Durante su visita a Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa confirmó que, en el transcurso de la semana, anunciará la creación de un grupo especializado en investigación de presuntos actos de corrupción, que se podrían presentar en contratación pública de funcionarios estatales o particulares, durante el próximo periodo de elecciones al Congreso y Presidencia de 2022.

El funcionario indicó que este equipo anticorrupción estará conformado por el Director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía, junto con fiscales y personal administrativo del ente de control, cuyo objetivo es verificar detalladamente las contrataciones de la planta operativa de las entidades y campañas políticas de todos los departamentos.

“No podemos permitir que se estén cayendo las ciudades, que además la inversión pública no se haga y que cuando se haga se la roben y nosotros estemos paralizados desde Bogotá esperando ver en un periodo preelectoral cómo se desaparecen los recursos públicos”, señaló Barbosa.

Asimismo, el fiscal manifestó que la propuesta alerta a la ciudadanía para que denuncie las irregularidades de gestión pública de las administraciones, ya que se observa el detrimento del patrimonio local y las entidades gubernamentales no realizan acciones que mejoren esta situación.

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“Es lamentable la situación en que se encuentran algunas ciudades en espacio público, el nivel de descuido frente al patrimonio histórico que hemos venido viendo en las diferentes ciudades de la costa. El grupo anticorrupción va a entrar de forma directa a verificar qué es lo que está ocurriendo incluso con denuncias públicas o denuncias privadas que hagan los ciudadanos. Queremos invitar a la ciudadanía a que hagan sus denuncias”, precisó.

De igual manera, no descartó que en este grupo puedan tener el acompañamiento de otros organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría, recordando que en anteriores etapas de elecciones a corporaciones públicas, las tres entidades trabajaron mancomunadamente para evitar este flagelo.

“Estamos en un periodo preelectoral, una de las tareas que tenemos, y lo he discutido también y conversado con la Procuradora General y el Contralor General de la República, es la de retomar nuestra mesa anticorrupción en momento de época preelectoral. Lo hicimos en el momento covid, creo que es el momento de retomar esa mesa y vamos a intervenir como lo hicimos”, puntualizó.

Procuraduría emitió recomendaciones

Cabe destacar que el pasado 28 de octubre, la Procuraduría presentó el "Top 10" de recomendaciones que buscan mitigar la participación política de los servidores públicos y particulares que presten sus servicios al Estado colombiano.

La procuradora Margarita Cabello mencionó que este listado busca subsanar el vacío existente por la no expedición de la ley estatutaria que reglamenta el ejercicio de la actividad política por parte de los servidores públicos.

Dentro de las recomendaciones dadas por el órgano de control, se encuentran:

1.    No utilizar la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política.

2.    No acosar, presionar o determinar en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

3.    Evitar usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.

4.    No usar, con los mismos fines, información reservada a la cual tengan acceso por razón de su cargo.

5.    No exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política.

6.    No disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político.

7.    No realizar contribución al financiamiento de partidos, campañas o causa política, salvo las excepciones previstas para los miembros de las corporaciones públicas.

8.    No difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión, y de radio o imprenta pública.

9.    No ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato o indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

10.  Las recomendaciones generales dirigidas a los servidores públicos y a quienes cumplan funciones públicas señaladas en la presente directiva, se extienden a los procesos electorales atípicos que se adelantan en las diferentes circunscripciones locales, departamentales y municipales.