A pesar de que la intensidad del conflicto ha disminuido en algunas regiones, persisten las causas del desarraigo de la población.
Por Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
EL ACCIONAR de las bandas criminales y los combates entre el Estado y las guerrillas son las principales causas de que persista durante este Gobierno el desplazamiento forzado, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El año anterior fueron desarraigadas 89 mil personas, según cifras de Acción Social de la Presidencia de la República; mientras que para el Codhes fueron 240 mil ciudadanos.
EL NUEVO SIGLO: ¿Desde las mediciones que hace el Codhes, durante el actual Gobierno ha disminuido el desplazamiento forzado o se mantiene?
MARCOS ROMERO: Nosotros creemos que el tema del desplazamiento en general tiende a seguir igual a los últimos años, es decir, se produjo una desmovilización parcial de los paramilitares, pero eso dejó un mapa de conflicto muy claro en el cual los enfrentamientos entre Estado y guerrillas están concentrados en las zonas de más alta montaña, en las zonas de la selva amazónica, en el departamento del Cauca, en los poblamientos indígenas, en todo el corredor Pacífico.
Y en las zonas de presencia paramilitar ocurre lo que ha denunciado la gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, que es el asesinato selectivo, pero masivo, a manos de lo que se llama las bandas criminales, que son los herederos de los grupos paramilitares.
Entonces en general estas dos dinámicas de presencia paramilitar, de conflicto con la guerrilla siguen generando contingentes de desplazados. El asunto obviamente tiene una configuración territorial que va cambiando, en algunas regiones se tiende a incrementar el conflicto, por lo tanto el desplazamiento, como lo que ocurre ahora en el Cauca, lo que ocurre siempre en Nariño, en el Pacífico, en otras regiones de Colombia en una presencia más de comandos de estos grupos paramilitares; y en otras zonas no hay una intensidad del conflicto como la que había en otra época, por ejemplo, en los montes de María ya no hay los enfrentamientos que se vivían en otra época, pero eso no quiere decir que no se mantenga latente el riesgo del desplazamiento.
ENS: ¿De tiempo atrás no coinciden las cifras sobre desplazamiento que presenta el Gobierno con la de ONG como Codhes, esto también se da con la administración Santos?
MR: El tema de cifras sigue siendo manejado por Acción Social, y el año pasado tuvimos la misma disputa de todos los años en el sentido de que Acción Social presenta un informe provisional como definitivo, pero al final van acumulando los datos porque la gente se sigue registrando, sigue llegando a las personerías, al Gobierno a registrarse con posterioridad a los hechos del desplazamiento, a veces con buen espacio de tiempo, a veces tres meses, a veces las mismas personerías no tienen la capacidad de tramitar las declaraciones, entonces el dato final se acumula pero el Gobierno siempre presenta a fin de año un balance con una cifra un poco parcial, una cifra que no cuenta de la realidad integral del tema, que al final del día casi siempre las cifras de ellos y las nuestras terminan coincidiendo .
Ley de Víctimas
El Codhes espera que ahora que la Ley de Víctimas ordena “una construcción de un sistema un poco más sofisticado ya no solo de desplazados sino del universo de víctimas, pues que el nuevo Gobierno sea un poco más técnico y dispuesto a reconocer todas las víctimas”, dijo Romero.