Esta semana la Corte Constitucional tiene previsto emitir un fallo por una demanda contra el acto legislativo sobre la reestructuración de la Contraloría General de la República, que faculta al Presidente de la República para implementar algunos de sus aspectos.

La pretensión principal de la demanda es la declaratoria de inconstitucionalidad de un aparte del parágrafo transitorio del artículo 2° del Acto Legislativo 4 del 2019, en el que además de habilitar al Presidente para regular aspectos sobre el mismo, también realiza una habilitación para regular aspectos de toda la norma con la expresión ‘‘y el desarrollo de este acto legislativo’’, sin que exista, según los accionantes, una delimitación precisa respecto de cuál será la competencia del Mandatario frente a todo el abanico de aspectos.

Los demandantes concluyen que la expresión ‘‘para el desarrollo del Acto Legislativo’ (…) implica una sustitución del principio de separación de poderes y de colaboración armónica en la medida en que el Congreso no se sujetó a los límites estructurales de [aquellos], y en tal sentido, se constató en cambio una extralimitación en las facultades concedidas por el Congreso al Presidente, pues, no existe ninguna limitación material de su ejercicio al conferir simple y llanamente el desarrollo de un acto legislativo cuando este contiene aspectos que son de competencia exclusiva del Legislativo.

Efectivamente, atendiendo ese lapso y la potestad concedida, el Ejecutivo expidió el Decreto Ley 403 del 16 de marzo del 2020, “por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”. 

De hecho, esta normativa ya fue objeto de demanda de inconstitucionalidad y está siendo estudiada por la Corte.

Sin embargo el Ministerio de Justicia en una misiva que envió a la Corte para el estudio de esta demanda, indica que “la jurisprudencia constitucional sostiene que la concesión, en un acto legislativo, de facultades extraordinarias al Presidente de la República no sustituye la Carta Política”.

Explica que en ese sentido, la Sentencia C-1200 del 2003 indicó que “la concesión de facultades extraordinarias en una reforma constitucional no plantea, per se, un problema de unidad de materia o de abolición del principio de la separación de poderes ni de sustitución de la Constitución”.