Los grandes y nuevos retos del Defensor del Pueblo | El Nuevo Siglo
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Jueves, 13 de Agosto de 2020
Redacción Política

Este miércoles, en plenaria virtual, la Cámara escuchó a los ternados para la elección programada para mañana del nuevo defensor del Pueblo. Myriam Martínez, Carlos Camargo y Luis Andrés Fajardo les presentaron a los congresistas sus propuestas para orientar esa dependencia durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, más allá de los planteamientos expuestos este miércoles por los nominados, se considera que la Defensoría del Pueblo debe profundizar su actividad dado que el ámbito de la defensa de los derechos humanos es también muy amplio.

La principal función de esta institución es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Aunque orgánicamente está adscrita a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo es autónoma y con un presupuesto propio.

Una tarea apremiante es que asuma un papel más protagónico en lo que viene de la pandemia, donde están al orden del día los abusos denunciados por la comunidad en temas como la atención médica –tanto en temas Covid como no Covid–, la prestación de servicios públicos o la extralimitación de agentes policiales.

Por supuesto que el seguimiento a la seguridad de los líderes sociales es importante, pero aún ahí se requiere pasar de las denuncias a un sistema de alertas tempranas que detecte niveles de riesgo para prevenir los sucesos trágicos que se están convirtiendo en frías estadísticas diarias, con cifras de crímenes cada vez más elevadas.

Hay congresistas que consideran que en Colombia es necesario proyectar un estatuto defensorial, muy parecido al que existe en otros países en donde el ombudsman, como también se le conoce al Defensor del Pueblo, tiene un estatus mucho más relevante en la gestión del respeto de las garantías fundamentales de la población en todos los ámbitos: económico, político, social, laboral, ambiental, institucional y en muchos flancos más.

En ese contexto está a la orden del día la consolidación de un estatuto más fuerte, que le otorgue más dientes a la entidad, dándole capacidad de intervenir en ciertos asuntos, por supuesto, delimitando campos de acción para no incurrir en duplicidad funcional con la Procuraduría, con la que -por cierto- la articulación debería ser más clara ante la ciudadanía.

Ministerio Público

Para nadie es un secreto que hay activistas de derechos humanos que consideran que la Defensoría del Pueblo no ha logrado articularse con la Procuraduría y por el contrario -aparte de la función típicamente disciplinaria del ente de control-, hay circunstancias en la que es evidente que hay una duplicidad de funciones de ambas entidades del Ministerio Público.

Así, hay quienes consideran que debería dotarse a la Defensoría de más facultades de intervención cuando la violación de los derechos humanos, sea cual sea el campo, sea manifiesta y requiera de una protección inmediata y sobre el terreno. En la otra orilla están quienes consideran que, por el contrario, la Defensoría del Pueblo debería desaparecer como entidad autónoma y sus funciones ser entregadas a la Procuraduría, pese a ser una de las conquistas más importantes de la Constitución de 1991.

También se requiere que la Defensoría del Pueblo tome más activa su participación en el acompañamiento de las tutelas y acciones populares de la ciudadanía, en particular, frente al seguimiento de los posibles incidentes de desacato que se puedan presentar.

Según la Constitución, debe “orientar e instruir a los colombianos en el ejercicio y defensa de sus derechos”. También tiene la capacidad de presentar proyectos de ley, interponer acciones populares y recomendar políticas para los derechos humanos.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo tiene como funciones orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.

Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza, así como invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, también hacen parte de su competencia. Todo ello, además organizar y dirigir la defensoría pública.

Los ternados

En sesión virtual de la Cámara, Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, consideró que “es necesario que la Defensoría se modernice y genere una oferta de paquetes tecnológicos, para tener un mejor relacionamiento con las comunidades rurales”, anotó que “instrumentos como las alertas tempranas, en caso de amenaza, deben ser una tarea permanente”, precisando que “se debe continuar con la gran labor que se viene desarrollando y continuar con el acercamiento a la comunidad, pero esto no constituye el único medio de comunicación efectiva”.

A su turno, Luis Andrés Fajardo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, expresó que “las alertas tempranas no se queden en una visita, es indispensable hacerle seguimiento a estas alertas tempranas”.

Tras poner de presente que “somos un país de enormes y graves diferencias, que acentúan lo económico, y una de las la diferencias principales es la que existe entre el país rural y el país urbano”, expuso que “hoy en día, no es posible hablar de derechos humanos y Defensoría del Pueblo, sin hablar de la muerte de líderes y lideresas sociales, que día a día, están siendo asesinados en nuestro país”.

Finalmente, Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, les dijo a los congresistas que “tengan la seguridå∑ad que no llegaré al cargo a aprender, sino, desde mi experiencia, a trabajar, para fortalecer la misión, que la Constitución le ha entregado la Defensoría”.

“La Defensoría debe fortalecer sus mecanismos para la prevención y el acompañamiento de los pacientes que buscan por todos los medios una atención en salud, digna y de calidad”, manifestó, agregando que “necesitamos una Defensoría, que proteja y garantice la vida de líderes y lideresas, defensores de los derechos humanos”.

Para Camargo, “la coyuntura que atravesamos acentuará, seguramente, los índices de violencia, discriminación, de migración, desigualdad y acceso a los derechos sociales, todo en un clima de inestabilidad”.