A TRAVÉS del informe ‘Paz Total, disputas e inseguridad en el primer año del gobierno Petro’ la FIP realizó un diagnóstico y reflexiones de la situación de seguridad y violencia tras el primer año del Gobierno Nacional y ad-portas de las elecciones locales. Este balance integra las dinámicas de los grupos armados, las estrategias de seguridad a nivel local y las percepciones de ciudadanos y líderes sociales sobre lo que pasa y la respuesta del Estado.
“Estamos a tiempo, después de un año de Gobierno, para hacer un alto en el camino y realizar un balance de las acciones, tropiezos y oportunidades. El gobierno del presidente Gustavo Petro recibió un país con un preocupante panorama en materia de seguridad que no ha podido cambiar”, señalan en el informe.
Para ello planteó la ‘Paz Total’, una estrategia audaz de negociaciones simultáneas con grupos armados e introdujo el marco de la seguridad humana como guía central de su política para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, explica el informe.
“Sin embargo, estas apuestas, que comparten la misión de mejorar las condiciones de seguridad y reducir las afectaciones humanitarias, no lograron hacerlo durante el primer año de mandato, como tampoco se rompió la tendencia de ineficiencia institucional en materia de seguridad y convivencia ni asegurar una implementación exitosa del Acuerdo de Paz de 2016”, advirtieron.
Las cinco conclusiones del informe
La FIP destacó cinco puntos o mensajes del balance que, a su consideración, son los más importantes del informe completo.
El primero hace referencia a los grupos armados, aseverando que continúan fortaleciéndose, pero disminuye la confrontación contra el Estado, la infraestructura y los bienes.
“Los grupos de mayor envergadura (Eln, disidencias y ‘Clan del Golfo’) venían de un fortalecimiento progresivo de su capacidad militar y presencia territorial que les permitió consolidar su control en algunas regiones. Este fortalecimiento ha continuado: al finalizar el 2022, el ‘Clan del Golfo’ tenía influencia en 200 municipios, el Eln en 176 y las disidencias en 171. Tal esfuerzo ha sido en aras de garantizar su supervivencia, mas no buscando derrotar al Estado. En el primer año del gobierno Petro se redujeron los ataques contra la Fuerza Pública (47%) y a la infraestructura y bienes (45%)”, explicaron.
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De igual manera, advirtieron que crecen los enfrentamientos entre grupos armados y disminuyen las acciones de la Fuerza Pública.
“Si bien desde la firma del Acuerdo de Paz, la reconfiguración territorial de los distintos grupos generó constantes enfrentamientos, durante el primer año del gobierno Petro estos se incrementaron en un 85%, la cifra más alta de la última década. Hoy hay nuevos focos de disputa en el norte del Cauca, occidente de Caquetá, Huila y el nordeste antioqueño, y se reactivaron las disputas en Putumayo y la zona urbana de Buenaventura. Mientras tanto, las acciones de la Fuerza Pública (combates y bombardeos) contra los grupos armados continuaron disminuyendo, llegando al 47%, lo que se explica por la apuesta del Gobierno de privilegiar la negociación con los grupos armados”, señalaron.
Por otra parte, indicaron que han bajado los homicidios, pero permanecen y aumentan otro tipo de afectaciones a los ciudadanos.
“Parece que seguimos atrapados en un sistema que no permite entender de manera diferenciada la forma en que ocurren estas afectaciones y su impacto en las zonas urbanas y rurales. Sin una ruta estratégica para reducir el homicidio y otros delitos, la idea de un país “potencia mundial de la vida” sigue siendo una aspiración mas no un logro de política tangible. El país sigue privilegiando el rol de una sola institución ‒la Fuerza Pública‒ que invisibiliza a otros organismos de control, a las inspecciones de policía, las comisarías de familia y las propias alcaldías y gobernaciones, cruciales para resolver conflictos y garantizar los derechos”, advirtieron.
En el cuarto mensaje destacaron que hay desarticulación entre la política de seguridad y la política de paz y, por último, afirmaron que la ‘Paz Total’ avanza con el Eln. Las demás negociaciones tienen impedimentos jurídicos.
“Discursivamente hay un avance importante, pero aún no se evidencian estrategias concretas a nivel territorial para hacerle frente a la violencia y el crimen organizado”, sostuvo la FIP.