Que el martes las comisiones segundas de Senado y Cámara debatirán por fin el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú, aseguró la semana pasada el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.
El congresista antioqueño, presidente de la Comisión Segunda del Senado y uno de los coordinadores de ponentes de la iniciativa, consideró que se debe honrar el compromiso adquirido por el presidente Iván Duque al suscribir el tratado en diciembre pasado.
Entre tanto, el jueves, el procurador Fernando Carrillo pidió una deliberación transparente para el trámite del proyecto, anotando sobre los peros expuestos por dirigentes gremiales que “si bien entendemos que hay unos intereses económicos legítimos detrás de la oposición al Acuerdo de Escazú, que se de el debate abiertamente y que contrastemos las opiniones en un escenario transparente de deliberación, porque también, fuera de los intereses legítimos, están todos aquellos que se benefician de la explotación indiscriminada del medio ambiente”.
Opiniones divididas
El propósito central de la iniciativa es facilitar la veeduría ambiental ciudadana sobre los proyectos de desarrollo, pero ha terminado imbuida en un pulso entre los gremios, el Ejecutivo y los activistas que defienden los recursos naturales. ¿La razón? Los sectores productivos advierten sobre los alcances de algunas de las normas de dicho Acuerdo, considerando que podría dificultar proyectos e inversiones, prevención que no comparten la Casa de Nariño ni los defensores ambientales.
El articulado ya tiene desde hace una semana ponencia positiva de los congresistas Carlos Ardila (Partido Liberal), Lidio García (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS).
Se especula sobre si se estaría preparando un informe pidiendo archivar el proyecto por parte del resto del grupo de ponentes: Juan David Vélez (Centro Democrático), José Luis Pérez (Cambio Radical), Ernesto Macías (Centro Democrático), Berner Zambrano (La U), Anatolio Hernández (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Gustavo Londoño (Centro Democrático), Mauricio Parodi (Cambio Radical) y Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador).
No hay problemas de tiempo porque tiene mensaje de urgencia, pero la aprobación de Colombia sería vital para el tratado ya que entrará en vigor 90 días después que lo ratifiquen 11 países y van 10 (Guyana, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Argentina).
Extraoficialmente se prevé que el proyecto tenga siete votos en contra de los congresistas del Centro Democrático, eventualmente uno del MIRA y quizás cuatro de Cambio Radical, a juzgar por la columna del fin de semana del exvicepresidente Germán Vargas Lleras (en la que dijo que, “por fortuna, cada día son más las voces en el Congreso que se preguntan sobre la conveniencia de ratificar este peligroso instrumento”). Eso sumaría 12 votos en contra.
Decididamente a favor habría cinco votos: uno del Polo Democrático, dos del MAIS, dos de la Alianza Verde y cinco liberales, para un total de 10.
La definición quedaría en los ocho votos restantes, tres del Partido Conservador y cinco de La U.
Mensaje de urgencia
Hace un mes, en su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú, el cual firmamos a finales del año pasado”.
La iniciativa, radicada con mensaje de urgencia en 20 de julio por los ministros de Relaciones Exteriores (Claudia Blum), Interior (Alicia Arango), TIC (Karen Abudinen) y Cultura (Carmen Inés Vásquez), así como los entonces jefes de la carteras de Justicia (Margarita Cabello) y Ambiente (Ricardo Lozano), es la número 265 de 2020 Cámara – 57 de 2020 Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.
El presidente Duque calificó la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno nacional inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental.
El 12 de diciembre pasado, al liderar el acto de divulgación en la Casa de Nariño, el presidente Duque calificó la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno nacional inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental.
Un día antes, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el Acuerdo, el primer tratado regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
Durante el acto de divulgación de la firma del Acuerdo, Duque destacó tres de los elementos clave que el tratado ayuda a promover: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental, temas en los que el país muestra ya importantes avances.
Debate ambiental
Semanas atrás, durante una audiencia virtual adelantada de cara a la preparación de la ponencia, el exministro Manuel Rodríguez señaló la carencia de mecanismos reales de participación ciudadana que tiene Colombia, como también de la justicia ambiental, considerando equivocadas las reservas de los empresarios “que claramente consideran que la participación ciudadana –que es un derecho fundamental de nuestra Constitución– es un obstáculo”.
Por su parte, Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica del Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad del Rosario, precisó que es necesaria la coordinación entre las entidades públicas del medio ambiente, así como consolidar sistemas de información que sean actualizados, confiables y abiertos, para promover una verdadera política ambiental.
Carmen Candelo, del Fondo Mundial para la Naturaleza, solicitó que se tenga en cuenta la necesidad de fortalecer las capacidades de las comunidades para seguir trabajando en pro del ambiente y los territorios. “El Acuerdo de Escazú se ratifica desde esta voz de las comunidades locales para superar la crisis ambiental y la crisis de los derechos en los territorios”, expuso.
El senador Sanguino le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hay un buen ambiente en el Congreso”, donde “todas las bancadas han manifestado su respaldo”, aunque “curiosamente la bancada de Gobierno es la que menos entusiasta ha estado”.
“En general, ninguna de las bancadas ha manifestado su oposición al proyecto, aun cuando hay un lobby muy intenso por parte de algunos sectores empresariales, particularmente el Consejo Gremial Nacional tratando de sabotear el trámite del proyecto, pero como es un compromiso público del Gobierno esperemos que avance y sea aprobado sin mayor dificultad”, anotó.
La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, integrante de la Comisión Segunda del Senado, consideró que el Acuerdo de Escazú “nos pone ahora entre las pretensiones de la izquierda y los promotores de las marchas del año pasado, y la soberanía del país (esta vez, de verdad); y las necesidades de diferentes sectores productivos”.
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Holguín recordó que “gremios como Fenavi, la Asociación Colombiana del Petróleo y la ANDI presentaron concepto desfavorable y le solicitaron al Gobierno del presidente Iván Duque que se archive la iniciativa”.
También voceros de la Federación de Cafeteros, Fedearroz, Fedepetróleo, Fedegán y el Consejo Gremial han considerado que es una forma de ceder soberanía y han propuesto fortalecer la regulación interna y “no someterse a jurisdicciones internacionales”.
Holguín recordó que “gremios como Fenavi, la Asociación Colombiana del Petróleo y la ANDI presentaron concepto desfavorable y le solicitaron al Gobierno del presidente Iván Duque que se archive la iniciativa”.
En la mencionada audiencia, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, resaltó que al sector productivo el Acuerdo le genera serías preocupaciones sobre la participación o consulta previa, que ha probado ser una gran aporte, pero también ha sido una traba para el desarrollo del país, puntualizando que “el espíritu del Acuerdo es loable, pero Colombia debe aplicar las leyes que ya existen” e insistiendo en que “desde el sector privado y agricultor este acuerdo genera muchas dudas”; en tanto que Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, invitó “a que se revise su contenido antes de su ratificación”.
Sobre el argumento de la existencia de normas sobre la materia en la legislación colombiana, durante la audiencia Lina Muñoz, directora de la Especialización y Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad de Rosario, expresó que “desde el punto de vista del Derecho Constitucional y Ambiental colombiano, si bien es absolutamente cierto que nuestra legislación establece derechos y garantías sobre los tres derechos de acceso planteados en el Acuerdo de Escazú, el énfasis de este Acuerdo no se encuentra en el reconocimiento, sino en la implementación”.