TRAS CONOCERSE la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá que ordenó al Presidente y los representantes legales de las entidades del orden nacional y del sector descentralizado, abstener la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005), norma que fue incluida en el Presupuesto General de la Nación (PGN), se han generado varias reacciones en la clase política del país. Mientras que para algunos era esencial para la reactivación económica, otros advirtieron que podrían cambiarse las reglas de juego para las próximas campañas electorales.

Cabe recordar que el fallo considera que el Congreso incurrió en una violación al debido proceso por desconocimiento del principio de reserva, por lo que consideró este hecho para darle la razón al ciudadano colombiano Miguel Ángel Bravo Gutiérrez, quien interpuso una acción de tutela contra el legislativo.

No obstante, el presidente Iván Duque indicó que las observaciones de un togado frente a un orden nacional, incurriría en una violación a la Constitución Política, por lo que expidió el decreto que permitirá que las entidades del orden nacional y organismos territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

“Un juez de la República no le puede decir a un Presidente qué debe o no objetar, porque eso sería violar la Constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con este artículo, obviamente se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”, expresó el mandatario en diálogo con un medio nacional.

Frente a esta situación, EL NUEVO SIGLO dialogó con los directivos de las Federaciones de Municipios, Departamentos, Concejos, y exploró la percepción de mandatarios locales y departamentales, para conocer si esta decisión judicial podría afectar el proceso de reactivación en sus territorios, así como el desarrollo de estos convenios entre Gobierno y entidades del orden nacional.

Respaldo a la legislatura

Inicialmente, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, expresó que esta aprobación por la legislatura ayudará a que las ciudades y regiones puedan superar el impacto social y económico que derivó la pandemia del covid-19, por lo que prorrogar esta decisión afectará el desarrollo de las ciudades.

“Son muchísimos los recursos que se paralizarían y que los necesita el país para hacer toda la inversión social en infraestructura que está pendiente, máxime cuando los alcaldes estuvieron paralizados año y medio prácticamente por la pandemia. Entonces, paralizar ocho meses o un año más, la posibilidad de hacer convenios entre el Gobierno nacional y los municipios y departamentos era un sinsentido, por eso el Congreso lo entendió y lo aprobó”, señaló Toro.

Adicionalmente, rechazó la manera en la que algunas personas usan la figura de la tutela para tumbar la norma presidencial. “Si hay quienes sostienen que se necesitaba que se tramitara bajo una forma u otra, pues tienen la Corte Constitucional para que lo decida, pero recurrir a una tutela es muy descabellado porque, incluso con las normas que en Colombia regulan el uso de la tutela, establecen cuándo es procedente y cuándo no es procedente. En este caso, no es procedente porque dice la ley que se aplica cuando son actos de carácter general”, afirmó.

También, señaló que el actuar de la jueza frente al caso llevó a que no hiciera el análisis detenidamente, por lo que advirtió que “van a haber muchas impugnaciones y, en ese sentido, ella tendrá que pronunciarse nuevamente porque no consideramos que se hayan tenido en cuenta todos los elementos que se deben de tener para tomar una determinación de esa índole”.

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Nada de restricciones a los territorios

De otro lado, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon), Edgar Alberto Polo, indicó que este parágrafo de la Ley de Garantías no tiene mayor efecto para ejecutar la contratación de convenios administrativos, por lo que podrán seguir dando cumplimiento a los planes de desarrollo en los territorios.

“La ley de Garantías sí permite que algunas modalidades contractuales se puedan utilizar para llevar a cabo toda la gestión de la administración. Si recibiéramos toda la contratación, efectivamente sí estaríamos afectando el desarrollo de nuestros municipios, estaríamos frenando la aplicación de las diferentes políticas públicas, las diferentes ejecuciones presupuestales. Pero la ley de garantías no restringe absolutamente la contratación”, aseguró.

El directivo dijo que el actuar del juzgado de Bogotá buscaba “la forma de que la celebración de convenios no se puedan hacer, con el fin de evitar que, a través de estas administraciones, a través de convenios, quieren una modalidad más usual”.

Asimismo, sostuvo que la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, liderada por la Contraloría y la Fiscalía, evidenció que la celebración de convenios es la mayor modalidad de fuga de los recursos, por lo que la jueza quiso, por esa vía, poder reactivar ese inciso de la Ley de Garantías.

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, señaló que, aunque respalda la sanción del presupuesto por parte del presidente Duque, esperarán hasta las últimas circunstancias para saber la decisión que emitirá la Corte Constitucional.

“Aplaudimos que el Presidente haya sancionado la Ley del Presupuesto General de la Nación, ya que va a priorizar la asignación de recursos a los territorios. Sin embargo, vamos a estar pendientes del desenlace que conlleve esta orden judicial”, dijo el funcionario a este diario.

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Opinión de los mandatarios

De otro lado, los administradores departamentales y locales también expresaron sus percepciones sobre esta situación. Para el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, tras la sanción del PGN 2022 por parte el Gobierno nacional,  la decisión judicial no prosperará con éxito.

“Lo que el juez hizo fue una recomendación, mas no una determinación que debe cumplir el mandatario. Tiene razón el Presidente y estamos de acuerdo con que se sancione el presupuesto para el beneficio de los departamentos”, indicó.

Mientras que, para el alcalde de Neiva (Huila), Gorky Muñoz, este falló provocará un gran retraso en las ejecuciones de los proyectos que contribuirán a la generación de empleos y el mantenimiento de otros sectores que fueron afectados con la crisis económica del año pasado.

“Aunque somos respetuosos de nuestro sistema judicial, y de las decisiones que los jueces de la República toman, debemos decir que no poder celebrar convenios administrativos e interadministrativos, por ejemplo con el Gobierno nacional, afectaría el cumplimiento de metas de nuestro Plan de Desarrollo y el inicio de obras importantes para la ciudad, lo que de paso podría afectar la dinámica económica que la obra pública viene generando en el municipio. Esperamos que muy pronto se pueda resolver este tema, en beneficio de todos”, puntualizó.