LA DIFÍCIL situación de orden público y seguridad en varias regiones es una de las principales preocupaciones de los alcaldes y gobernadores, que han pedido al Gobierno nacional más presencia militar y de policía en sus territorios. También varios de ellos porque no aparecen las soluciones y acosados por lo que ocurre, tomaron medidas o plantearon propuestas, algunas de las cuales generaron polémica y otras llamaron la atención por lo novedosas.

En la pasada cumbre de gobernadores, que se verificó en Montería (Córdoba) el 13 y 14 de este mes, denominada “Por una transición energética responsable y una paz con seguridad”, los mandatarios insistieron al Gobierno central en que se suspenda el cese el fuego con los grupos armados, como ya hizo desde marzo pasado para el caso de las disidencias en Cauca, Nariño y Valle, porque la medida no ha disminuido la violencia y, en cambio ha servido que el fortalecimiento de esas organizaciones sin que el Ejército pueda actuar.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, dijo que “jamás tendremos seguridad si no hay inversión. Los gobernadores hemos sido absolutamente claros con el Gobierno nacional y le hemos solicitado, como lo hicimos en Pereira, la suspensión al cese al fuego que hay en el país, departamentos como el nuestro se ven afectados por la suspensión del cese al fuego que se hizo solamente en el Cauca, en el Valle y en Nariño.

Ya en mayo pasado, el gobernador de Antioquía, Andrés Rendón, le había pedido al Gobierno levantar el cese el fuego también en su departamento porque, señaló que los grupos armados lo incumplen y, entre otros, siguen reclutando menores de edad, mientras el Ejército tiene “que pararse en lo alto de una montaña a divisar si con quién van a entrar a confrontar, tiene un brazalete del Clan del Golfo, a quienes sí pueden atacar, o por el contrario, son del autodenominado Estado Mayor Central (disidencias de las Farc) o Eln”.

El mandatario paisa también propuso crear 25 escuadrones militares y policiales distribuidos en las nueve subregiones del departamento, equipados con recursos de movilidad, tecnología y logística para fortalecer la capacidad de reacción.

Igualmente, a principios del año, planteó revivir los frentes de seguridad ciudadana para combatir la delincuencia, los cuales advirtió no serían armados. Sin embargo, la iniciativa generó debate, incluso desde el propio Gobierno, que vio que esos grupos pudieran degenerar en situaciones como las Convivir de los años 90, que algunas de ellas fueron una de las semillas para la conformación de grupos paramilitares.

También, Rendón pidió a los alcaldes un listado de las “casas de vicio” (donde se vende estupefacientes) en sus municipios para demolerlas; así como planteó “gerencias contra el delito”.

En tanto que en Atlántico el gobernador Eduardo Verano logró que la Asamblea aprobara de la tasa de seguridad $600.000 millones a diez años para el mejoramiento de la capacidad de reacción, infraestructura física, tecnología y comunicaciones de los organismos de seguridad y justicia en Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla.

También esta Administración trabaja en el proyecto de ordenanza que asegura recursos para el fortalecimiento de la Fuerza Pública en los 18 municipios del departamento.

Más propuestas

La violencia de las disidencias que afecta a varios municipios del Cauca también se empieza a sentir en la capital Popayán, donde hace unas semanas detonaron explosivos cerca de la estación de Policía.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, propuso que el Gobierno nacional, instituciones de derechos humanos, alcaldes y gobernadores de la región, “que nos unamos en una mesa redonda para poder sumar a todas las personas y así como Nariño tiene una mesa de ‘paz total’, una mesa de paz de la región, también hacer una mesa de diálogo regional en Cauca con todos los actores al margen de la ley, con los grupos políticos, sociales, con toda la institucionalidad”.

En tanto que resultó polémica para algunos, incluyendo el Gobierno nacional, la medida del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, de conformar un ejército de 100 hombres exintegrantes de la Fuerza Pública para ejercer funciones de vigilancia en la ciudad, quienes se desplazan en motos y van armados.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfatizó que “la Alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este frente de seguridad, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”.

Otra iniciativa que llamó la atención para mejorar la seguridad provino del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, quien dijo que $1.000 millones serán destinados a un fondo para recompensar a los policías que neutralicen delincuentes.

La medida fue criticada en la red X por el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, quien fue alcalde de esta capital. “Peligroso ejercicio de la @SantaMartaDTCH. Con un día de permiso como incentivo se abrió la fatal puerta a los falsos positivos de @AlvaroUribeVel ¿para qué se prestarán ahora los mil millones de pesos de recompensas que ofrece el ilegal amparado por el @cendemocratico?”.

El alcalde Pinedo le respondió al gobernador: “Trabajamos en recuperar el orden y la seguridad perdida tras años de desarticulación con la Policía Nacional, sin centro de control del delito, una sala SIES totalmente inoperante y 215 cámaras que no funcionan. Aquí la realidad es que nunca invirtieron en seguridad. Hoy vivimos las consecuencias del cambio”.

Otro de los mandatarios que se muestran preocupados porque dicen que las conversaciones del Gobierno con los grupos armados han incrementado la inseguridad en sus territorios, es la del Meta, Rafaela Córtez, pues en su caso las disidencias se han fortalecido, al tiempo que siguen extorsionando a la población y cometiendo actos terroristas.

La gobernadora propuso al Gobierno que los gobernadores tengan representación en la mesa de negociación con las disidencias, lo que no ha tenido respuesta hasta el momento. “Queremos la paz. Le propuse que hiciéramos un modelo piloto y ya le mandé una carta al Gobierno nacional para que autorice a los gobernadores a ser partícipes de esa mesa”.

En tanto que resultó polémico el anuncio del alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, de que expulsarían a los ciudadanos venezolanos que lleguen a delinquir. En ese sentido, pidió que Migración Colombia abra una regional en Santander para poder avanzar en esos trámites.

El mandatario regional estimó que la alta migración de ciudadanos de ese país a Bucaramanga es una de las razones para el incremento de inseguridad. A finales de mayo pasado, Beltrán dijo que “lo advertimos y lo cumplimos. Iniciamos la expulsión masiva de personas de nacionalidad venezolana que creen que Bucaramanga es un juego y que aquí pueden venir a hacer lo que quieran. Esto apenas comienza, vienen más capturas, deportaciones y expulsiones de delincuentes y personas que han venido a irrespetar las leyes y normas colombianas”.

Valle es uno de los departamentos más afectados por la violenta desatada de las disidencias en los últimos meses, con carro bomba y atentados a estaciones de policía, como en Jamundí. La gobernadora Dilian Toro ha clamado al Gobierno trabajar de manera articulada para enfrentar este fenómeno.

Mientras tanto, la mandataria regional decidió actuar por su cuenta frente a una de las últimas estrategias de esta guerrilla para atacar a la Fuerza Pública, como lanzar explosivos desde drones. “Nos están atacando con drones y si esperamos a que el ministro de Defensa actúe, quién sabe cuándo tengamos alguna solución. Por eso, desde la Gobernación del Valle hemos dispuesto recursos para comprar inhibidores de señal para drones”.

Explicó que “le pedí a la Tercera Ejército que nos dé las especificaciones técnicas de los equipos que requiere para hacerle frente a esta guerra”.

En tanto que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, urgió al Gobierno retomar los bombardeos para enfrentar la violencia desatada por los grupos armados en el Valle y otros departamentos. “Lo que se debería de hacer es enfrentar a estos grupos sin escatimar esfuerzos, se necesitan más soldados, más horas de vuelo y más capacidad de inteligencia, se tiene que revisar que no renunciemos a herramientas tácticas que fueron claves para derrotar a otros grupos en el pasado como los bombardeos”.

Preocupantes cifras

La Defensoría del Pueblo reveló que, por el conflicto armado, entre enero y mayo de este año se produjeron 41 desplazamientos forzados masivos y 33 confinamientos colectivos en el país.

Entre enero y mayo de este año se registraron 5.227 homicidios, con una leve reducción respecto al mismo lapso en 2023, cuando fueron 5.346.

Se produjo una disminución en el número de masacres en este periodo al pasar de 142 en 2023 a 96 en lo corrido de este año, según cifras del Ministerio de Defensa.

En el periodo señalado se han producido 59 hechos de terrorismo, contra 80 el año anterior.