Si bien tras la firma y el arranque de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, suscrito en 2016, los indicadores de la violencia se redujeron en varias zonas en donde operaba esa guerrilla, en los últimos tiempos los hechos violentos en diferentes regiones del país han crecido notoriamente, sobre todo los relacionados con el asesinato de líderes sociales, campesinos, excombatientes y una serie de ataques contra las Fuerzas Militares.
EL NUEVO SIGLO dialogó con Camilo González Posso, director de Indepaz, uno de los centros de estudio y monitoreo de los fenómenos de violencia regional respecto a qué es lo que está pasando.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué balance hace de la implementación del acuerdo de paz?
CAMILO GONZÁLEZ POSSO: El acuerdo ha facilitado una disminución de indicadores de violencia y de violaciones al derecho internacional humanitario, de manera significativa. Pero las alarmas ya están prendidas nuevamente en algunas zonas y existen algunas acciones muy débiles en su implementación.
Los conflictos en la cúpula del poder alrededor del acuerdo y la estigmatización del mismo están facilitando una reorganización de violencias en los territorios. Las mafias del narcotráfico y los grupos armados están reorganizando una dinámica criminal en muchos territorios. La paz en las ciudades está preservada sobre todo porque hay una voluntad ciudadanía muy grande de convivencia, eso lo muestran los indicadores, pero hay una gran insuficiencia y debilidad en las políticas públicas.
ENS: En cuanto a personas asesinadas en el posconflicto ¿Qué registra Indepaz?
CGP: Aunque no ha salido el último informe, tenemos un registro desde la firma del acuerdo de paz: el asesinato de líderes asciende a más de 1.200 personas, mientras que el asesinato de excombatientes que están en proceso de reincorporación suma ya 291 víctimas. Esas son cifras supremamente graves, pero al lado de eso, también es grave la situación de desplazamiento, que se ha disparado.
ENS: ¿Se puede concluir, entonces, que se firmó un acuerdo muy frágil?
CGP: Me parece que la gran debilidad es la falta de liderazgo desde las instituciones de gobierno para asumir los compromisos. Es allí donde está la mayor debilidad porque la sociedad respalda el acuerdo, las encuestas superan el 70% y muchas manifestaciones nacionales e internacionales de respaldo se han presentado. Pero en Colombia, la debilidad no solamente es del liderazgo del Gobierno, también está en la fractura del régimen, en la “cúpula del régimen”, de eso que hablaba Álvaro Gómez Hurtado. Hay una fractura en esas élites que están en una pugnacidad, donde un sector desconoce la legitimidad del acuerdo y otro llama solamente a revisarlo para dejarlo en un acuerdo de desmovilización.
ENS: ¿Qué opinión le merece la reciente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia?
CGP: En primer lugar, hay que leerlo como un respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a un proceso interno que está trabajando en la no impunidad, de allí que se debe respaldar esa institución.
ENS: ¿Se cumplirá el objetivo de que las 16 curules de paz queden en cabeza de las víctimas?
CGP: Es un gran logro, a pesar de que sea tardío y se vencieron los obstáculos de oposiciones de los sectores fuertes de la coalición de gobierno. Particularmente el Centro Democrático y el propio Presidente trataron por todos los medios de hundir esa circunscripción, pero afortunadamente la sentencia de la Corte obligó a que se acabara todo tipo de dilaciones y se garantizarán por dos periodos estas circunscripciones que les vendrán bien a las víctimas. Resta ahora revisar bien su aplicabilidad, se debe evitar la llegada de ‘intrusos’ que no corresponden a la misión de dichas curules.