EL PRIMER mes del año ha resultado especialmente complicado para la mayoría de ministros por situaciones que han puesto en duda su gestión, por polémicas en que se han visto o problemas complicados que les han estallado. Incluso perder la sede de los Panamericanos para Barranquilla y por declarar desierta la licitación de los pasaportes tienen caminando en la cuerda floja a la titular del Deporte, Astrid Rodríguez, y al canciller Álvaro Leyva.

Este último fue suspendido el pasado miércoles por tres meses por la Procuraduría por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

El órgano de control señaló que el Canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo: la primera al declarar desierta la licitación “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal” y decretar la urgencia manifiesta para contratar de manera directa una empresa que elabore estos documentos, sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

También está el problema que surgió con Ecuador por el anuncio del presidente Daniel Noboa de la intención de enviar a Colombia 1.500 nacionales condenados en cárceles, incluso expulsándolos. Leyva ha señalado la disposición de Colombia a recibirlos en el marco del acuerdo de repatriación entre los dos países, lo que implica analizar caso por caso.

En lo que corresponde a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, se espera que en la última semana de febrero próximo se lleve a cabo el debate de moción de censura por la pérdida de la sede en Barranquilla de los Juegos Panamericanos de 2027, debido a los incumplimientos del Gobierno con el pago en las fechas convenidas de 8 millones de dólares por los derechos del evento. La Procuraduría investiga a la funcionaria por su presunta responsabilidad.

Circula en los corrillos políticos que el presidente considera pedirle la renuncia a Rodríguez ante la inminencia de que el Congreso la saque del cargo por moción de censura.

En tanto que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sigue de polémica en polémica. La más reciente por los reclamos de las EPS debido al incremento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para 2024, del 12%, que dicen no es suficiente para cubrir los costos del servicio y los medicamentos.

Entonces Jaramillo respondió frente a la discusión por la actualización del valor de la UPC y afirmaciones de que el sistema se está quedando desfinanciado: “Listo, vamos a necesitar más recursos. Entonces no nos ‘jodan’ a nosotros y más bien ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria”.

Esto generó una fuerte polémica, incluso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, restó importancia a lo manifestado por su colega, pues dijo que “dejémoslo a él que divague”.

Así mismo, esta semana el representante Andrés Forero denunció que el Ministerio de Salud dejó vencer, según él con base en documentación que obtuvo, 1.080.416 vacunas pediátricas contra el covid. Dijo que por ello se habría presentado un detrimento patrimonial de más de $ 70.000 millones.

Mientras que el recrudecimiento esta semana de incendios forestales en diferentes regiones puso en el centro de la discusión al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque hay sectores que dicen que el Gobierno no hizo lo suficiente para prepararse por el fenómeno del Niño.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque mencionó que “revelamos que el Gobierno nacional le quitó más de $ 23.000 millones al presupuesto de la Dirección de Bomberos, mientras Gustavo Petro culpa a los alcaldes por los planes de contingencia frente a incendios forestales”.

El ministro expresó ayer que si existe un fondo de bomberos es por una ley de la que fue ponente, “y le puse un porcentaje relacionado con lo que se recauda en venta de seguros en el país en el año, de manera que está definido”.

Igualmente, está la discusión por las dificultades técnicas para enviar los aviones y helicópteros a apagar los incendios forestales. Como es el caso del sistema MAFFS, que se adquirió para este propósito, pero no sirve en todas las aeronaves y además no hay recursos para su mantenimiento, según la FAC.

Otro en centro de polémica

El ministro de Defensa Iván Velázquez sigue en el centro de la discusión por los problemas de seguridad que viven varias regiones del país. Los nuevos gobernadores y alcaldes piden una mayor gestión del Gobierno nacional, así como el incremento de unidades de policía.

El ministro en días pasados convocó un consejo de seguridad de Medellín, donde participó el alcalde Federico Gutiérrez, quien manifestó al final del encuentro: “Lo que hicimos fue expresar las preocupaciones que tiene la gente en las calles, por los hurtos, por la extorsión. He sido muy claro en decir que Medellín y el área metropolitana no pueden depender de la ‘buena voluntad’ de los criminales mientras se habla de la paz total”.

En tanto que esta semana el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que hubo un incremento en la presencia de los grupos armados en los territorios, como el Eln y las disidencias de las Farc. Advirtió que al Gobierno “le quedó grande” la seguridad.

Por su lado, el ministro de Energía, Andrés Camacho, ha tenido que salir a replicar las críticas por el incremento en los costos de la energía y los efectos en las tarifas que se empieza a ver por el fenómeno del Niño. El presidente de Xua Energy, Julio César Vera, dijo ayer que “el precio en bolsa sigue alto por efecto del fenómeno de El Niño que está en pleno desarrollo”.

Camacho sostiene que “hemos tenido, afortunadamente, control de los precios de la energía en bolsa”.

Sin embargo, en días pasados Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones) manifestó su preocupación por los efectos en las tarifas que tendría la medida que contempla la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para adoptar reglas transitorias en el precio de bolsa del mercado de energía mayorista durante el fenómeno del Niño.

De la misma manera, esta semana, las miradas también se dirigieron a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, debido al informe de Camacol en donde dice que en 2023 las ventas de vivienda se contrajeron un 44,9%, jalonadas por el segmento de vivienda de interés social (VIS) que registró una caída del 49,7%. En total se vendieron 106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de $ 20 billones en la inversión en vivienda por parte de los hogares.

La ministra dijo ayer en BLU Radio que “2023 es el año donde se construyeron las viviendas que se vendieron en 2021 y 2022. Eso nos generó unas cifras diferentes”.