UN CIERRE traumático se presenta del periodo de gobernadores y alcaldes, pues a varios de ellos la Procuraduría y la Fiscalía les abrió recientemente investigaciones. También en las últimas horas se dio la situación con los mandatarios del Valle, Clara Roldán, y de Caldas, Luis Velásquez, a quienes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su arresto porque incumplieron mandatos en actuaciones que lleva a cabo sobre personas desaparecidas en el conflicto armado.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó el “arresto inconmutable” de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, por dos días, debido a que no asistió a una audiencia de seguimiento a medidas cautelares para proteger 36 cementerios en los que habrían sido inhumadas víctimas de desaparición, programada el 28 y 29 de noviembre pasados en Armenia.

La JEP indica en el respectivo auto que la sanción a la Gobernadora se debe a la “falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, a las medidas de protección para las víctimas de desaparición forzada”.

Roldán delegó al subsecretario de Convivencia y Seguridad, William Hernández, para que la representara en dicha audiencia, sin embargo, el funcionario no asistió.

Por ello, la JEP también ordenó el arresto de Hernández Arias por cinco días.

Así mismo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó el arresto del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, al igual que de los alcaldes de Riosucio, Marlon Tamayo, y de Supía, Marco Londoño, porque no atendieron la orden de adoptar medidas cautelares para proteger a las víctimas de desaparición forzada que se podrían encontrar en el territorio ancestral indígena San Lorenzo.

La JEP indicó en el correspondiente auto que “Luis Carlos Velásquez Cardona, gobernador de Caldas, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, alcalde de Riosucio, y Marco Antonio Londoño Zuluaga, alcalde de Supía, actuaron con culpa grave en tanto actuaron con inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime en sus actuaciones”.

El Gobernador de Caldas debe cumplir un arresto de dos días y pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales; mientras que para los alcaldes de Supía y Riosucio el arresto es de tres días y la multa de dos salarios mínimos mensuales.

Otros casos

La Procuraduría anunció el pasado lunes que suspende por 4 meses al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la celebración presuntamente irregular de un convenio por $ 11.955’020.000 para la realización de la Feria de Cali en 2020, que se hizo de forma virtual por el confinamiento en que estaba la población por esa época debido a la pandemia.

Dado que este es un fallo de primera instancia el alcalde Ospina podrá permanecer en el cargo hasta terminar su mandato el próximo domingo.

Igualmente, la Fiscalía citó a Ospina a una audiencia de imputación el próximo 29 de enero, en la investigación que adelanta por el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, que tiene que ver con la Feria de Cali virtual del 2020 y otros contratos que se suscribieron en esa época, como uno para alumbrado navideño.

A principios de noviembre pasado, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, por posibles irregularidades en la suscripción de un contrato con una empresa representada por una presunta aportante a su campaña política, durante la emergencia económica, social y ecológica decretada por Covid-19.

El pasado 13 de diciembre, la Procuraduría profirió pliego de cargos al alcalde de Leticia, Amazonas, Jorge Luis Mendoza, así como a otros tres exfuncionarios y dos interventores de obras, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para la construcción del muelle fluvial de pasajeros de la ciudad, con un presupuesto total de $ 12.600 millones.

El pasado 4 de diciembre, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar; así como a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Jhonson Salcedo, por presuntas irregularidades en la firma del contrato para la construcción del acueducto ‘El Curval’, por más de $ 14.000 millones.

El órgano de control investiga si en los estudios previos elaborados se tuvo en cuenta el impacto que podría generar el proyecto sobre las fuentes hídricas seleccionadas para abastecer, las cuales provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y actualmente presentan riesgo ambiental, como son los ríos Piedras y Don Diego, entre otros.

El pasado 6 de noviembre, la Procuraduría formuló pliego de cargos al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por presuntas irregularidades en la contratación directa de ayudas humanitarias para atender a la población víctima del conflicto armado en ese departamento, en el marco de la pandemia por Covid-19.

En tanto que el pasado 2 de noviembre, la Procuraduría General formuló pliego de cargos al gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de un proyecto por $ 14.133 millones del Sistema general de Regalías, para mitigar los daños causados por el desbordamiento de la quebrada La Perdiz, que atraviesa la ciudad de Florencia, durante la ola invernal de 2021 y evitar así nuevas inundaciones.

No culminaron el periodo

La Guajira: El Consejo de Estado declaró en julio de 2022 nulo el acto de elección del gobernador Nemesio Raúl Roys Garzón por determinar que incurrió en doble militancia. El presidente Petro designó en febrero pasado a Diala Wilches Cortina como gobernadora encargada.

Cesar: El departamento finalizará el periodo con gobernador encargado, pues Luis Alberto Monsalvo Gnecco desde hace más de dos años permanece privado de la libertad con casa por cárcel, investigado por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de esta región del país por 17.000 millones de pesos, en 2015 en su primer gobierno.

También la Fiscalía lo imputó por posibles irregularidades de contratación al amparo de la emergencia por el Covid-19.

Al frente del departamento se mantendrá hasta el próximo domingo como mandatario encargado Andrés Meza.

Arauca: En abril pasado, la Procuraduría General destituyó al gobernador José Facundo Castillo por irregularidades en la celebración de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Arauca (COMFIAR) para la edificación de 240 viviendas de interés prioritario durante su primer gobierno entre 2012 y 2015.

Castillo fue capturado en octubre de 2021 por supuestos nexos con el Eln. Se encuentra privado de la libertad a la espera del juicio en su contra. El mandato lo terminará el gobernador encargado Wilinton Rodríguez.

Neiva: En agosto pasado, la Procuraduría confirmó en segunda instancia la destitución del alcalde Gorky Muñoz por irregularidades en la firma de diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Riohacha: Desde abril pasado se mantiene suspendido del cargo el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntas irregularidades en la licitación pública adelantada para contratar por 30 años la operación, ampliación, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario del Distrito.

Sincelejo: En junio de 2022, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del alcalde Andrés Eduardo Gómez, por incurrir en doble militancia.

Vichada: En julio pasado fue destituido, en fallo de primera instancia, el gobernador Álvaro Arley León Flórez, quien suscribió un contrato por más de $ 1.700 millones con una persona que estaba inhabilitada por haber realizado aportes a su campaña a la gobernación.