SIN MUCHAS expectativas frente a la realización de reformas políticas y electorales, se da inicio a las sesiones ordinarias del Congreso de 2024, que, por primera vez, y como resultado de una reforma constitucional, inician un mes antes de lo que históricamente se había establecido, señaló la Misión de Observación Electoral (MOE).

De acuerdo a esta misma ONG, pareciera que este periodo legislativo va a ser igual que el anterior, donde ninguna reforma destinada a resolver problemas de la democracia electoral, el sistema de partidos o el fortalecimiento de la institucionalidad de la organización electoral, fue aprobada. Es más, de acuerdo a la MOE, en la mayoría de los casos, las reformas relacionadas con estos temas fueron archivadas sin surtirse ningún debate.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “la agenda que debería abordar el Congreso en reformas tendientes a mejorar la calidad de la democracia electoral es muy clara. En el último ciclo electoral, por ejemplo, se reiteraron las deficiencias, vacíos normativos y ambigüedades de la legislación relacionada con la competencia electoral. Solo a manera de ejemplos, la falta de regulación de la participación política de los funcionarios públicos; la ineficacia en el control de la financiación de las campañas; la ausencia de democracia interna en las organizaciones políticas; las deficiencias en la supervisión de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE); los vacíos normativos en el funcionamiento de las coaliciones y los plazos para las revocatorias de inscripciones”.

Asimismo, Barrios recordó que: “Si bien nos encontramos con iniciativas que tocan temas como la modificación de requisitos para las candidaturas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, estos ni siquiera han iniciado su trámite legislativo”.

Por otra parte, la MOE hizo un llamado al Congreso de la República para que construya una agenda legislativa concertada que dé respuesta a las necesidades democráticas del país. En tal sentido, indicó que “al menos debería avanzarse en la regulación de la financiación y el desarrollo de las campañas políticas, temas especialmente relevantes en la coyuntura actual, considerando que el modelo existente favorece la opacidad en el uso de recursos por las candidaturas”.

De igual forma, destacó la necesidad de regular las coaliciones, fusiones y escisiones de las organizaciones políticas, ya que las controversias en estos temas han generado incertidumbre tanto para los políticos electos como para sus electores, situación agravada por la existencia de 37 organizaciones políticas.

Proyectos no avanzan

Varios proyectos que fueron radicados el año anterior en las comisiones primeras en lo político y electoral no han avanzado en su trámite, como uno que tiene por objeto modificar el Estatuto de la Oposición Política y proteger el derecho político a elegir y ser elegido.

Esta iniciativa consiste en aplicar para las elecciones a la gobernación y alcaldía la misma fórmula en el Estatuto de la Oposición para el candidato derrotado a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República, es decir, que en las corporaciones del nivel departamental y municipal mantengan sus curules y, en caso de presentarse aceptación por parte del candidato perdedor, adicionar una curul sin perjuicio de aquellas por las cuales votaron los ciudadanos.

La iniciativa fue radicada por la representante por el Partido Liberal, Karyme Adriana Cotes el 30 de agosto pasado; sin embargo, pasado este tiempo sigue pendiente de ser discutida en primer debate en la Comisión Primera de Cámara.

En esta misma célula legislativa se hundió por falta de trámite el proyecto de acto legislativo orientado a modificar la elección de los magistrados que componen el Consejo Nacional Electoral, que hoy tiene un origen político, pues está a cargo del Congreso en pleno de planchas con aspirantes que postulan las bancadas de congresistas.

Este proyecto establecía que la elección de los magistrados del Consejo Electoral se llevaría a cabo por medio de concurso de méritos organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. De la lista de elegibles se seleccionarían tres miembros por la Corte Constitucional, tres miembros por la Corte Suprema y tres por el Consejo de Estado.

Este proyecto fue radicado por los senadores Humberto de la Calle Lombana, Ariel Ávila Martínez y Ana Espitia, entre otros.

Igualmente, se hundió sin surtir siquiera el primer debate en la Comisión Primera de Cámara un proyecto de acto legislativo que presentaron los representantes Jorge Méndez, Carlos Cuenca y Jaime Rodríguez, que buscaba garantizar a todos los departamentos representación en el Senado, pues hoy varios de ellos con escasa población no tienen al menos una curul, como San Andrés, Chocó y Amazonas.

El proyecto establecía que el Senado estaría integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional y habría un número adicional de senadores elegidos, uno por cada departamento en donde el número de representantes a la Cámara no sea superior a dos.

Así mismo se hundió en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de reforma constitucional que pretendía devolver el voto a los miembros de la Fuerza Pública. La iniciativa fue presentada a finales de agosto del año pasado por senadores del Partido Conservador y el Centro Democrático.

En tanto que hay algunos proyectos más radicados recientemente que se espera comiencen su trámite y discusión con la vuelta del Congreso a sesiones, como en la Comisión Primera de Cámara una iniciativa del representante David Racero (Pacto Histórico), por medio de la cual se crea la obligación a los candidatos presidenciales de asistir a debates públicos para presentar a la ciudadanía su programa de gobierno.

En examen de la Corte

La reforma del Código Electoral está en estudio de la Corte Constitucional desde mediados del año anterior cuando fue aprobada por el Congreso como una ley estatutaria.

La pretendida norma establece, entre otros, la ampliación del horario de votación, que será entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Igualmente, se aprobó el voto electrónico mixto, que consiste en que la máquina en que se sufraga entregará una constancia del voto, que será depositada por el ciudadano en la urna.

También se autoriza crear los tribunales de vigilancia y garantías electorales.

En tanto que la reforma política fue presentada por el Gobierno poco después de que se posesionó el presidente Petro, logrando con sus mayorías entonces en el Congreso que se aprobara en primera vuelta. Sin embargo, tuvo que ser retirada en el primer semestre de 2023 debido a que perdió el apoyo de las bancadas, porque varios de sus elementos principales fueron modificados.