Más de 120 congresistas de diversas corrientes políticas presentaron una proposición para eliminar el artículo 7 de la reforma a la justicia, que propone rebajas de hasta el 50% en las penas por delitos graves cometidos contra menores de edad.
La propuesta ha surgido en medio de un creciente debate sobre la necesidad de garantizar una justicia efectiva y rápida para los delitos que atentan contra la integridad de los niños. El artículo en cuestión, parte de un proyecto promovido por el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, ha suscitado preocupación debido a sus posibles implicaciones en casos de homicidio, secuestro y abuso sexual.
La congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y una de las principales impulsoras de la iniciativa, expresó su descontento al afirmar: “No tiene ningún tipo de sentido que se estén buscando beneficios de este tipo”. Su postura refleja el consenso creciente entre los legisladores de que la justicia no debe ceder ante la posibilidad de reducciones de pena en casos tan graves.
La discusión se intensificó tras la reciente tragedia del asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca, un evento que ha puesto en el centro de la atención pública la vulnerabilidad de los menores en el país. En este contexto, Arbeláez hizo un llamado a toda la rama judicial para consensuar medidas que permitan una justicia más especializada y eficaz, enfatizando que es fundamental priorizar la protección de los menores.
Durante una audiencia pública reciente, la fiscal general Luz Adriana Camargo defendió la necesidad de la reforma y argumentó que “la víctima va a encontrar respuesta inmediata a su deseo de verdad, justicia y reparación”, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, insistió en que no se busca “darle más de lo que corresponde a nadie” y que las rebajas planteadas son “moderadas” en un sistema que tiene penas muy altas. Sin embargo, sus argumentos no han convencido a los opositores, quienes continúan señalando que la reducción de penas en estos casos podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad.
La reforma, que ya se encuentra en la agenda legislativa, será debatida en los próximos días en la Comisión Primera del Senado, donde se evaluará si el artículo 7 será modificado o eliminado. Los parlamentarios que apoyan la eliminación del artículo advierten que, si se mantiene, intensificarán sus esfuerzos para que sea descartado durante el proceso de votación.
El futuro de esta propuesta aún es incierto, pero la creciente presión de los congresistas sugiere que el debate sobre la protección de los menores y la efectividad del sistema judicial en Colombia está lejos de resolverse. La sociedad observa atentamente cómo se desarrollarán las próximas discusiones en el Congreso, con la esperanza de que se priorice la justicia y la seguridad de los más vulnerables.
Proposición
