HAY QUE mejorar la situación de las personas privadas de la libertad, “pero no olvidemos algo: en Colombia 80 mil personas han cometido delitos y están en cárceles, y hay 49 millones 920 mil colombianos que no han cometido ningún delito”.
Así lo indicó el fiscal general, Francisco Barbosa, durante la instalación del Foro “La justicia restaurativa: hacia un nuevo paradigma de justicia”, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Javeriana.
El jefe del ente acusador sostuvo que este tipo de justicia “es una herramienta para el mejoramiento, para la eficacia de la resolución de conflictos en Colombia”.
“Hemos venido apostándole a todo tipo de alternativas en Colombia. Una, tiene que ver con la idea de desocupar cárceles, algunos dicen que el problema es que hay que desocupar las cárceles y resolvemos el problema de la administración de justicia”, advirtió.
Barbosa agregó que “la otra alternativa es apostar al mejoramiento del sistema jurídico (…), tratar de buscar mecanismos que mejoren la administración de justicia y busquen efectivamente lograr un equilibrio entre víctimas y victimarios”.
Frente a ello, el Fiscal recordó que no se puede “focalizar toda la política pública en resolverle un problema a las personas privadas de la libertad, dejando a las víctimas y a los colombianos que no han cometido delitos por fuera de cualquier análisis penal”.
En referencia a Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, que estaba presente en el foro, el Fiscal aseguró que “yo no soy el Fiscal General de los presos, yo soy el Fiscal General de la Nación; como usted es el Defensor del Pueblo y no el Defensor de las personas privadas de la libertad, como el Presidente es el Presidente de la República y no el Presidente de las cárceles”.
“En ese orden de ideas, ¿qué nos toca hacer? Equilibrar y focalizar una política pública adecuada para el mejoramiento y superación del estado de cosas inconstitucional que se producen en algunos centros penitenciarios y en la política de justicia”, indicó el jefe del ente acusador.
Tras ello, Barbosa indicó que “efectivamente, la justicia restaurativa sí es un camino adecuado para empezar a resolver problemas de fondo de la administración de justicia en el campo que estamos discutiendo el día de hoy, el campo de lo penal”.
“Empezamos a hablar de reparación integral, de garantías, de no repetición…, a volvernos más sofisticados en el lenguaje. Uno se sorprende de lenguajes poco sofisticados que se traen del siglo XIX, invocando a próceres, cuando esos próceres vivían en ciudades de 50 mil habitantes”, explicó.
Puntualizó que “lo que hay que pensar es hacia el futuro, no hacia el pasado. Ese es el país que debemos construir”.
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Plan piloto
Por otro lado, el Defensor del Pueblo anunció que la entidad iniciará un ‘plan piloto’ para incorporar el mecanismo de mediación en el marco de los procesos penales, como elemento fundamental de justicia restaurativa.
La propuesta implicará, una vez sea consolidada, disponer de mediadores en materia penal para buscar acuerdos entre la víctima y el victimario, y con ello resolver el conflicto mediante el diálogo, sin tener que acudir a la vía penal.
El piloto de esta iniciativa iniciará en el Centro de Conciliación de la Defensoría que fue inaugurado en enero 2023 en Bogotá. Allí, en coordinación con la Fiscalía, se aplicaría la mediación para los delitos con pena mínima inferior a 5 años que solo afecten la órbita personal, como por ejemplo hurtos menores, estafas, lesiones personales, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, entre otros.
“En la Defensoría del Pueblo conocemos de primera mano no solo la situación que atraviesan los ciudadanos que exigen justicia pronta y eficaz, sino también la realidad en los centros penitenciarios y carcelarios, estaciones de policía y unidades de reacción Inmediata (URI), en las que a diario se vulneran los derechos humanos. Allí existe hacinamiento y deplorables condiciones de salud y alimentación, pero, sobre todo, en ese contexto es imposible lograr el propósito resocializador de la pena”, señaló Camargo.
Dentro de las razones para impulsar esta forma de justicia alternativa están: mejorar la respuesta institucional para resolver los delitos; evitar condenas; reducir el hacinamiento; y priorizar la reparación real en favor de las víctimas. También permite el compromiso del infractor de no repetición y cortar el círculo vicioso con el delito.