TRAS LA reciente liberación de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista colombiano Luis Díaz que fue secuestrado por guerrilleros del Eln el 28 de octubre, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, envió un contundente mensaje, enfatizando que dejar de reclutar menores y retener personas en contra de su voluntad son condiciones inamovibles para continuar los diálogos de paz.

“Nuestro mensaje es directo: ni el Eln ni el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc ni otro grupo armado deben sentarse a la mesa de conversaciones a buscar la paz siguiendo, como si nada, con la práctica de tan abominable crimen y teniendo a menores de edad en sus filas”, puntualizó el defensor.

También dijo que “si se han logrado ceses al fuego bilaterales, es posible un cese al secuestro definitivo”.

Recordó que violar la libertad individual es una infracción al Derecho Internacional Humanitario, además de que se convierte en una práctica contra la integridad, dignidad y vida de la víctima. Por tal razón, consideró necesario tratar el asunto con la intención de que no exista “solo secuestrado más en el país y los actores armados entreguen a todos los menores de edad que tienen en sus estructuras”.

“El Gobierno debe sostenerse en lo recientemente anunciado sobre el hecho de que le exigirá al Eln liberar a las personas que tiene en cautiverio. No más secuestros, un método execrable de economía ilícita, el cual desfigura la condición humana. Los ilegales deben sentarse a la mesa, dejando a un lado su ‘argumento’ basado en que necesitan financiarse a través de los secuestros, situación que socava a todas luces los derechos humanos. Pero también deben renunciar a la práctica de la extorsión”, señaló.

Destacó que la liberación de Luis Manuel Díaz la mañana del jueves obliga a tener esta discusión.

“El debate hay que plantearlo, pero no a cualquier precio. Solamente habían pasado un par de horas de la liberación del señor Díaz cuando el ministro del Interior dijo que se debe buscar una solución para financiar al Eln. Es una declaración inapropiada. Hacerlo sería avalar ‘un subsidio al secuestro’ en el país. Por eso, los colombianos deben convocarse para exigirle al Gobierno que no permita un exabrupto de tal naturaleza”, manifestó Camargo.