El próximo mes de noviembre se cumplirán cinco años de haber sido firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc. Hasta el momento uno de los aspectos más polémicos ha sido la implementación, pues el Partido Comunes y otros sectores de la oposición han señalado que la administración Duque no ha avanzado lo suficiente; en tanto que el Gobierno dice lo contrario, y muestra para ello cifras sobre proyectos productivos y otras ayudas a los más de 10 mil excombatientes que se acogieron a este pacto, así como los progresos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDT) en 170 municipios.
El asunto es que para la última legislatura de este Congreso, que se iniciará el próximo 20 de julio, se anuncian debates de control político al Gobierno sobre el tema de la implementación citados por la oposición, en el que pedirá al Ejecutivo cuentas al respecto y es previsible que haga varios reparos.
Hace unos pocos días el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, hizo un balance de la implementación del Acuerdo, a propósito de la presentación del informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre la Misión de Verificación de ese organismo en Colombia, en el cual se destacó que pese a la intensidad de la pandemia, son evidentes los avances en frentes como el apoyo a las víctimas, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos y los PDET.
Archila dijo sobre el referido informe de Naciones Unidas que “nosotros aceptamos el llamado a continuar trabajando como lo venimos haciendo en todos los componentes de la implementación, particularmente exitoso en materia de respaldo a las víctimas, de sustitución voluntaria de cultivos y en Desarrollo Rural Integral”.
“En reincorporación vamos más allá de lo establecido en el Acuerdo. Aunque todos los apoyos para ellos estaban por terminar en agosto de 2019, incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo que seguiríamos por todo el tiempo necesario, en la medida que se mantengan en la legalidad”, expresó el consejero Archila.
Explicó que este Gobierno ha destinado $16.000 millones para la compra de 18 predios con el fin de avanzar hacia la consolidación de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Aquí habitan 2.579 excombatientes y sus familias.
Agregó que el Gobierno definió una estrategia para acceso a tierras para proyectos productivos y vivienda para las personas en proceso. Se destinaron USD 4.2 millones para compra de predios a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), “por lo que podemos decir que éste es el proceso de reincorporación más garantista del mundo. A través de las rutas habilitadas por el Gobierno Nacional y el apoyo en un predio por gestión de corresponsabilidad se han habilitado un total de 1.373 ha y que benefician 2.095 personas en reincorporación y sus familias”, dijo.
Agregó que más de la mitad de las personas en proceso de reincorporación (6.409) quiere optar por un proyecto colectivo o individual. Ya a mayo de 2021, se cuenta con un total de 2.799 proyectos productivos (colectivos e individuales) aprobados, los cuales vinculan a 6.687 personas en reincorporación (5.007 hombres y 1.680 mujeres), por un valor total de $66.121 millones, de este total $53.482 millones corresponden al apoyo del Presupuesto General de la Nación. La reincorporación económica acredita una población de 13.998, y el monto desembolsado por el actual gobierno asciende a $304.378 millones.
Dijo también Archila que en el informe (de Naciones Unidas) se reconoce, “como lo hemos venido señalando en varias oportunidades que las disputas entre actores armados ilegales por el control social y territorial continúan afectando a comunidades, defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes. De manera que se reitera que el país y el mundo sabían que se firmó el acuerdo en medio de otras violencias, las cuales no iban a terminar por el hecho de firmar con las extintas Farc-EP. No puede aducirse la persistencia de otras violencias al no cumplimiento de alguna previsión del Acuerdo”.
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Debates de control
El senador Carlos Antonio Lozada, del Partido Comunes, explicó a EL NUEVO SIGLO que en la pasada legislatura solicitaron hacer un par de debates de control político al Gobierno sobre aspectos puntuales del Acuerdo, pero finalmente no se materializaron.
"Desde tiempo atrás están aprobadas proposiciones sobre el tema del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) y otro sobre reincorporación. El del PNIS en el Senado y el de reincorporación en Cámara, pero nunca los han agendado".
No obstante dijo que en la próxima legislatura seguramente insistirán en hacer debates de control político acerca de estos y otros aspectos del Acuerdo de Paz.
"Nosotros siempre hemos sido bastante críticos porque consideramos que el Gobierno de Iván Duque se dedicó a generar una idea confusa y equivocada de la implementación del Acuerdo, y le hizo creer a la gente que su política de Paz con Legalidad se correspondía con la implementación del Acuerdo, y eso es una falacia" pues, aseguró, que Paz con Legalidad lo que ha hecho es desvirtuar la esencia del Acuerdo, "tratando de reducirlo al tema del desarme y la reincorporación que, entre otras cosas, tampoco es que haya dado muy buenos resultados”.
Dijo también el Parlamentario que no hay avances en materia de la reforma rural integral. Agregó que "el Gobierno no ha presentado ningún proyecto que desarrolle la reforma política pactada, al contrario ha buscado bloquear, por ejemplo, el tema de” las 16 curules de la circunscripción especial de paz.
Agregó que en el punto tres sobre garantías de seguridad "tampoco vemos resultados, van más de 275 compañeros nuestros asesinados".
En cuanto al PNIS aseguró el Legislador que "está totalmente paralizado porque a pesar de que se le ha cumplido más o menos al 60% de las familias en la mesada mensual, realmente no hay proyectos de sustitución que les permita generar una economía propia”.
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Momento crucial
Su parte el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) dijo este medio que "estamos en un punto crucial de la implementación del acuerdo de paz porque se está avecinando el momento, para mencionar solamente uno de los temas, en qué se deben proferir distintas decisiones trascendentales de la jurisdicción especial para la paz, por una parte. El informe de la comisión de esclarecimiento de la verdad que por ley debe ser presentado en noviembre, ahora se está pensando en solicitar una prórroga, como ya lo ha dicho el consejo de estado".
"Pero también el momento en que debe entrarse a poner en obra las 16 circunscripciones electorales. Así que a 5 años del acuerdo llegamos a un punto en el cual hay que entrar en decisiones y actuaciones que requieren toda la voluntad del gobierno, cosa que veo que está bastante ausente porque el gobierno ha persistido en esta idea de que lo suyo no debe ser la implementación del Acuerdo de Paz sino la política de paz con legalidad, lo que es una cosa totalmente diferente".