LUEGO DE que en menos de dos días el Gobierno interviniera a la EPS Sanitas y, a la Nueva EPS, no se descarta la posibilidad de que siga aplicando este procedimiento a otras entidades aseguradoras.

Como se sabe, el Gobierno ordenó la intervención forzada de Sanitas por un presunto incumplimiento de reservas técnicas y la inconformidad de los pacientes.

De acuerdo a la resolución que ordena la intervención forzada, la Superintendencia tomará acciones sobre las empresas vigiladas, frente al “incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia allí previstas”.

“En cuanto a los tres indicadores de condiciones financieras y de solvencia evaluados se identifica que la EPS únicamente presenta incumplimiento del indicador de Patrimonio Adecuado para el cierre de la vigencia 2023. Frente al Capital Mínimo, Sanitas cumple este indicador en todas las vigencias evaluadas. Finalmente, respecto del indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica, la entidad no cumple desde el cierre de la vigencia 2020 a 2023″, informa la resolución.

Sin embargo, ayer, el representante Keralty, entidad accionista de Sanitas, envió una carta a la procuradora general, Margarita Cabello, en la que solicitó una intervención disciplinaria contra la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, alegando irregularidades en la medida.

“Solicitamos se inicien por parte de su entidad las investigaciones disciplinarias a que haya lugar y las demás actuaciones encaminadas a evitar la afectación del derecho fundamental a la salud de los 5,9 millones de afiliados a la EPS Sanitas”, destaca la misiva, firmada por Juan Pablo Currea Tavera, representante legal de la corporación.

Sobre la intervención de la Nueva EPS es poco lo que se conoce hasta el momento. Se sabe que, al igual que Sanitas, fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. La Entidad tiene más de 11 millones de afiliados, distribuidos en 4,7 millones al plan contributivo y 6,1 millones al subsidiado.

Además, Jesús Alberto Jesús Ramírez fue posesionado como interventor de Nueva EPS. Hace algunos meses, la institución ya había experimentado un cambio importante, cuando fue nombrado Aldo Cadena como su presidente. Esta decisión del Gobierno nacional generó gran polémica en el país, precisamente por la expulsión del cargo de Juan Fernando Cardona, quien llevaba más de 14 años frente a dicha EPS.

Como se sabe, aunque la Nueva EPS es controlada por el Estado, en los últimos dos días ha sido blanco de críticas del Gobierno.

Por una parte, el mandatario nacional afirmó: “Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad, 6 billones de pesos entregados por el Gobierno para atención en salud de sus afiliados, no fueron usados en esos propósitos”, destacó.

Mientras que la exministra Carolina Corcho indicó: "Hay más de 13 billones de pesos refundidos de dineros públicos de la salud y Nueva EPS tiene más de 6 billones de pesos que no aparecen”.

Pero también manifestó que hubo hallazgos “muy preocupantes como que solo cuatro de estas EPS presentan una presunta pérdida de 11,8 billones de pesos en la vigencia 2023. Estos recursos no aparecen ni en caja ni tampoco invertidos en reservas técnicas, como dice la ley, ni tampoco aparecen en pagos a clínicas, hospitales y proveedores”.

Informe de Contraloría

Las otras EPS que podrían estar en el mismo riesgo de intervención son las señaladas por la Contraloría General en su informe sobre deudas de 26 EPS de $25 billones. En el mismo documento, el órgano de control fiscal informó que 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley.

Estas son Famisar EPS, Sanitas, Emsanar, Asmet Salud, Sura, SOS, Dusakawi, Mallamas, Comfenalco Valle, Capresoca, Pijaos Salud, EPS Familiar, Ecoopsos, Comfachoco, Compensar y EPM.

La Procuraduría General de la Nación también se pronunció en torno a este tema. La titular del órgano de control, Margarita Cabello, anunció que iniciará una estricta vigilancia frente a las intervenciones forzosas que inició la Superintendencia Nacional de Salud sobre las EPS Sanitas y Nueva EPS, para garantizar que no se afecte el servicio que estas vienen prestando a sus millones de afiliados.

La jefe del Ministerio Público aseguró que su equipo está analizando con lupa los argumentos esgrimidos por la Supersalud para justificar estas decisiones y si estos son suficientemente razonables y proporcionales para darle cabida a una disposición de la envergadura que tiene la intervención forzosa.

A su turno, Gestarsalud habló sobre el caso de EPS Sanitas: “La intervención de Superintendencia Nacional de Salud a Sanitas EPS es consecuencia de la insuficiencia en la asignación de recursos financieros de parte del Estado para atender la demanda creciente de servicios de salud de los ciudadanos, lo que propicia, a su vez, el deterioro de la calidad del servicio y de los indicadores financieros. La solicitud de estudiar y asignar más recursos al sistema de salud, a pesar de muchas conversaciones con el Ministerio de Salud y Protección Social, no ha sido atendida”.

Mientras tanto, Acemi destacó que "el Gobierno interviene en esta ocasión a Sanitas y hace unos meses a Famisanar, también afiliada al gremio, sin que esto responda ni de solución a los problemas del sector y amenace si, con un colapso en la atención de millones de usuarios".