Luego de que la  Superintendencia de Salud interviniera forzosamente a Sanitas, Keralty, empresa dueña de la EPS, se pronunció al respecto y calificó la medida como "Improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria". 

Mediante un comunicado, la compañía acusó al Gobierno de provocar la actual situación económica de la EPS. 

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"La situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la ADRES y otras instituciones sin encontrar soluciones", indicó Keralty. 

En otro punto, la empresa afirma que el análisis a los indicadores de quejas es "parcializado" y no refleja la situación actual. 

"Los  indicadores  de  quejas  a la   que  hace  referencia  el  acto  administrativo  de intervención reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas durante el 2023 supera significativamente el promedio nacional cuando el indicador es similar a la media del sector", agrega la dueña de la EPS. 

En cuanto al tema de las de reservas técnicas, Keralty afirma que la Entidad cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos.

Finalmente, la compañía alerta que "esta medida puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país".

Ante esta situación, Keralty anunció que está analizando "las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país".