Tras varios análisis jurídicos en Senado y Cámara, los conciliadores de la Ley Anticorrupción radicaron en las secretarías de ambas corporaciones una proposición para quitar el polémico artículo que establece penas de prisión, multas económicas y pérdida de la personería jurídica a quienes injurien o calumnien a funcionarios del Estado.
El representante de Cambio Radical y ponente de la iniciativa, César Lorduy, confirmó el hecho a través de sus redes sociales.
“En compañía del senador Carlos Abraham Jiménez radicamos ante las Secretarías de Cámara y Senado, el informe de conciliación del Estatuto Anticorrupción, así como la propuesta de eliminación de los artículos sobre injuria y calumnia. Jamás atentaré contra la libertad de prensa”, expresó el Congresista, en respuesta a los llamados de atención de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
"En consecuencia a que los suscritos conciliadores no llegamos a un acuerdo sobre los artículos 65 de Senado y 68 de Cámara de Representantes, de los textos aprobados en las plenarias, les solicitamos a las Honorables Plenarias de Senado y Cámara suprimir dichos artículos del texto conciliado", se lee en el documento presentado por los congresistas de Cambio Radical.
Se espera que la conciliación del proyecto sea discutida y votada en la sesión plena de Cámara y mañana en la del Senado, siendo el último día de sesiones, donde se pondrá en consideración si se elimina este artículo, con el fin de evitar cualquier riesgo de pérdida de investidura para quienes modifiquen o supriman parte del texto aprobado en cualquiera de las Cámaras.
Precisamente, el senador Carlos Abraham Jiménez recordó un caso en el que varios congresistas fueron inhabilitados al modificar una reforma constitucional en la conciliación.
“Recordemos que hace ocho años, los conciliadores de la reforma a la justicia intentaron modular algunos artículos, lo que les provocó una denuncia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado”, mencionó.
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Posible trámite
Al iniciar cada discusión en las respectivas plenarias se consultará a los congresistas si tienen la voluntad de eliminar el artículo 68 del proyecto, con el propósito de que la responsabilidad de este punto recaiga en la plenaria total y no del ponente.
En caso de que los senadores y representantes acepten la solicitud de archivo de este punto del articulado, se procederá a la votación de ambos informes como terminan en la ponencia, para luego enviar la proposición final a sanción presidencial.
Vale mencionar que si es aprobado el articulado de la famosa ‘Ley Mordaza’, el presidente Iván Duque, al expresar su descontento con la iniciativa, anunció que devolverá el proyecto al Congreso, junto con una serie de observaciones donde expresará el retiro de las proposiciones que considere necesarias.
Este polémico artículo fue incluido en la Comisión Primera del Senado, en el que se establece que quien “pretenda atacar” las labores de un empleado del Estado podría recibir entre cinco y diez años de cárcel.
Adicional a esto, las personas que incurran en ese “delito” tendrían que pagar multas de entre 13,3 y los 1.500 SMMLV, lo cual representa sumas que van desde los $12 millones hasta los $1.362 millones.
Las voces de rechazo a este artículo por parte de las agremiaciones de medios de comunicación fueron contundentes, tanto así que el mismo Mandatario nacional se refirió a esta problemática, citando un artículo de la Declaración de Chapultepec.
“Es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, mencionó el Jefe de Estado en sus redes sociales.