CON UN plan de acción que incluye desarrollo de empleo digno, autosuficiencia alimentaria y sanitaria, entre otros, los presidentes y cancilleres de 12 países de América Latina y el Caribe buscarán enfrentar la crisis migratoria en la región.

La declaración conjunta, con 13 puntos de acuerdo, la firmaron los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, que se reunieron en Palenque (Chiapas) con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador en el Encuentro de Alto Nivel sobre Movilidad Humana y Desarrollo en América Latina y el Caribe – Cumbre regional sobre migraciones.

Al respecto, María Teresa Palacios, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dijo a este Diario que la cumbre es una buena aproximación y un buen punto de partida para revisar que el tema de la migración de permanencia, pero de tránsito y de la inmigración de personas de diferentes nacionalidades hacia el norte, en este caso principalmente a Estados Unidos, no es una cuestión que se pueda resolver simplemente entre un país, sino que tiene que ver con la planeación de un programa de gobernanza global de la migración, en este caso de la región.

“Me llama la atención que no hubiera asistido Guatemala que es uno de los principales estados que protagoniza estas caravanas migratorias de Centroamérica y que está ubicado en el lugar estratégico del Triángulo Norte Centroamericano. Es necesario que este diálogo se extienda también a Guatemala, pero sin duda un actor crucial para el tema es los Estados Unidos porque ha marcado una política migratoria de contención de los flujos de migrantes centroamericanos y la principal responsabilidad casi que está en cabeza de México. Pienso que por eso es el Estado el que ha convocado esta cumbre”, sostuvo.

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Señaló, además, que aún es prematuro hacer un análisis en aras de determinar si las acciones van a servir o no.

“Claramente se necesita el detalle de las acciones y las implementaciones para conocer si efectivamente se va a tratar de frenar lo que es, por ejemplo, operatividad de redes de tráfico y de trata de personas”, argumentó.

Su preocupación, explicó, tiene que ver con algunas de las críticas que se hace al gobierno de los Estados Unidos de otorgamiento de condiciones de refugiados para venezolanos, haitianos y cubanos entre otros.

“Claramente lo que conocemos es que muchos de los países lo que tienen que implementar es este tipo de acciones de protección internacional para diversas nacionalidades. En ese sentido, si la declaración conduce a que se eliminen este tipo de beneficios en términos de regularización de personas, sería un retroceso de lo que es esa política estadounidense en protección de personas migrantes, entonces no lo veo tan conveniente”, advirtió la experta.

El futuro de las declaraciones

Victor Bernal, profesor de Derecho e Internacionalista de la Universidad Central, dijo a este Medio que los resultados de la Cumbre son rescatables teniendo en cuenta el esfuerzo que están haciendo los países participantes, mismos de los que, a su juicio, sale el principal flujo de población migrante hacia los Estados Unidos.

“Lo fundamental va a ser que cada Estado sea consciente de lo que tiene que hacer porque estas declaraciones lastimosamente muchas veces se quedan en una foto o en un apretón de manos y no cumplen o no se ven materializados los propósitos con los que se fundamentan y en los que están relacionados los esfuerzos que debe realizar cada país”, enfatizó.

En ese sentido sostuvo que el objetivo debe ser pasar de lo protocolario a la acción y ver exactamente cuáles serán los proyectos que cada país va a realizar en pro de cumplir con lo que se comprometieron en esta cumbre.