La falta de una política carcelaria clara es responsable de la situación que se presenta en los establecimientos del país, con hacinamiento y condiciones indignas en general para los reclusos, señaló Esmeralda Echeverry, directora del Movimiento Cárceles al Desnudo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la principal preocupación que tienen sobre el sistema carcelario?

ESMERALDA ECHEVERRY: Como fundación hemos reiterado nuestras preocupaciones debido a que los gobiernos que han pasado han mostrado total desinterés en mejorar la calidad de vida de los privados de la libertad y los funcionarios que laboran ahí.

Estamos hablando de 128 establecimientos, más de 97 mil reclusos que se encuentran viviendo en condiciones indignas, y no hay una política clara que garantice los derechos de la comunidad carcelaria.

Se han presentado una serie de iniciativas pero ha faltado voluntad política. Nos preocupa que con la llegada del nuevo gobierno no se tomen medidas referentes a entidades que no deberían estar y que lo que están haciendo es impedir que los recursos económicos lleguen a los privados de la libertad;  me refiero a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Si se analizan los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, tienen de alguna manera una vinculación con esta Unidad, porque cuando los guardianes fueron a buscar extintores no tenían; el área de sanidad no estaba en ese momento con personas a cargo.

Evidenciamos que inicialmente la discusión en la cárcel de Tuluá se presenta por temas de alimentación porque la comida ese día no había llegado en horarios establecidos ni cumpliendo con estándares de calidad y gramaje. Los contratos de alimentación se hacen a través de esta Unidad.

ENS: ¿Qué soluciones ven?

EE: Es necesario que el nuevo gobierno centre su mirada en las cárceles y hay que hacer una reforma al sistema penitenciario, hay que replantear la política criminal penitenciaria, hay que convertir las cárceles en centros de resocialización porque lo que ha sucedido es que los gobiernos han estado completamente desinteresados.

Creemos también que es importante que quien asuma las riendas del Inpec conozca de derechos humanos porque las personas que están dentro de las cárceles son seres humanos. Cosa que no se está cumpliendo, ya que llevamos muchísimos años con policías que casi cuando están a punto de su retiro es que terminan encabezando esta entidad.

Es importante que el dinero destinado a la población privada de la libertad realmente les llegue. Alrededor de $1.750.000 mensuales es la destinación que tiene un PPL (Población Privada de la Libertad) para cumplir con todas sus necesidades básicas, y este dinero no está llegando.

ENS: Algunos piden una emergencia carcelaria, ¿cree que serviría?

EE: Más allá de decretar la emergencia carcelaria, creo que es necesario que el Estado, en cabeza del nuevo gobierno, priorice la situación de cada una de las regiones porque es diferente en el Valle a la que se afronta en la costa Atlántica. Ver de qué manera de la mano del Legislativo se puede deshacinar esos establecimientos. De los 97 mil privados de la libertad, muchos podrían acceder a subrogados penales y sanciones alternas.

Es importante que como sociedad le pidamos al Gobierno que la cárcel sea la última sanción a imponer, que es realmente lo que ha generado este caos, el hacinamiento desbordado porque somos una sociedad carcelera y porque no hay una política clara que garantice que esa persona que realmente cometió un delito se resocialice dentro del establecimiento carcelario.