Es importante que la Comisión de Inteligencia integrada por parlamentarios empiece a funcionar en forma para ejercer el control político que la ley le confiere sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia a cargo de los organismos de seguridad.
Así lo señaló el senador Juan Manuel Galán, uno de los artífices de la expedición de la Ley 1621 de 2013, la cual estableció un marco para el desarrollo de las actividades de inteligencia por parte del Estado con el fin de prevenir que se repitan hechos como las interceptaciones ilegales que adelantó el DAS, hoy en liquidación, contra magistrados de la Corte Suprema, periodistas y políticos de oposición en el gobierno de Álvaro Uribe.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué ha pasado en este Parlamento con la Comisión de congresistas para seguir las actividades de inteligencia y de contrainteligencia?
JUAN MANUEL GALÁN: La Comisión está conformada y entiendo que estaban en el proceso de seleccionar al secretario de la Comisión porque tiene que pasar unos controles, unos filtros, para la confiabilidad de la persona y el funcionario en cuanto a las sesiones que tendrá que desarrollar la Comisión de Inteligencia.
ENS: ¿En el pasado Congreso alcanzó a funcionar dicha célula tras entrar en vigor la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia?
JMG: Sí se alcanzó a conformar, tuvo una sesión, recuerdo, a raíz de esa coyuntura que se presentó de un escándalo relacionado con Andrómeda. Se convocó y se citó, la Comisión sesionó, pero de ese momento para acá no ha vuelto a sesionar ni a funcionar.
ENS: ¿Sin embargo, los últimos hechos revelan que las interceptaciones ilegales han continuado en el país?
JMG:Pues es muy importante que el Congreso ejerza su función de control político a través de la Comisión y que rápidamente empiece a funcionar.
ENS: ¿Cuando se tramitó esa ley en el Congreso se dijo que sería un gran escollo para que siguieran las chuzadas, pero hoy lo que se ve es que se mantiene este fenómeno?
JMG:Pues digamos que la Ley en sí misma no evita que esto se pueda presentar, pero cuando se presenta es más fácil establecer responsabilidades y poner en marcha los controles que permitan establecer esa responsabilidad rápidamente y las sanciones a que haya lugar. Ese es el fin que tiene la ley.
ENS: El monitoreo que pueden hacer las autoridades sobre el espectro electromagnético sin que constituya interceptación de comunicaciones sigue siendo uno de los aspectos más polémicos de esta norma...
JMG:Pues la Ley es muy clara en definir cuáles son las modalidades de interceptación de comunicaciones, una es la interceptación dirigida a una persona o a un grupo de individuos específicos en donde debe mediar la orden de un juez y se deben cumplir unos requisitos para que el juez apruebe la interceptación, que es que haya una misión de inteligencia debidamente aprobada, que haya indicios de que una persona está involucrada en actividades criminales o delincuenciales, y que no vaya a ser objeto de seguimientos o interceptaciones simplemente por ser un periodista, por ser un magistrado, por ser un defensor de derechos humanos, por ser de una ONG, por su credo político o su credo sexual.
Y la otra modalidad es la que menciona del barrido del espectro electromagnético, que la desarrollan las Fuerzas Militares, la Fuerza Pública, en desarrollo de operaciones, en donde deben hacer ese barrido de todas las comunicaciones para frustrar planes criminales que se estén intentando llevar a cabo.
Lo que nosotros establecimos como regulación de ese tipo de interceptaciones abiertas es que todas las demás comunicaciones que queden recogidas de ese barrido electromagnético, no pueden en ningún momento ser guardadas, archivadas o utilizadas. Deben ser destruidas de inmediato.
Es decir, solamente la información relevante, la información aprobada en una operación es la que puede utilizar la Fuerza Pública. La demás, la deben destruir y no la pueden archivar.
Condena a Hurtado
Haciendo referencia a la condena a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por su responsabilidad en las chuzadas, el Senador liberal dijo que “es muy grave que los organismos de seguridad del Estado, los recursos del Estado, las herramientas técnicas y humanas del Estado sean utilizadas con fines políticos para favorecer un régimen político y no para defender los derechos humanos de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones democráticas. Cuando un gobierno utiliza esos instrumentos y esas instituciones con fines políticos o con fines de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia, como fue el caso del DAS en la época del expresidente Uribe, eso tiene consecuencias, estamos viendo las consecuencias”.