Parlamentarios del Pacto Histórico radicaron ayer un proyecto que busca indultar o beneficiar con amnistía a condenados o personas en la cárcel investigadas por delitos que habrían cometido en las protestas del año 2021. 

De esta forma se insiste en la iniciativa, pues el pasado lunes la plenaria del Senado hundió un artículo con este propósito que figuraba en la prórroga de la Ley 418, que servirá al Gobierno para adelantar conversaciones con grupos armados criminales, en el marco de su política de paz.

“Esta amnistía no habla de delitos de lesa humanidad ni de delitos que afecten los Derechos Humanos, no estamos hablando de indultar a personas implicadas en asesinatos, secuestros, delitos sexuales ni en concierto para delinquir agravado. Por eso digo que hay que hacer pedagogía y explicarlo de muchas maneras para que la gente comprenda que acá estamos reivindicando el derecho a la desobediencia civil y la protesta social”, dijo el representante a la Cámara José Alberto Tejada, quien lidera la iniciativa junto a otros parlamentarios del Pacto Histórico, coalición que funge como partido de gobierno, como los representantes a la Cámara Alirio Uribe, Leyla Rincón, Andrés Cancimance, así como el senador Gustavo Bolívar.

El proyecto establece que, por una sola vez, el Gobierno nacional podrá conceder el beneficio de indulto a las personas que hayan sido condenadas por delitos políticos y conexos, por hechos que se hayan dado con ocasión de la protesta social, desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021.

Mientras que la representante Rincón dijo que “estamos cumpliendo con una tarea y un compromiso y el mensaje es seguridad jurídica para quienes participaron en esos procesos de la dignidad colombiana, de la defensa de los campesinos, de la defensa de la ética”.

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Añadió que “hoy hay una deuda grande para quienes están privados de la libertad y procesados, ¿por qué? Por exigir justicia. Hoy estamos radicando el proyecto de ley para la seguridad jurídica, será especial para los que participaron en las protestas de 2019 a 2021”.

Esta disposición causó gran polémica en la discusión de la prórroga de la Ley 418, pues parlamentarios de la oposición y de partidos independientes, como Cambio Radical, manifestaron que se quiere abrir la puerta a la impunidad y beneficiar a los integrantes de la llamada ‘primera línea’, acusados de delitos en las protestas.