Estas son algunas opiniones políticas acerca de esta iniciativa que el presidente Iván Duque ya firmó. “Las víctimas que han sido flageladas y laceradas por la violencia merecen tener voz y voto en las deliberaciones del Congreso de Colombia. Dejamos claro que son para ellos y que no hay espacio o rendija que permita a victimarios ocupar estas sillas”, aclaró el Presidente.

Precisamente, sobre esa última frase, el precandidato de la Coalición de la Esperanza Juan Fernando Cristo manifestó que “el gobierno señala en decreto reglamentario de curules para las víctimas que los excombatientes ‘no pueden’ aspirar a ser elegidos. Presidente Iván Duque: esa prohibición está prevista en el texto del acuerdo de paz y en el acto legislativo que las crea. No leyeron el acuerdo”.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “esto requiere tiempo; debería, cuanto antes, disponer de todos los mecanismos y logística necesaria para poder avanzar desde ahora. Me parece que la Corte deberá pronunciarse rápidamente y proceder con todas las garantías”.

Agrego que “yo creo que es muy importante que el Gobierno brinde garantías para este proceso en los territorios a desarrollar esas selecciones, que no van a ser fáciles, van a ser en medio de situaciones de violencia muy complejas en varias partes del país, pero creo que va a ser un proceso exitoso que les dé la voz a muchos territorios que hoy no la tienen”.

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Del mismo modo, Temístocles Ortega, del Partido Cambio Radical, se pronunció mencionando que “este es el resultado del acuerdo que se logró en La Habana, en donde están establecidos estos compromisos; después de los retrasos, finalmente la Corte Constitucional estableció que dichas curules eran constitucionales y había que reglamentarlas y elegirlas. Es un hecho muy importante para las personas y los territorios que han sido afectados por la violencia durante años y que aún lo siguen siendo”.

También, la congresista conservadora Esperanza Andrade expresó que “un paso muy importante se ha dado en la lucha por los firmantes del acuerdo de paz, para que las víctimas pudieran hacerse con una representación en el Congreso de la República, para que se puedan adelantar proyectos de ley que beneficien a las personas que han sido vulneradas por parte de estos hechos de violencia”.

Desde el Partido Liberal, Guillermo García consideró que, “después de dos años, en los que hubo renuencia del uribismo representado en el Congreso y en Gobierno, por fin se vieron obligados por las decisiones de las cortes a realizar el acto de promulgación para el bien de las víctimas y la consolidación de la paz; celebramos, así sea que de mala gana lo hagan desde el Gobierno nacional”.

Por otro lado, la procuradora Margarita Cabello advirtió la necesidad de “estar vigilantes para que el ejercicio político sea ejercido realmente por los destinatarios específicos. Es para ellas que se edificó este derecho de participación política”.

Finalmente, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, recordó que, “a diferencia de lo que ocurre para las elecciones ordinarias, que cuentan con 10 meses como periodo de inscripción de cédulas, en el caso de las circunscripciones especiales de paz solo contarán con dos meses".