Como un proceso necesario en el que la justicia transicional será una de las áreas más beneficiadas en la atención del conflicto armado colombiano, calificó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la reestructuración del organismo.
Otálora aseguró que esto va a permitir superar el déficit de defensores en las regiones para atender a las víctimas.
“De igual manera se va a crear un número importante de defensores públicos en los próximos dos años, así quedó acordado en los decretos”, afirmó el alto funcionario.
Asimismo, señaló que con el fortalecimiento de la entidad “muchas de esas audiencias que no han podido culminar y muchos de esos trámites que no han podido tener el dinamismo, puedan llevarse a cabo con celeridad”.
EL NUEVO SIGLO: - ¿Cómo le ha ido con la aplicación de la justicia transicional?
JAO:En desarrollo de eso se han presentado muchísimas dificultades. En la Defensoría del Pueblo cumplimos una labor más particular. Desde la llegada a la Defensoría del Pueblo he tenido que cumplir un papel muy complejo, porque unos días estoy denunciando la presencia de los grupos postdesmovilizados y pidiéndole a la Fuerza Pública que actúe y los capture, y cuando eso ocurre, al día siguiente debemos correr a suministrarles un abogado de la Defensoría Pública para demostrar que son inocentes y que merecen un trato digno y de respeto a los derechos humanos. Tenemos tres temas que son representar a los postulados, que es un extremo del proceso y, de manera sui generis, nos toca representar el otro extremo que son las víctimas, dentro de ese mismo proceso. Llegando a tal punto que nos toca incluso garantizar la protección de los testigos y de los peritos de la defensa, como lo dice la normatividad. Si se permitiera un ejemplo muy particular para los que gustamos del fútbol: tenemos que cobrar el tiro de esquina e ir a cabecearlo.
ENS: - ¿Con cuántos defensores para los temas de justicia y paz cuenta?
JAO:Contamos con cerca de 3.000 defensores públicos, 290 exclusivamente para representar a las víctimas de justicia y paz. Cada uno de estos abogados tiene a su cargo la representación de entre 1.500 y 2.000 víctimas. Ustedes entenderán la imposibilidad de jugar un papel importante.
ENS: - ¿La reestructuración cómo va a solucionar estos asuntos?
JAO: Por eso reconocemos tanto al Congreso como al Gobierno Nacional que la reestructuración de la entidad, en buena medida, va a imprimir un número importante de funcionarios de planta con exclusividad a las víctimas y con destinación a fortalecer las regiones. De igual manera, se va a crear un número importante de defensores públicos en los próximos dos años, así quedó acordado en los decretos, cuya finalidad también es la de fortalecer la Defensoría Pública para que muchas de esas audiencias que no han podido culminar y muchos de esos trámites que no han podido tener el dinamismo pueda llevarse a cabo con celeridad. Que desde esa óptica la sociedad pueda tener algo que han venido criticando a la jurisdicción de justicia y paz, que es una respuesta definitiva. Uno entiende la dinámica de esos procesos, los que no entienden son los enemigos de este proceso transicional. El llevar a cabo una sentencia de estas no se puede comparar con un trámite ordinario de otros procesos.
ENS: ¿Esta es la preparación para atender el posconflicto?
JAO: - Como Defensor del Pueblo y representante de las víctimas, hago votos porque salga adelante, porque el resultado que se tenga de la jurisdicción de justicia y paz, si se me permite ese término, depende en buena medida de los resultados que se tengan en el proceso de paz que se avecina. De la legitimidad que ustedes logren transmitirle a la sociedad, de las bondades que tiene este nuevo modelo que estamos experimentando, que no es novedoso porque en el contexto internacional se ha venido aplicando, pero que ustedes tienen esa honrosa y difícil tarea de abrir ese espacio, insisto, de legitimar ese proceso.
Papel de la Corte y la Fiscalía
Sobre el papel que la Corte Suprema y la Fiscalía han venido haciendo en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Defensor afirmó que a pesar que se ha intentado deslegitimar la labor de estas entidades, estas lo han hecho bien. Se “les ha confiado y honrado una de las tareas más difíciles que se ha tenido en los momentos históricos, dado que les ha tocado hacer realidad, pero fundamentalmente legitimar, lo que se conoce como justicia transicional, que ha recibido todos los ataques de las diferentes instituciones y tendencias que existen en nuestro país, unas argumentadas y otras de manera injustificada e irresponsable, que tratan de deslegitimar la justicia y un proceso que es muy importante para la sociedad colombiana”, puntualizó.