Este viernes se conoció que la defensa del precandidato presidencial Sergio Fajardo, pidió a las Naciones Unidas apoyo para que la Fiscalía General lleve su caso ante la Corte Suprema lo más pronto posible y así lograr desvirtuar los señalamientos en su contra relacionados con presuntas irregularidades en un millonario contrato.

La solicitud fue realizada por el abogado defensor de Fajardo, Mauricio Pava Lugo, a través de una petición que presentó directamente en Nueva York dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

De acuerdo al abogado defensor,  la Fiscalía General se ha tomado casi cinco años investigando sin formular acusación en contra de Fajardo y sin permitirle ser oído por la Corte Suprema de Justicia.

Del mismo modo, Pava Lugo señaló que pese a que la conducta investigada habría ocurrido en el año 2013, los tiempos que se está tomando la Fiscalía llevarían a que se adelantara el juicio en medio de la contienda electoral para la Presidencia 2022.

“Preocupa que después de cinco años de investigación por una conducta supuestamente cometida en el 2013, los tiempos de la Fiscalía ahora coincidan con los del calendario electoral", dijo el defensor. 

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El caso se relaciona con un contrato firmado por Fajardo cuando se desempeñó como Gobernador de Antioquia (2012 – 2015) en el que se habrían cometido varias irregularidades en el empréstito del Banco Corpbanca S.A a la Gobernación seccional, documento suscrito el 5 de diciembre de 2013.

Para la Fiscalía, Fajardo en su calidad de jefe de la administración departamental y ordenador del gasto firmó un contrato y un pagaré para garantizar el préstamo. 

Según los elementos de prueba revelados por la Fiscalía el pasado 31 de marzo, Fajardo firmó el documento que permitió el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.

No obstante, el ente acusador consideró que la administración paisa de ese momento no realizó los análisis técnicos, financieros y jurídicos que evidenciaran las necesidad de suscribir ese contrato, en moneda extranjera  y tampoco “existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

Ese es el tema más polémico, pues “al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos”, señaló la Fiscalía.

Conocido este argumento, muchos expertos y dirigentes políticos salieron en defensa del precandidato presidencial, pues consideran que “es imposible predecir la volatilidad” del valor del dólar.

Es así como el pasado 5 de mayo ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sergio Fajardo sostuvo: “No acepto los cargos, jamás he cometido delito alguno, ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia.”