Diego Molano Aponte director del Departamento Administrativo de la Presidencia cuestionó el carácter político tanto de la Minga indígena que llegará a Bogotá, como la marcha programada por las centrales obreras para el próximo miércoles.
En ambos casos, dijo, hay “coincidencias de carácter político”, y reivindicó la voluntad de diálogo del presidente Iván Duque.
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EL NUEVO SIGLO: Esta semana que comienza va a ser intensa en materia de movilizaciones…
DIEGO MOLANO APONTE: Hemos sido notificados por el Comité del Paro y por algunas organizaciones sociales que se realizará un paro el próximo 21 de octubre, además de otras actividades para noviembre y diciembre. El gobierno del presidente Duque siempre ha tenido la buena intención de dialogar para encontrar la solución de los problemas sociales.
Desde que empezaron las movilizaciones el pasado 21 de noviembre el presidente Duque lanzó la Conversación Nacional para dialogar con quienes marcharon. Así que la Conversación Nacional ha dado sus resultados, las organizaciones sociales siguen haciendo sus planteamientos, algunos más políticos que reivindicativos como ha reconocido la misma Minga.
ENS: Las centrales obreras siguen haciendo sus reclamaciones sobre todo en materia legislativa. ¿Cuál es su mensaje?
DMA: Nosotros debemos ser conscientes de que no podemos frenar la reactivación económica, la reactivación se pone en riesgo cuando hay rebrotes y los rebrotes se dan cuando hay aglomeraciones sin protocolos de bioseguridad.
El riesgo se da cuando hay propuestas políticas que tienen vinculación desde la generación de odios y propuestas que son inalcanzables. O cuando organizaciones criminales como son las disidencias de las Farc o del Eln que buscan infiltrarse en las marchas pacíficas y muchas veces terminan vandalizando y generando actuaciones violentas como sucedió con los CAI.
ENS: Usted habla de infiltraciones. ¿El Gobierno tiene comprobada esa infiltración?
DMA: Lo que manifestaron el ministro de Defensa y el director de la Policía en una reunión pública es que tenían información de Inteligencia de que disidencias de las Farc tenían la intención de seguir reclutando niños y jóvenes en el Cauca y que tienen la intención de atentar contra algunos de los líderes indígenas para responsabilizar el Gobierno.
ENS: ¿La Minga del Suroccidente Colombiano y el paro tienen propósitos políticos?
DMA: Pues ellos dicen que no quieren habar de los compromisos del Gobierno porque ya les cumplieron, y los puntos que está poniendo la Minga son muy similares a los que está proponiendo el Comité del Paro. Es decir, ahí hay coincidencias y esas coincidencias son más de ánimo político.
ENS: ¿Entonces cuál es el mensaje para las centrales obreras?
DMA: Las centrales obreras fueron invitadas a ayudar en la definición de políticas de generación de empleo que se vio muy afectado por la pandemia. Ellos hablan de reactivación del campo y el programa del Gobierno es de alivios para los campesinos y los pequeños productores que se vieron afectados. Hablan de renta básica para 30 millones de colombianos y en el presupuesto del año entrante se extendió esa ayuda hasta julio del año entrante.
Hablan de protección a los trabajadores y acaba de ser aprobado la norma que permite extender el apoyo al empleo formal para que más de tres millones de trabajadores vinculados a pequeñas empresas tengan el subsidio a la nómina por un salario mínimo que incluye la financiación de la prima hasta en 50%. Es decir, la agenda legislativa va por el camino de reactivar la economía, proteger a los trabajadores y proteger a los más vulnerables.
ENS: La Defensoría del Pueblo ofreció su mediación. ¿El presidente Duque irá a ese encuentro?
DMA: El presidente Duque desde siempre ha mostrado su voluntad de diálogo. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un capítulo especial para las comunidades étnicas concertado con ellas. Cuando comenzó la Conversación Nacional una de las primeras fue en el Cauca con las minorías respecto de sus grandes inquietudes.
Ha delegado a dos altos funcionarios como son la ministra del Interior y el Comisionado de paz para que tengan interlocución directa con las comunidades indígenas, así que siempre ha mantenido esa voluntad de diálogo. Lo que no se puede permitir es que cuando algunos de ellos hablan de una reunión sea para hacerle un juicio político al Presidente, eso no lo podemos aceptar.
ENS: ¿Por qué un juicio político si usted dice que el Gobierno les ha cumplido?
DMA: Muy buena pregunta que nosotros también nos la hacemos, pero es ahí donde se da cuenta de que más que reivindicación es un juicio político. Nosotros tenemos toda la disposición pero no le halamos a la imposición.
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ENS: El tema de la logística para recibir la Minga incrementó las diferencias entre Bogotá y el Gobierno nacional…
DMA: La instrucción del presidente Duque es trabajar con todos los Alcaldes porque el coronavirus no hace distingo de color político. Pero en este caso en particular lo que hay que tener claro es quién tiene la responsabilidad frente a la atención de la movilización.
En este caso los organizadores de la Minga tienen que respetar y acatar los protocolos de bioseguridad de toda su organización. ¡Qué tal el Gobierno financiando las actividades logísticas de todas las marchas!
En segundo lugar, son las autoridades locales las que tiene que velar por la normalidad en la movilización, en este caso la Alcaldesa es la que tiene como autoridad sanitaria que velar por la aplicación de los protocolos de bioseguridad y garantizar que no haya riesgos.
ENS: O sea, la Alcaldía de Bogotá se lavó las manos…
DMA: Pues lo que sé es que la marcha llegó a Cali y fue el Alcalde el que la manejó; pasó lo mismo en Armenia, en Ibagué. Entonces el Gobierno tiene toda la voluntad de coordinar, pero la responsabilidad es de cada Alcaldía, en este caso de la Alcaldía de Bogotá.
ENS: ¿Cuál es el mensaje para la llegada de la Minga Bogotá?
DMA: El Gobierno mantiene la disposición de diálogo. Los colombianos debemos entender que este es un momento para la reactivación económica, social y del empleo del país que no podemos poner en riesgo. El Gobierno es consciente de que la manifestación social es un derecho, solo esperamos que sea pacífica, pero en estos momentos de crisis sanitaria deben saber que los riesgos son para quienes marchan pero también para las comunidades por donde deben transitan.
"La Alcaldesa es la que tiene como autoridad sanitaria que velar por la aplicación de los protocolos de bioseguridad y garantizar que no haya riesgos"
ENS: Estas marchas van a estar signadas por una decisión judicial. ¿En qué se diferenciarán estas de anteriores jornadas?
DMA: El Gobierno avanza en firme frente a la decisión judicial para que se tenga un protocolo antes del 21 de octubre. El objetivo siempre es que se cumplan tres propósitos: protección a quienes no marchan, que las marchas sean pacíficas y que habrá cero tolerancia con quienes cometan actos de vandalismo.