A pesar de lo polémica que ha resultado, especialmente para las Cortes, la iniciativa de entregar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios, como lo establece el proyecto de reforma a la justicia, éstos últimos vienen cumpliendo parte de esas funciones desde hace más de tres décadas.

Así lo aseguró Álvaro Rojas, presidente del Colegio de Notarios de Colombia, “eso no es nuevo para nosotros, venimos colaborándole a la administración de justicia hace más de 30 años. Cuando se presentó la avalancha de Armero empezamos a manejar las sucesiones, que era trámite exclusivo de los señores jueces, hicimos también la tarea, que esa legislación temporal se convirtió en permanente, y entre sucesiones, matrimonios, divorcios, disoluciones de sociedades conyugales, correcciones de nombre, conciliaciones, hemos tramitado millones de procesos que no afectan la administración de justicia sino que la descongestionan”.

El presidente del Colegio de Notarios de Colombia advirtió que “la posición nuestra es que no estamos en competencia con las funciones judiciales, por el contrario, creemos en su autonomía, en su transparencia, en su dignidad, en su majestad. Somos un soporte, queremos ayudar, colaborar, no nos interesa ser jueces falladores, nos interesa es colaborarle. Nosotros tenemos una expresión muy sencilla, es que hay una notaría abierta para dirimir conflictos entre los particulares si el juzgado no necesita de recibirlos”.

Añadió “qué tal que nosotros no autorizáramos divorcios ni matrimonios ni disolución de sociedades conyugales. Qué tal que nosotros no autorizáramos las escrituras de declaración de unión marital de hecho entre personas del mismo sexo, qué tal que nosotros no conciliáramos, qué tal que nosotros no corrigiéramos los nombres e hiciéramos los cambios por escritura pública”.

Finalmente, el presidente del Colegio de Notarios de Colombia dijo que “yo le he dicho a los presidentes de las altas Cortes, se los he dicho a los señores ministros, ‘díganos qué quieren que hagamos, y lo hacemos. Nosotros no estamos ‘lagartiando funciones judiciales”.

Costos

La propuesta deentregar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios es una de la razones para que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se hayan levantado desde finales del año pasado de la mesa de discusión de la reforma a la justicia, que a partir de marzo próximo comenzará su segunda vuelta en la Comisión Primera del Senado.

Igualmente, los jueces se han mostrado contrarios a esta iniciativa. “Con el pretexto de descongestionar los juzgados, el Congreso tramita un proyecto de reforma constitucional que pretende entregar a los particulares la función pública de administrar justicia”, señaló María del Pilar Arango Hernández, Juez Civil del Circuito de Bogotá, quien preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y es Directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia.

La jueza dijo también que “si se privatiza la justicia, las ganancias probablemente se producirán mediante el cobro de aranceles judiciales y otras tarifas que los sectores populares y las capas medias difícilmente podrían costear, situación que violaría los mandatos del Estado Social de Derecho. Si no cobran algún estipendio, no se ve de qué otra manera podrán notarios y abogados asumir las necesidades adicionales en materia locativa y de personal”.

En días pasados el senador y presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U) propuso que con losexcedentes del recaudo tributario, que calculó en 10 billones de pesos, el Gobierno puede ofrecer una mejor fórmula para financiar la reforma a la justicia y cubrir el pasivo prestacional de la Fuerza Pública.

“Hay dos temas que tiene el ministro de Hacienda en su despacho que son fundamentales. Uno tiene que ver con la reforma a la justicia. La fórmula económica presentada hasta ahora en la reforma no es satisfactoria. El Gobierno lo sabe y, por supuesto, lo reclaman las Cortes. Nosotros compartimos esa visión”, dijo el Parlamentario.

“Como se ha acordado, se debe presentar para la segunda vuelta de la reforma a la justicia una fórmula mucho más clara para poder garantizar que haya recursos para que la gente pueda acceder a que se les resuelvan sus peticiones o sus pretensiones”, señaló Lozano.