Transparencia por Colombia expresa su profunda preocupación ante la posible eliminación de la obligación que tienen actualmente los candidatos a cargos de elección popular de entregar sus informes de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ante esta situación EL NUEVO SIGLO habló con Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen por la posible eliminación de la rendición de cuentas de las campañas políticas?

ANDRÉS HERNÁNDEZ: En el artículo divulgado por la Revista Semana se advierte que la sala plena del Consejo Nacional Electoral, al parecer, aprobó una nueva directriz en esa línea, estableciendo que los aspirantes a cargos de elección popular solo tendrían que entregar esta rendición de cuentas a sus respectivos partidos políticos, que serían los responsables de enviar estos reportes a la autoridad electoral a través de Cuentas Claras. De acuerdo con lo divulgado por la publicación, con este cambio el Consejo Nacional Electoral buscaría que las agrupaciones políticas sean más responsables con los candidatos que avalan.

ENS: ¿Qué tipo de riesgos se generarían dentro de la transparencia que debe haber en la financiación política del país?

AH: El artículo 109 de la Constitución Política establece claramente la obligación que tienen los candidatos de rendir cuentas públicamente sobre sus ingresos y gastos de campañas, por lo cual esta obligación no puede ser reemplazada por un reporte que sería intermediado por los partidos políticos y que posiblemente restringiría el acceso público a la información de cada campaña, al no estar disponible en Cuentas Claras. Al eliminar la obligación de reporte de ingresos y gastos de cada campaña, debilitaría las capacidades del Estado para hacer seguimiento a presuntas irregularidades y delitos electorales asociados a la financiación electoral de manera oportuna, pues sin esta información individualizada será aún más difícil ejercer control sobre las campañas.

Igualmente, se generaría un retroceso en los avances logrados por el CNE en los últimos 11 años en materia de seguimiento y auditoría de los ingresos y gastos de campañas, al ser reemplazados por una gran cantidad de documentos en formatos físicos que sería imposible revisar durante el desarrollo de las campañas, por no estar disponibles en Cuentas Claras.

También esta medida pondría en riesgo derechos ciudadanos asociados al acceso a la información sobre el financiamiento de la política como mecanismo para ejercer un voto informado, desconociendo, además, recomendaciones de observaciones electorales internacionales recientes orientadas a fortalecer Cuentas Claras y el reporte de gastos de campañas mediante esta plataforma.

ENS: ¿Ustedes se comunicaron con el CNE al respecto?

AH: Enviamos una carta al pleno de magistrados del CNE expresando nuestra profunda preocupación por este aparente cambio que, de ser cierto, sería un grave retroceso en la rendición de cuentas de los candidatos y un riesgo para nuestra democracia, en particular con miras a las elecciones locales de 2023. No solamente necesitamos el acceso público a los informes de rendición de cuentas de las campañas como lo establece la Constitución, sino también un mecanismo como Cuentas Claras que facilita enormemente el reporte, control y seguimiento a los ingresos y gastos de la actividad electoral.

ENS: ¿Cómo ha contribuido el aplicativo de cuentas claras a reportar esta información de las campañas?

AH: Este aplicativo es una herramienta de gran utilidad para los órganos de control, organizaciones políticas, periodistas, grupos de interés y la ciudadanía en general, para facilitar y fomentar el seguimiento, auditoría y control de los reportes de candidatos. Gracias a este aplicativo, la ciudadanía se ha podido informar para tomar decisiones electorales más acertadas al ejercer su voto, así como identificar posibles riesgos y conflictos de intereses que afecten el adecuado desempeño de los funcionarios de elección popular.

Hacemos un llamado a la ciudadanía, a las autoridades electorales y a los órganos de investigación y control, para defender los avances logrados en la rendición de cuentas de las campañas y herramientas como Cuentas Claras, que ya hacen parte de nuestros procesos de control democrático y de la cultura política del país.