron gravemente las condiciones para acceder y mantener los beneficios otorgados en virtud del Acuerdo de Paz”.   

La JEP encontró que estos comparecientes, además de ser desertores armados manifiestos del Acuerdo de Paz, faltaron a sus obligaciones de dejar las armas, de comprometerse a no retomarlas y a no reincidir, y a aportar a la verdad y a la reparación de las víctimas. 

Como consecuencia de la constatación del grave incumplimiento de estos sujetos, la JEP revocó todos los beneficios y garantías que se les habían otorgado en virtud del marco normativo que desarrolló el Acuerdo Final y dispuso la remisión a la justicia ordinaria de todos los expedientes para que sigan su curso. 

Alias ‘Iván Márquez’ fue el jefe negociador por la entonces guerrilla de las Farc en las conversaciones  que se desarrollaron durante cuatro años en La Habana (Cuba) con el Gobierno nacional. 

Producto de ello, estuvo entre los firmantes del Acuerdo por parte de las Farc. Incluso obtuvo una curul en el Senado en virtud de la participación política que contemplaba el pacto de La Habana a los desmovilizados. Sin embargo, ‘Márquez’ no llegó a posesionarse en esa curul porque sin avisar a nadie se fue de Bogotá sin que se conociera su paradero y dejó de atender las citaciones de la JEP. 

Se volvió a saber de ‘Márquez’ en agosto del 2019, cuando en un video, acompañado por una veintena de hombres armados y con traje de fatiga, anunció que se había creado la Segunda Marquetalia porque  retomaban las armas contra el Estado colombiano, argumentando supuestos incumplimientos del gobierno de Iván Duque con el Acuerdo de Paz. 

Desde entonces Márquez y varios excabecillas de las Farc están en Venezuela, con la protección del régimen de Nicolás Maduro, según información de inteligencia militar de Colombia, algunos de los cuales han sido asesinados: ‘Romaña’, ‘Jesús Santrich’ y ‘El paisa’, a manos supuestamente de las disidencias, como consecuencia de una guerra que libran estas facciones que hicieron parte de las Farc. 

Sin embargo, tanto las disidencias como la Segunda Marquetalia serían incluidas en las conversaciones que pretende el Gobierno con todas las organizaciones armadas (guerrillas y bandas delincuenciales), en el marco de su política de paz. 

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tuvo un primer encuentro con las disidencias a mediados de septiembre pasado en el Caquetá. Igualmente, el funcionario confirmó que se han tenido acercamientos con ‘Márquez’. 

“Con la directriz del presidente Gustavo Petro se han adelantado el descongelamiento de las conversaciones con el Eln, el acercamiento con el estado mayor central de las Farc (disidencias), se ha tenido acercamiento con la Segunda Marquetalia y adicionalmente con grupos que no se definen como rebeldes (Clan del Golfo)”, dijo Rueda.

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¿Tratamiento político? 

El Ejecutivo ha señalado que adelantará dos tipos de negociaciones: una con organizaciones guerrilleras, a las que les reconocería un estatus político y por ende se realizarían conversaciones buscando llegar a un acuerdo de paz; y otra de tipo judicial con las bandas criminales, como el ‘Clan del Golfo’, en la cual lo único que cabe es el sometimiento a la justicia, a cambio de unos beneficios penales. 

La discusión hoy se centra en si el Gobierno debe o no hacer una negociación política con las disidencias y las reincidencias de Iván Márquez, después de que estas traicionaron el Acuerdo de Paz. 

Desde el punto de vista jurídico, como lo han señalado algunos, la ley estatutaria de la JEP es clara acerca de que quienes incumplieron el Acuerdo de Paz solo les cabe ir a la justicia ordinaria.  

Obrando en ese sentido la JEP en 2019 envió a la justicia ordinaria el proceso contra ‘Márquez’ y otros cabecillas de las Farc que incumplieron el Acuerdo, por lo que fueron activadas las órdenes de captura.

Otra duda surge en este escenario es, si eventualmente el Gobierno realiza una negociación de tipo político con ‘Márquez’, que concluyera en un acuerdo de paz, ante qué tribunal se presentaría éste para recibir las sanciones en el marco de la justicia transicional, teniendo en cuenta que la JEP lo expulsó y ya no lo puede recibir, según su ley estatutaria. 

Vale señalar que esta semana fue aprobada por el Congreso la prórroga de la ley 418, en la cual se faculta al Gobierno para adelantar conversaciones con guerrillas y grupos organizados de delincuencia común. 

Sin embargo, en el debate se rechazó una proposición que presentó la oposición  buscando prohibir  procesos de paz con reincidentes. 

Por ello, a juicio de quienes ven con malos ojos que den una segunda oportunidad a las disidencias y a las reincidencias de ‘Iván Márquez’, la prórroga de la Ley 418 abrió la puerta para que el Gobierno adelante negociaciones de carácter político con esas organizaciones. 

El senador Humberto de la Calle, quien fue jefe del equipo negociador del Gobierno en las conversaciones con las Farc en La Habana, indicó que “no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con ‘Iván Márquez’, ellos tuvieron su oportunidad, creo que el camino que les queda es el del sometimiento”. 

De La Calle se preguntó: “¿qué es lo que se puede negociar con el señor ‘Márquez’ y la Nueva Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? Y, en segundo lugar, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir, que falte a su palabra como lo hizo después de la firma del Acuerdo?”.

Añadió que además darle una segunda oportunidad a las disidencias y a ‘Márquez’ sería un mal mensaje pues las organizaciones criminales creerán que siempre van a tener la posibilidad de negociar con el Gobierno.

Por su parte, el excomisionado para la Paz en el gobierno Santos, Sergio Jaramillo, indicó que “no me parece razonable y me parece incluso una cosa grotesca; es comenzar a darles tratamiento político a esas organizaciones y darlas formalmente de insurgencias y terminar politizando el crimen organizado, que creo que es lo que está ocurriendo”. 

Agregó que “no se les puede dar las mismas condiciones a quienes incumplieron el Acuerdo. El único camino que queda para estas organizaciones es la justicia ordinaria, porque están por fuera del proceso de paz”.

Marco de las conversaciones 

El exmagistrado Jaime Arrubla indicó a EL NUEVO SIGLO, sobre los acercamientos del Gobierno con los distintos grupos al margen de la ley, incluyendo las disidencias y las reincidencias, que “desde el punto de vista legal la Constitución es el marco jurídico, y la Constitución manda a buscar la paz, y ya tenemos varias leyes que son el marco jurídico para esos procesos”.