El crimen en días pasados en la costa norte contra el periodista Rafael Moreno deja de nuevo en entredicho las garantías que hay en el país para realizar este trabajo. Había denunciado amenazas en su contra y tenía medidas de protección.

Sin embargo, Jonathan Bock, director ejecutivo en la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), dijo que la protección era insuficiente, al tiempo que alertó sobre la impunidad que se presenta frente a las denuncias que hacen los periodistas por amenazas ante la Fiscalía.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué dice la FLIP que el periodista Moreno es el primero asesinado bajo la protección del Estado? 

JONATHAN BOCK RUIZ: Es el primer caso donde un periodista protegido por la Unidad Nacional de Protección, del mecanismo de protección a periodistas con un esquema asignado, termina siendo asesinado, y creo que esto lo que deja también sobre la mesa son las profundas fallas que hay en el mecanismo de protección, porque en este caso no se tomaron las medidas que él necesitaba, acordes al riesgo. 

Rafael empezó en 2019 a recibir amenazas, de ahí acudió al mecanismo de protección, y en un principio si bien le asignaron medidas, se las fueron retirando a lo largo de los últimos tres años, a pesar de que él seguía mostrando las amenazas que recibía, a pesar del grave contexto de violencia de Puerto Libertador y el sur de Córdoba, a pesar de los intentos de organizaciones como la FLIP, que le pedían a la UNP la necesidad de reforzarle el esquema a Rafael.

Sin embargo, estas medidas se las fueron retirando, hasta el punto que la decisión que tomó la Unidad Nacional de Protección en julio de este año fue que él solamente iba a tener un hombre de protección, un chaleco antibalas y un botón de pánico. 

El problema es que al solo tener un hombre de protección, los escoltas necesitan descanso y hay tiempos en que el protegido no tiene esa seguridad y ese acompañante, como resultó en el momento cuando fue asesinado, que estaba solo.

ENS: Lo que no se entiende es si el problema de seguridad de los periodistas tiene tanto tiempo, dicen que este comunicador es el primero que es asesinado bajo medidas de protección del Estado, ¿es que los otros no tenían protección? 

JBR: Los otros periodistas que han sido asesinados no tenían medidas, en algunos casos porque no tenían amenazas previas o porque estas amenazas no habían sido puestas en conocimiento de las autoridades. Desde el 2012, que es cuando se crea la Unidad Nacional de Protección.

ENS: En la FLIP tienen un teléfono para que los comunicadores denuncien amenazas, ¿qué tanto se utiliza? 

JBR: Recibimos todos los días casos de denuncias por diferentes presiones, amenazas, mensajes que les llegan a los reporteros. Es un canal de comunicación bastante movido y, sin embargo, también estamos seguros de que es un subregistro. El número total de amenazas que en lo que va del año hemos recibido es de 177; los periodistas nos reportan mensajes que les llegan a los teléfonos o llamadas, o mensajes en físico que reciben.

Esto es parte de la documentación que hacemos y todos estos casos, siempre que el periodista así lo desee, son puestos en conocimiento de la Fiscalía, y desafortunadamente la impunidad en las investigaciones cuando se trata de amenazas es prácticamente del 100%, es decir, que no hay ningún avance en esas investigaciones cuando un periodista recibe amenazas.

Por eso el caso de Rafael es tan emblemático, porque muestra que había recibido siete amenazas, había sido mencionado en un panfleto por un grupo armado, mensajes de texto a su teléfono. Esas amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, del Concejo Municipal de Montelíbano; sin embargo, la reacción por parte del Estado fue insuficiente.

ENS: En cuanto a los ajustes que han hecho las autoridades en los protocolos para la protesta social, con el fin de que si hay desórdenes el Esmad sea el último recurso, ¿se facilita o dificulta el trabajo de los periodistas? 

JBR: Todavía es pronto para saber si efectivamente hay un cambio y que haya mejores condiciones para que los reporteros puedan cubrir las manifestaciones sociales y las protestas. Las manifestaciones del 2021 fueron un período sumamente violento y agresivo para la prensa, donde registramos más de 300 ataques contra periodistas.

Entonces tendremos que ver cómo estos cambios al interior de la Policía, lo que se está buscando ajustar con el Esmad, si esto efectivamente termina generando que haya más garantías para los medios de comunicación.