Mañana empezará a viajar hacia Colombia, desde la Academia Militar de Fort Benning, en Georgia, medio centenar de militares norteamericanos, integrantes de una brigada estadounidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), de acuerdo con lo precisado por un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos.

Una vez lleguen al país tendrán que cumplir con la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno que es de 14 días y ahí sí podrán comenzar su misión en Colombia.

Los uniformados norteamericanos, según informó esta semana la Embajada de Estados Unidos, vienen para ayudar a Colombia en su lucha antinarcóticos.

La misma fuente destacó que es la primera vez que la SFAB, una unidad especializada del Ejército de Estados Unidos formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas, trabaja con un país latinoamericano.

No habrán pasado 48 horas del comienzo de la misión cuando se abra formalmente el debate en la Plenaria del Senado, tal como lo anunció ayer el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, quien junto a Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda, ambos del Polo Democrático, presentarán una proposición de control político citando al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, “para que responda por violación de la soberanía y la Constitución”.

Robledo dijo que “permitir que tropas extranjeras actúen en Colombia” es “otro gravísimo error de Iván Duque”, argumentando que “violan la soberanía nacional y la Constitución, que no permiten esos actos. Y amenazan con llevar la guerra a Venezuela, conflicto que también puede incendiar a Colombia”.

Entre tanto, Cepeda citó al expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez: la autorización de la presencia de esas tropas “es una función del Senado. Si no lo hace incurrirá en prevaricato por omisión”.

Sin embargo, el ministro Trujillo explicó que el propósito de la brigada es netamente “de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico”.

Trujillo aseguró que “Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia”.

En desarrollo de este acuerdo, indicó que el personal militar estadounidense tendrá el único propósito de “asesorar a estados mayores de las fuerzas de tarea conjuntas de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico”.

Se trata de personal de un grupo élite del Comando Sur de Estados Unidos que estará dentro de las unidades militares para asesorar a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano, Omega y de la Brigada contra el Narcotráfico.

“En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas”, puntualizó.

Agregó que “la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas en el propósito de combatir al narcotráfico”.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, explicó que la brigada se quedará por cuatro meses.

Queja

El senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), del partido Farc le pidió a la Procuraduría que le abra una indagación preliminar al ministro Trujillo y emita un concepto respecto a las posibles faltas del presidente Duque.

Para Gallo, no se cumplieron “los requisitos exigidos por la Constitución Nacional en su artículo 173 numeral 4, que solicita que sea el Senado de la República, quien se ocupe de estos temas y al haberse omitido esta consulta por parte del Presidente de la República claramente se está violando la Constitución”.

En sus redes sociales, el senador Gallo ironizó que mientras el Gobierno dice que el “Congreso no se puede reunir en número superior a 50, autoriza llegada de brigada militar de Estados Unidos a territorio colombiano, desconociendo Constitución que otorga esas atribuciones al Senado”.

El propio presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, le recordó al mandatario Iván Duque “que el artículo 173 de nuestra Carta política establece que “permitir tránsito de tropas extranjeras” en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República”.

Pero la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, trinó: “No mientan. La competencia del Senado es si hay tránsito de tropas extranjeras por el territorio y ese no es el caso de los miembros de la brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad”.

También, el senador uribista Ernesto Macías señaló que “misiones del Ejército, naval y aérea de Estados Unidos, que trabajan en Colombia en virtud de convenios firmados y renovados entre los dos países desde 1946, representan un extraordinario apoyo técnico para la lucha contra el narcotráfico”.

Venezuela

Entre tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, trinó su indignación por la llegada de tropas estadounidenses a territorio colombiano.

Padrino recordó que el fallecido Hugo Chávez dijo alguna vez que “Colombia es, lamentablemente, la cabecera de playa de la estrategia de contención yanki en la América del Sur y, por supuesto, su base de operaciones”.

“Ahora envían tropas élites con la fachada de la lucha contra el narcotráfico. Así, Colombia es un país ocupado por fuerzas extranjeras, que no ha logrado detener la producción y el tráfico de drogas”, indicó.

Presencia con base en acuerdos

La presencia militar de Estados Unidos en Colombia está regulada por acuerdos suscritos por los dos países y que deben ser aprobados por ambos congresos.

Esa colaboración ha estado enmarcada dentro del Plan Colombia. Es decir, los militares y contratistas de Estados Unidos están en el país con motivo de la lucha antidrogas.

Esos acuerdos son los que ponen límites. Cuando arrancaron (hacia el 2000) se permitían 500 soldados y 300 contratistas civiles. Luego, la proporción varió a 400 militares y 400 contratistas. En 2004, en el auge del Plan Colombia, pasó a 800 soldados y 600 contratistas, cifras que se mantuvieron por los años siguientes.

Generalmente el número de unidades es inferior al límite. Excepcionalmente se llega al tope o se sobrepasa, como ocurrió en 2009 cuando el Gobierno aprobó la llegada de militares de Estados Unidos a siete bases colombianas. La Corte Constitucional declaró que el Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre Colombia y Estados Unidos “no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne”, es decir que tenía que ser aprobado por el Congreso.