La última vez que se habló de “fast track” en el Congreso fue cuando la Corte Constitucional avaló este mecanismo excepcional para permitir rápidamente la aprobación de las reformas legales y constitucionales necesarias para implementar el acuerdo con las Farc. Ahora el presidente electo, Gustavo Petro, buscaría este mismo método para tramitar de forma ágil las reformas constitucionales.

El presidente del Senado de esa época, Mauricio Lizcano, señaló en su momento que el "fast track" permitió poner en marcha el acuerdo de paz en un margen de seis meses. Y afirmó, entonces, que el primer proyecto que debía ser tratado era el de la Ley de amnistía.

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente electo se refirió a la propuesta que intentaría implementar el senador Roy Barreras ante el Congreso de la República para el trámite de los proyectos y reformas que tramitarían en el Legislativo, bajo una figura parecida al “fast track”.

“Nuestro ‘Fast Track’ es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes”, escribió Petro desde Twitter.

Las bancadas de gobierno, en cabeza de Roy Barreras, quien será el presidente del Senado en el primer año, están diseñando un mecanismo similar al “fast track” para aprobar los proyectos de la implementación del acuerdo de paz, con el fin de acelerar el trámite de estas iniciativas.

“Estamos diseñando un mecanismo similar al ‘fast track’, que era constitucional para poder aprobar las normas que le dieron vida a la paz, empezando por la JEP, pero no será un ‘fast track’ porque eso requiere una reforma constitucional y no tenemos tiempo para hacerlo”, señaló Barreras.

Por eso el senador confirmó, a través de La W, que se acogerán a las diferentes normas de la Ley Quinta con el objetivo de que los congresistas puedan ser más eficientes en su trabajo.

Del mismo modo señaló que habrá un nuevo “fast track” que, según Barreras, tendría una combinación jurídica de las siguientes normas: “El artículo 138 de la Constitución, el 150 y el 163, estos tres artículos que están ahí desde la Constitución del 91, no se usan siempre con eficacia. Podemos tramitar las normas que constitucionalmente lo permiten de mensajes de urgencia, de mensajes de insistencia, podemos trabajar en las comisiones constitucionales de manera paralela y simultánea. Esa reglamentación de la rapidez del trámite está definida en la Ley quinta, en los artículos 85, 119 y 169, pero además de esta combinación de normas  jurídicas existentes, vamos a agregarle a esa receta de celeridad y eficiencia el uso de la virtualidad para trámites más simples, que está respaldado en el artículo tercero de la Ley Quinta y recientemente en la sentencia de la Corte Constitucional 242 de 2020”.

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 Distintas reacciones sobre el “fast track”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal escribió en su cuenta de Twitter: “Esto es un golpe de Estado. Es la propia dictadura del régimen”.

Por otro lado, EL NUEVO SIGLO conversó con el politólogo Andrés García Carvajal, quien es politólogo de la Universidad de Los Andes, candidato a doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y se ha desempeñado como asesor político de varios candidatos al Congreso, alcaldías y gobernaciones del país.

“Esa es una propuesta que se hace para discutir y lo que la anima son las amplias y contundentes mayorías que tiene el nuevo gobierno que arranca el próximo 7 de agosto. Eso hay que discutirlo más y tener claridad constitucional sobre el trámite de ese impulso, porque realmente no está contemplado en el ordenamiento constitucional en este momento, ni en la Ley quinta del Congreso, saltarse las discusiones reglamentarias de ley”, explicó el politólogo.

“Si hay un consenso muy grande, si las mayorías al interior del Congreso están de acuerdo en lo que se proponen, pues la votación va a tener una discusión muy reducida en ese sentido y estaríamos hablando de un ‘fast track’”.

García recuerda que el “fast track” es un término de la legislación anglosajona que no lo contempla el ordenamiento jurídico colombiano.  “Nosotros tenemos los mensajes de urgencia y de insistencia, y más allá de eso, un consenso político contundente haría que todo ruede en el sentido en el que lo está diciendo el próximo presidente del Congreso”.

“Yo pienso que se podrían tramitar las iniciativas legislativas de las que ha estado hablando el Gobierno como la Reforma Tributaria, aunque hay otras seis reformas este año sin problema pero falta ver la gobernabilidad de la administración en los próximos meses para revisar cómo se articula; hay que ver qué pasa con la economía, cómo sigue el dólar, el crecimiento económico. Hay cosas que pueden pasar y alterar esta luna de miel en la que estamos, que de todas maneras es deseable que un gobierno que arranca tenga la posibilidad de llevar sus iniciativas para darle trámite en el Congreso y eso podría pensar que puede comenzar con el pie derecho”, explicó García.

“En todo caso lo que se está expresando es un sentimiento de mucho optimismo en materia política con relación a la posibilidad que tiene este Gobierno que comenzará el próximo mes de aprobar sus iniciativas legislativas, pero la política es dinámica y hay que esperar a ver qué pasa. No me extrañaría que en lo que nos queda del año de legislatura las cosas vayan con viento a favor de Petro”, advierte García.

Por su parte, el constitucionalista y rector de la Unicoc, Hernán Olano, le dijo a este diario que considera viable el “fast track”. “Porque el Gobierno va obteniendo poco a poco las mayorías dentro del Congreso y eso permite agilizar el trámite de las leyes aunque debilite la posibilidad del debate por parte de la oposición y las audiencias públicas, en las cuales tanto los expertos como el público en general podrían intervenir en la comisiones constitucionales permanentes”.

“Ante el número reducido de leyes que se han venido produciendo en los últimos dos años, lo más conveniente es tener una agenda legislativa fortalecida, en la cual denote efectivamente el trabajo de los congresistas en los primeros meses del Gobierno”, indicó Olano.

Si se usa el “fast track” Olano explica que “esta es una agenda legislativa que viene consensuada, entonces es muy poco lo que puedan hacer las personas, salvo cuando la ley sea aprobada y puedan pronunciarse a través de las demandas en la Corte Constitucional”.

“El periodo de la legislatura que va del 20 de julio al 16 de diciembre siempre es el más activo, y dejar algunos de los proyectos para el segundo periodo del 16 de marzo al 20 de junio hace que habitualmente se hundan y retrasen, particularmente con la agenda que ya se viene, la posibilidad de la aprobación de un Plan de Desarrollo para el cuatrienio del Presidente electo”, sostuvo el constitucionalista.

Olano recordó que, en su momento, la canciller Noemí Sanín solicitó en la administración de Andrés Pastrana el trámite de urgencia para el tratado de límites con Honduras, previendo la demanda de Nicaragua.