EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan cierto es que se reviviría el frente 53 de la ‘Segunda Marquetalia’, en el corredor Bogotá, Sumapaz, Cundinamarca y Meta?
ARIEL ÁVILA: Es poco probable que exista un frente o una estructura pesada. Puede haber unos tres o cuatro bandidos, locos de esos, que coloquen una bomba. Pero es bastante improbable y, sobre todo, que sea de la llamada “Segunda Marquetalia”, que es la de ‘Iván Márquez’. Esto por al menos tres razones.
Lo primero, es que un frente allí necesita unos frentes de apoyo que tienen que estar en la parte de abajo del cañón del río Duda, más exactamente por los lados de los municipios de El Castillo o Mesetas, en el Meta. Y allí lo que hay es un frente, pero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, que están en guerra con las de ‘Iván Márquez’. Y esto fue público hace más o menos un mes o mes y medio, cuando unos excombatientes tuvieron que salir de allí.
Lo segundo, porque no hay evidencia de la presencia de una estructura pesada. Hay evidencia de una persona que estaría presionando a campesinos de la zona. Y lo tercero, es porque hay una presencia muy alta de la Fuerza Pública.
Entonces, claro que se ha deteriorado la seguridad en el Meta, pero ese anuncio (el del presunto frente 53) parece más un panfleto que otra cosa.
ENS: Usted acaba de lanzar el libro “Mapa criminal en Colombia”. Sobre esa base, una pregunta en torno a una controversia de los últimos días ¿Cuántos integrantes tienen hoy los grupos armados ilegales?
A.V: En Colombia operan 52 organizaciones criminales y la guerrilla del Eln. Es decir, un total de 53 estructuras grandes. En el tema del Eln, operaba en 2018 en 99 municipios y hoy lo hacen en 163. Es decir, se doblaron, sobre todo en el período Duque que hubo un deterioro grande. Las disidencias pasaron de operar en 56 municipios a 123, también se doblaron.
Entonces, sí hay un crecimiento. La pregunta es si ¿ese crecimiento ha traído un crecimiento en el número de personas que hacen parte de esos grupos? Sí ha habido un crecimiento, pero no es desbordado. El Eln, en el mejor de los casos, tendría unas 4000 personas en armas; el ‘Clan del Golfo’ estaría sobre las 4000 o 4500; las disidencias estarán entre las 2300 o 3000… En total, si se negocia con unas siete u ocho estructuras criminales, se les somete a la justicia y se negocia con el Eln, creo que serían unas 20 mil personas en total que saldrían de la guerra.
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ENS: ¿Dentro de esas 20 mil personas están contabilizadas las que están en las cárceles?
A.V: No está contada ahí, pero en el caso del Eln no debe superar las 400 personas, en el ‘Clan del Golfo’ algo parecido, pero no es mucho lo que hay en cárceles.
Dimensión criminal
ENS: El Defensor del Pueblo advirtió de una situación crítica en materia de seguridad regional ¿Qué está pasando?
A.V: Colombia viene afrontando una crisis de seguridad desde hace unos tres o cuatro años, que comenzó o se deterioró mucho en la época Duque y que este Gobierno no la ha podido detener. Hoy (ayer) presentaron la nueva política de seguridad y defensa, vamos a ver qué resultados da.
ENS: Siendo así ¿tiene lógica la tesis del Gobierno en el sentido de negociar con todos los grupos armados, tengan o no estatus político?
A.V: Sí. Lo que he dicho es que negociar con el Eln es un salto político para el país muy grande. Un salto que es acabar con la justificación política de la violencia, es acabar 70 años de un conflicto armado. Pero, estadísticamente eso es irrelevante: el Eln hoy representa más o menos el 10 o 12 % de la actividad criminal.
Entonces, estadísticamente no hay mucho. En cambio, los llamados “grupos criminales de alto impacto”, que son 52, representan el 65 % de la actividad criminal. Es decir, políticamente negociar con ellos no es tan trascendental, pero estadísticamente es muy grande.
Solo cuando uno entiende esto es que se da cuenta de la importancia que tiene negociar con el Eln, pero también intentar someter a la justicia organizaciones criminales.