SON VARIAS y de alto calado las decisiones que están pendientes de tomar en la Procuraduría General en la recta final de Margarita Cabello, que irá hasta el 14 de enero próximo, fecha en la cual asumirá el nuevo jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, elegido esta semana por el Senado.

Entre los expedientes, uno de los casos más sonados es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El organismo avanza en la investigación que abrió en abril pasado por irregularidades en la Ungrd en la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira y la compra de 1.000 tanques de reserva de agua para rancherías en ese departamento.

En el expediente están vinculados exfuncionarios como el exdirector Olmedo López, el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, y Víctor Meza Galván, exsubdirector general.

Incluso, adicional a las investigaciones disciplinarias que adelanta el Ministerio Público por estos hechos, la procuradora Cabello intervino esta semana para desempantanar la habilitación que busca la Ungrd de los citados carrotanques y 20 más para un total de 60 vehículos, con el fin de distribuirlos para uso público en distintas regiones del país.

Desde que la Ungrd compró estos vehículos, están parados a la intemperie en dos bases militares en La Guajira, por las dificultades para que las aseguradores expidan las pólizas, pues temen un daño reputacional por los hechos de corrupción que rodearon esta contratación.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación citó de urgencia a la Ungrd, a la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y a la Previsora Compañías de Seguros, para buscar una solución. De acuerdo con el ente de control, “la preocupación principal es que haya un uso eficiente de bienes adquiridos por la Ungrd”.

Igualmente, en junio pasado, el organismo finalizó la investigación al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, hijo del jefe del Estado, que abrió el 3 de marzo del 2023 por presuntamente recibir dineros irregulares para financiar la campaña presidencial de 2022.

Se espera la decisión de la Procuraduría si encuentra responsable o no a Nicolás Petro por estos hechos.

También está pendiente el organismo de resolver la investigación disciplinaria que abrió a Laura Sarabia, actual directora del Dapre, por las presuntas irregularidades debido a que uniformados al servicio de la seguridad de la Casa de Nariño sometieron al polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba para la funcionaria como niñera de su hijo, después de que se perdiera de su apartamento un maletín con una gruesa suma de dinero.

En marzo de 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a Laura Sarabia, entonces  jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, y otros funcionarios por determinar por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a la señora Meza.

El órgano de control decretó una serie de pruebas en el marco de esta investigación, como fue solicitar al Dapre copia del protocolo existente para la realización de la prueba poligráfica, también videos de seguridad e inspeccionó oficinas de la Presidencia de la República.

En noviembre último, la Procuraduría abrió también investigación a seis miembros de la Policía Nacional por las presuntas irregularidades relacionadas con las interceptaciones de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, trabajadoras de Laura Sarabia.

El mes pasado, por las chuzadas a Marelbys Meza fueron condenados a 10 años de prisión dos policías, quienes sostuvieron que la orden supuestamente vino  de la Casa de Nariño.

Escándalo en compra de tierras

La Procuraduría General abrió en junio pasado tres investigaciones disciplinarias a igual número de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de predios. 

Las investigaciones tienen origen en un informe con fines disciplinarios elaborado por el órgano de control, que realizó observaciones a 288 procesos de compra de predios, y entre sus conclusiones señaló que las aparentes irregularidades en los procedimientos administrativos y conceptos técnicos rendidos representarían “un riesgo para el erario estimado en 136 mil millones de pesos”.

Dos de los procesos disciplinarios fueron abiertos contra Tony Luis Lozano Berrocal y Nury Luz Peralta Cardozo, mientras que el restante se adelanta contra el mismo Lozano Berrocal y Felipe Alberto Maldonado. Los tres desempeñan el cargo de directores técnicos en la entidad. 

El órgano de control investiga, entre otros hechos, posibles inconsistencias en los conceptos técnicos utilizados para determinar la aptitud agropecuaria de los terrenos, los cuales se limitaban a describir las características de éstos sin realizar una evaluación rigurosa que justificara la decisión de compra. 

En febrero pasado, la Procuraduría General ordenó la apertura de una investigación disciplinaria al exdirector de la ANT Gerardo Vega Medina, por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de un predio ubicado en Chimichagua, Cesar, por el que se habría ofrecido un precio superior a su valor real, y que posteriormente sería adjudicado a campesinos de la región.

Comisionados de la CREG

Otra de las investigaciones en que se espera que la procuradora Cabello tome decisiones antes de salir del cargo es la que abrió en abril pasado al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, por no acatar la orden de realizar los nombramientos en propiedad en la Comisión de Regulación de Energías y Gas (CREG).

Según lo referido por la jefe del Ministerio Público, el traslado disciplinario se realizó por el no acatamiento al llamado de alerta con tres requerimientos realizados por el ente de control, acerca de la interinidad que se presenta en la CREG, ante la acción de cumplimiento que en decisión de primera instancia ordenó la realización de los mencionados nombramientos en propiedad. 

Incluso, esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó al presidente Gustavo Petro con una multa de cinco salarios mínimos mensuales en un plazo máximo de diez días, por desatender la orden de nombrar en propiedad a los comisionados de la CREG, lo que ha afectado el quórum y por ende que este órgano de control tome decisiones atinentes a las funciones que le corresponden, como frente a las quejas por las altas tarifas de energía.