Un ‘campanazo de alerta’ dieron 24 expresidentes de Iberoamérica sobre el “riesgo constitucional y democrático” en Colombia, aludiendo a que Gustavo Petro dijo en días pasados que es el ‘jefe’ del fiscal General, Francisco Barbosa. Los exmandatarios en un documento manifestaron su apoyo a éste y a la Corte Suprema de Justicia.
La misiva, en la que aparecen firmando los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana, advierte que: “invadir las competencias de la justicia debilita los derechos de cada persona, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Agregan los exjefes de Estado que: “el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del poder judicial y del ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la justicia, dan cuenta de comportamientos que afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa”.
El documento también es firmado, entre otros, por los exmandatarios mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox; así como los chilenos Sebastián Piñera y Eduardo Frei; los ecuatorianos Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad, Lenin Moreno; y el español José María Aznar, quienes hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas.
Los expresidentes “saludan la declaración emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que acompaña al Fiscal General y con la que le salen al paso a lo afirmado por el presidente de la República, Gustavo Petro”.
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Los exmandatarios concluyeron en el documento que: “hacemos votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder, a cuyo efecto, el Grupo IDEA ofrece sus buenos oficios”.
Tras la afirmación del presidente Petro, la Corte Suprema de Justicia produjo un comunicado en donde, entre otros, redactó: “la administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”.