EL CAPÍTULO en la Corte Suprema por la investigación debido a la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza en el caso de los congresistas, activada por las afirmaciones del exdirector de ésta, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, de que funcionarios del Gobierno, incluso ministros, supuestamente ordenaron entregar plata a por los menos 17 parlamentarios para que se aprobaran las reformas. El próximo citado a declarar este viernes es el actual director de la entidad, Carlos Carrillo.

En tanto que el próximo 14 de junio el turno corresponde a Sandra Ortiz, quien renunció como consejera Presidencial para las Regiones, después de que Pinilla dijera a Semana que supuestamente fue la “mensajera” para entregar al presidente del Senado, Iván Name, $3.000 millones.

“Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”, dijo el exsubdirector de la Ungrd.

Tras el señalamiento Ortiz respondió que “enfatizo mi rechazo a las afirmaciones calumniosas y, a su momento, llevaré a cabo las acciones necesarias para salvaguardar mi honor”. Mientras que Name sostuvo que “dichas versiones no corresponden a la realidad”.

Pinilla señaló, del mismo modo, personalmente, entregó mil millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle, en su apartamento en Montería. El congresista liberal respondió que “no he tenido relación alguna con dicho contrato ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto”.

El exsubdirector de la Ungrd dijo que los dineros para entregar plata a los congresistas salieron de la contratación para adquirir 40 carrotanques con el fin de llevar agua a La Guajira durante el pasado fenómeno del Niño; por la cual la Fiscalía también abrió una investigación por los sobrecostos por más de $16.000 millones, según la Procuraduría que también adelanta pesquisas.

Pinilla aseguró que “es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle…, la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”.

Sostuvo que tiene información que presuntamente compromete, además de Name y Calle, a 15 congresistas.

Otros funcionarios nombrados por Pinilla de ser supuestos partícipes en este escándalo son los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo; de Hacienda, Ricardo Bonilla; y de Minas, Andrés Camacho. Sin embargo, no entregó en medios detalle sobre su supuesta participación, pues es parte de la colaboración que manifestó quiere tener con la Fiscalía.

Como consecuencia de las afirmaciones de Pinilla conocidas el pasado 3 de mayo, la Sala de Instrucción de la Corte abrió una indagación a cargo del magistrado Francisco Farfán para establecer la veracidad de que congresistas recibieron plata de la corrupción en la Ungrd para que aprobaran las reformas del Gobierno.

Por ello, además de Sandra Ortiz y Carlos Carrillo, la Corte ya escuchó en declaración el pasado 20 de mayo a Carlos González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y el viernes anterior al ministro del Interior, Luis Velasco.

El titular de la cartera política dijo al salir de la Corte, en donde declaró por cerca de cuatro horas, que “nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien y en torno a eso, de alguna manera, se presentó la diligencia de hoy (viernes anterior)”.

Así mismo, el togado Farfán ordenó en el marco de esta indagación otra prueba, una inspección a la Ungrd para recoger información de los contratos para la compra de carrotanques para La Guajira, y al Congreso para obtener las certificaciones del fuero de los presidentes Name y Calle.

Ventilador de López

La indagación en la Corte tuvo nuevos elementos y otros nombres de presuntos responsables del escándalo de corrupción en la Ungrd por las declaraciones a medios de Olmedo López, quien dijo que a él un supuesto cónclave, como lo denominó, de ministros y altos funcionarios, le dio órdenes para que entregaran plata a varios congresistas, y que él transmitió esa instrucción.

López dijo que “este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”. En ese sentido, de manera cruda señaló que “se vendió”. El congresista negó esta versión.

Sostuvo López que esta situación “se inicia a través de instrucciones que recibí, instrucciones que entregué a uno de mis subalternos (Pinilla), y nace precisamente en este tema, el tema de los carrotanques”. Agregó que en estos hechos participaron “ministros, directores de departamentos y congresistas”.

En ese orden, Olmedo López señaló al ministro del Interior en estos hechos. “El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos”.

El pasado miércoles, López tuvo que ser conducido por la policía por orden de la Corte para que dé cuenta de los graves señalamientos que hizo de que al menos cinco congresistas habrían recibido dinero por estos hechos de corrupción. Sin embargo, se acogió al derecho de guardar silencio. “Ejerció su derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, por cuándo debe esperar porque es la Ley 906 la que rige en su procedimiento, no la ley 600”, explicó su abogado José Moreno.

En la Fiscalía

Mañana fue citado por la Fiscalía a interrogatorio Olmedo López por los hechos de corrupción en la contratación en la Ungrd para llevar agua a La Guajira, la principal, la compra de 40 carrotanques por más de $46 millones, por lo cual es uno de los indiciados como responsables.

De igual forma, la Fiscalía espera que López entregue las pruebas de sus afirmaciones a medios de que se sacaron $380.000 millones de esta contratación para darle a congresistas, supuestamente, para aceitar la aprobación de las reformas.

El pasado martes, López y Pinilla asistieron a la Fiscalía a una reunión con las dos fiscales del caso para seguir las conversaciones sobre el principio de oportunidad que han solicitado buscando beneficios penales, a cambio de ser testigos por la plata que funcionarios del Gobierno aparentemente ordenaron entregar a congresistas.

Sin embargo, López en dicha reunión se limitó a repetir lo dicho en medios, a pesar de que la Fiscalía le dio plazo hasta entonces para presentar pruebas, por lo que las fiscales le advirtieron que si quiere beneficios penales debe entregar documentación de esto que manifiesta. También se conoció que le dijeron que, si obtiene principio de oportunidad, no tendrá inmunidad total porque cuentan con acervo probatorio para llevarlo a juicio.

En tanto que Pinilla en dicha reunión sí entregó a la Fiscalía 30 folios con pruebas de lo que ha afirmado, como que a Iván Name, presidente del Senado, supuestamente le entregaron $3.000 millones y a Andrés Calle, presidente de la Cámara, $1.000 millones. Fue notificado que debe declarar el 12 y 13 de junio.

La Fiscalía estudia la información que allegó Pinilla y espera que López haga lo propio mañana. Con base en los documentos definirá si abre investigación a varios ministros y funcionarios que han sido nombrados en este escándalo.

En caso de que la investigación de la Fiscalía determine que participaron ministros del gobierno Petro, el juzgamiento corresponderá a la Corte.