COINCIDIÓ QUE en esta semana hubo decisiones en las investigaciones penales que hay contra los principales protagonistas de la política en el país en las últimas dos décadas, Gustavo Petro y Álvaro Uribe. En el caso del presidente de la República que tiene procesos abiertos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por supuesta financiación irregular de su campaña en 2022; en tanto que el exmandatario es investigado por, presuntamente, estar incurso en soborno de testigos y fraude procesal.

Uribe se mantiene como referente de los sectores políticos de derecha y es observado con respecto por buena parte de la sociedad y el empresariado, especialmente porque en su primer gobierno devolvió en algo la seguridad al país, logrando con una ofensiva militar replegar al Eln y las Farc, que en el caso de esta última ya estaba con uno de sus frentes en las goteras de Bogotá y se regocijaba secuestrando ciudadanos en las carreteras en retenes que instalaba, práctica a la que llamó ‘pescas milagrosas’ por los millonarios recursos que obtenía.

Mientras que Gustavo Petro logró el punto más alto en su carrera política al alcanzar a nombre de la izquierda y sectores alternativos la presidencia de la República, después de dejar las armas hace casi tres décadas producto de un acuerdo de paz en el que fueron amnistiados los integrantes del M-19.

Estos personajes políticamente son como el agua y el aceite, sus diferencias se acentuaron en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, en los que Petro encabezó la oposición.

Sin embargo, cuando se esperaba que con Petro en la presidencia de la República, Uribe Vélez le pagara con la misma moneda haciéndole una descarnada oposición, ello no ocurrió.

Petro y Uribe Vélez se han reunido hasta el momento en tres oportunidades, por invitación del jefe del Estado, para analizar las reformas que requiere el país, en donde el exmandatario dejó en claro que hará oposición, aunque respetuosa y reflexiva.

El primer encuentro fue antes de que Petro asumiera la jefatura de Estado, cuando Uribe dijo que “agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Campaña en ojo del huracán

El pasado lunes la Fiscalía informó que en el marco de la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para que de acuerdo con la competencia de cada entidad, se indague la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña del hoy jefe de Estado.

La Fiscalía justificó esta compulsa de copias porque en el interrogatorio a Nicolás Petro, “dentro del proceso que se lleva en su contra, el investigado, en presencia de su abogado de confianza, realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”.

En tanto que el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, dijo que analizarán si la compulsa de copias de la Fiscalía se suma a “las investigaciones ya existentes o, por el contrario, si existe mérito suficiente para iniciar un nuevo radicado”.

En marzo pasado, la Comisión de Acusaciones abrió una investigación al presidente de la República por las denuncias de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, pues según ella su entonces pareja sentimental recibió más de 1.000 millones de pesos, para la campaña de su padre, de Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’, condenado en Estados Unidos por narcotráfico; y de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, investigado por sus nexos con el paramilitarismo.

También en esta Comisión de la Cámara, que está facultada para investigar penalmente al presidente de la República, hay al menos tres procesos abiertos por las afirmaciones de Armando Benedetti, quien en junio pasado cuando fungía como embajador en Venezuela envió unos audios a la entonces jefe de Gabinete, Laura Sarabia, señalando que todos irían a la cárcel si contaba cómo consiguió en la costa norte $ 15.000 millones para la campaña en 2022.

“Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”, dijo Benedetti.

Nicolás Petro señaló en la declaración a la Fiscalía, después de manifestar su voluntad de colaborar con la justicia, que su padre estaba enterado de que el empresario Euclides Torres hizo varios aportes a la campaña presidencial en 2022.

Un fiscal le preguntó a Nicolás Petro en la declaración que hizo, si el candidato Petro sabía que el empresario Euclides Torres aportó a su campaña. El joven contestó que “sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”.

Las investigaciones al presidente Petro en la Comisión de Acusaciones buscan establecer si ingresaron a la campaña dineros de origen ilícito, así como si los recursos fueron reportados al Consejo Nacional Electoral.

También este último organismo investiga la campaña petrista para determinar si reportó todos los recursos que recibió, además si los gastos respetaron los topes establecidos para la elección presidencial en el 2022.

Lío con testigos

Uribe Vélez es investigado por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, caso que abrió en 2018 la Corte Suprema de Justicia, pero que después pasó a manos de la Fiscalía debido a que el exmandatario renunció a la curul que por entonces ocupaba en el Senado a nombre del Partido Centro Democrático.

En dos oportunidades la Fiscalía ha solicitado a distintos jueces archivar esta investigación por falta de pruebas en contra del exmandatario, sin embargo, fueron negadas.

En mayo pasado, la juez 41 penal de conocimiento determinó no precluir el proceso porque consideró que hay elementos probatorios de que Álvaro Uribe incurrió en los delitos de manipulación de testigos y soborno.

El exmandatario ha dicho que no tiene nada que ver con los ofrecimientos que habría hecho su entonces abogado, Diego Cadena, a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, para cambiar la declaración en que lo vinculan con grupos de autodefensa y, además, para que supuestamente afirmaran que el senador Iván Cepeda les prometió dádivas y beneficios si declaraban en contra de Uribe.

No obstante, el viernes pasado, el Tribunal Superior de Bogotá negó la apelación que presentó la Fiscalía contra la decisión de la juez 41 penal de conocimiento de no acoger la solicitud para precluir la investigación a Álvaro Uribe.

“Los elementos materiales de prueba no permiten concluir con el nivel de conocimiento suficiente que el hecho investigado es atípico. Sin tal claridad, no es posible revocar la decisión de primer grado”, señaló en el fallo el Tribunal Superior de Bogotá.

Lo que sigue es esperar si el ente acusador llama a juicio al expresidente o, por el contrario, si insiste por tercera vez en pedir archivar el caso.

Destacado

“Son visiones diferentes sobre la misma patria”, Uribe