En medio del debate político que suscita el contenido del articulado, hay varias modificaciones que de uno y otro modo van a afectar a los entes territoriales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 que, actualmente se discute en el Congreso.
De allí que el laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana (GovLab), identificó diez impactos en los entes territoriales:
- Actualización catastro y ajustes de los procesos de estratificación:
Ante el rezago en el avalúo catastral y los lentos resultados del catastro multipropósito de los últimos años, el actual plan de desarrollo incorpora en los artículos 30 y 36 varias apuestas para resolver este inconveniente. Los alcaldes tendrán que adoptar y realizar ajustes a sus estratificaciones. Esto permitiría mejorar los instrumentos de focalización de subsidios.
- Clasificación de municipios por tipologías
Hace 23 años, con la ley 617 de 2000 se estableció una categorización para las entidades territoriales que siguen hoy vigente. Ahora bien, el documento del PND en el artículo 28, habla de crear unas nuevas tipologías. No está claro el alcance de esta nueva tipología en la práctica; hasta dónde se van a modificar las competencias de entidades del nivel nacional; y qué tipo de nuevas mediciones de desempeño se utilizarán.
- Fortalecimiento para la gestión territorial
Dentro del plan y los documentos que lo acompañan, hay un énfasis por los temas asociados al ordenamiento territorial y la planificación del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, incluyendo conceptos como la descentralización diferencial y gobernanza ambiental.
- Sostenibilidad sistemas de transporte público
Ante la crisis financiera de los sistemas de transporte público en muchas ciudades del país, el PND mantiene y amplía las alternativas. Se incentiva la implementación de instrumentos de captura del valor del suelo como contribución por valorización o plusvalía por obra pública.
- Cofinanciación de sistemas de transporte
La participación de la nación en la financiación de la infraestructura de movilidad es fundamental para que los entes territoriales puedan desarrollar grandes proyectos. El plan mantiene el interés de la nación en apoyar este tipo de infraestructura, pero aclara que los aportes en especie que realice la entidad territorial no podrán superar el 30 % del total pactado. A su vez los obliga a que en un periodo de seis (6) meses siguientes a la terminación de la ejecución del convenio, la entidad territorial debe garantizar la entrada en operación del 100 % de las rutas del respectivo sistema de transporte público de pasajeros.
- Cambios en las transferencias y subsidios
Una de las grandes apuestas del PND es mejorar los criterios para la focalización de transferencias y subsidios, en este sentido, se creará un sistema de transferencias (art. 51) y se establecerá un solo programa (Renta Ciudadana) que armonice las transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas (art. 52). En este modelo, a las entidades territoriales les corresponderá gestionar la información de fuente primaria.
- Vinculación de las comunidades en servicios de energía, agua y saneamiento básico
Se establecen nuevos lineamientos para la política de gestión comunitaria en la prestación de servicios públicos tanto en el agua, como en el saneamiento básico y en energía eléctrica. En el primer caso, las comunidades organizadas, no estarán sujetas a la inscripción y trámites ante las Cámaras de Comercio, y tampoco serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.
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- Residuos sólidos, economía circular y eficiencia energética
En el caso del programa Basura Cero, los entes territoriales tendrán que hacer ajustes a sus esquemas de disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos, eso implica eliminar los botaderos a cielo abierto y la transformarán hacia esquemas de enterramiento en parques tecnológicos y ambientales de valorización de residuos.
- Arreglos al Marco fiscal de mediano plazo
El plan hace algunas modificaciones a la ley 819 de 2003, en lo que tiene relación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo que deben presentar los gobernadores o alcaldes a la respectiva Asamblea o Concejo (art. 262). Este deberá incluir un análisis de la situación financiera de las entidades del sector descentralizado, teniendo en cuenta el pasivo de las entidades descentralizadas y su impacto en los indicadores.
- Contratación con Asociaciones Público Populares
Resulta preponderante el contenido del artículo 82 en relación con la participación en las compras públicas de las Asociaciones Público Populares, entendidas como unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. Las Entidades Públicas podrán contratar de manera directa con este tipo de asociaciones.